El gobernador Alberto Weretilneck afirmó que el agente enfrentó un “peligro extremo para su vida” y actuó en “legítima defensa”.
En un episodio que está bajo investigación, un policía mató a un hombre e hirió a otro durante un allanamiento en el paraje rural Mallín Ahogado, a unos 15 kilómetros de El Bolsón. El episodio tiene, por estas horas, dos lecturas antagónicas. Mientras que el gobierno de Río Negro afirma que “un doble homicida intentó apuñalar al uniformado y resultó muerto”, desde la comunidad mapuche Inalef Coronado denuncian que se trató de un asesinato a sangre fría.
El operativo se realizó en la casa de Juan Carlos Villa, miembro de la comunidad que vive en la Rinconada de Inalef, de Mallín Ahogado. Ante las acusaciones cruzadas, el gobernador Alberto Weretilneck afirmó: “Quiero ser categórico: durante un allanamiento autorizado por la Justicia un policía de Río Negro enfrentó un peligro extremo para su vida y actuó en legítima defensa. El resultado fue la muerte de un hombre y otro herido”.
Y agregó: “He ordenado al Ministerio de Seguridad y Justicia y a la Policía que respalden al efectivo involucrado con todo el asesoramiento legal necesario. No permitiré que quienes arriesgan sus vidas en cumplimiento del deber queden desprotegidos. La verdad se impondrá y la investigación del Ministerio Público de Río Negro esclarecerá los hechos con total transparencia”.
Esta mañana, la información oficial proporcionada por el gobierno de Río Negro indicaba que “el hecho fatal sucedió este domingo, cuando efectivos de la policía provincial realizaban el operativo dispuesto por la Justicia en un domicilio de Mallín Ahogado por una denuncia efectuada por un vecino del lugar por abuso de armas y amenazas”.
Sumaron que en el interior de la vivienda “se encontraban dos hombres de frondoso prontuario”, padre e hijo. En circunstancias que se intenta esclarecer, “mientras los efectivos intentaban reducir a uno de ellos, el padre –doble homicida, que había recuperado la libertad luego de varios años en prisión– sacó un arma blanca y se abalanzó sobre el policía que se encontraba haciendo el procedimiento”.
Según informaron desde el gobierno rionegrino, en el contexto de esa agresión, el policía realizó un disparo en aparente defensa propia y el atacante resultó herido de muerte. “Por este hecho también resultó herido por arma de fuego el otro hombre, quien actualmente permanece internado”, añadieron.
La Gendarmería Nacional quedó a cargo de las diligencias judiciales. El policía que disparó fue detenido preventivamente.
En tanto, “la Jefatura de la Policía de Río Negro se encuentra realizando las actuaciones administrativas correspondientes y permanece a entera disposición de la Justicia”, dijeron fuentes del gobierno provincial.
“Frondoso prontuario”
Según la versión oficial, el hombre que resultó muerto “tenía un frondoso prontuario delictivo y había sido condenado a 15 años de prisión por un doble homicidio”. El historial delictivo incluiría múltiples causas policiales.
“Entre las más notables, se encuentra el doble homicidio en El Bolsón, en 2002, por el cual fue condenado a 15 años de prisión, y varias instancias de lesiones graves y robos que resultaron en diferentes resoluciones, como sobreseimientos y condenas condicionales. Desde 1991 enfrentó cargos por robo, lesiones, amenazas y resistencia a la autoridad en distintas ocasiones y jurisdicciones. Algunos de estos casos fueron sobreseídos, mientras que otros resultaron en condenas. Su último registro importante data de 2021, por amenazas en El Bolsón, una causa que aún no tuvo resolución final”, aseguraron las fuentes consultadas.
Por su parte, desde la lof Inalef denunciaron la eventual represión policial y advirtieron que “las comunidades de la zona están siendo desalojadas de su territorio por presión del capital inmobiliario y turístico”.
En marzo pasado se frenó una orden de desalojo contra la comunidad mapuche –acusada de usurpación– que había sido dictada por el juez Juan Pablo Laurence y ratificada por el juez Juan Martín Arroyo. Se hizo lugar a un recurso extraordinario de la defensa y se suspendió la medida hasta que se expida el Tribunal de Impugnación provincial.
“Ya vamos cinco generaciones viviendo en este territorio. Nuestra madre nació acá y tiene 93 años. Si el fiscal [Francisco Arrien, de El Bolsón, quien impulsó la causa penal ante la denuncia de la familia Sepúlveda] hubiera investigado, habría visto toda nuestra documentación y todas las injusticias que se cometieron acá”, aseguró Cristina Inalef.