Así lo resolvió la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires por “razones humanitarias”. La defensa del imputado había solicitado el beneficio ya que padece una “depresión emocional severa” que le genera un aumento de presión arterial.
La Justicia resolvió darle el beneficio de la prisión domiciliaria a Julio “Chocolate” Rigau en la causa que investiga a empleados fantasmas de la Legislatura Bonaerense.
Así lo resolvió la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires por “razones humanitarias”. El imputado está preso desde hace un año.
A principios de abril de este año, el pedido de prisión domiciliaria había sido rechazado por el juez de Garantías Guillermo Atencio. En ese momento, el magistrado decidió “no hacer lugar a la solicitud” al afirmar que “no se advierte que nos encontremos ante un cuadro de gravedad tal que imponga el otorgamiento del arresto domiciliario solicitado”.
Anteriormente, la defensa de Rigau había pedido el beneficio al argumentar que padecía de una depresión emocional severa que le generaba un aumento de la presión arterial. Asimismo, alegaron que no existían peligros procesales.
“Es un paciente hipertenso grado 3 (…) El manejo de su trastorno de ansiedad es consecuencia de su estado emocional”, dice el escrito que presentó el abogado Miguel Molina ante la Justicia. En el mismo, también señaló que el imputado “dio una emotiva exposición referida al fallecimiento de su esposa”, ocasionándole un “desequilibrio anímico”.
“Chocolate” Rigau está acusado de haber utilizado las tarjetas de débito de más de 40 empleados fantasma de la Legislatura bonaerense para sacar los sueldos que cobraban.
Una pericia oficial que realizó la División Lavado de Dinero de la Policía Federal determinó que en total se robaron $465 millones. Esa cantidad de dinero salió de cajeros automáticos del Banco Provincia con las 48 tarjetas que tenía en su poder el imputado.
Según el informe al que pudo acceder TN, se señala que toda esta plata se cobró por parte de trabajadores que en realidad no prestaban funciones dentro la Legislatura y se fue a otros lugares para solventar gastos de la política entre 2012 y 2023.
Asimismo, el documento muestra que durante esos 11 años fue evolucionando la incorporación de personal “fantasma”, ya que en 2012 había solo ocho empleados y en 2023 terminó con 48, que fue el total de las tarjetas secuestradas.