La periodista española habló en la 99.9 sobre la situación política en España donde hay casos muy fuertes de corrupción.
España está viviendo un escándalo de corrupción tras otro como sucedió durante muchos años en Argentina, en lo que es un situación casi calcada. Incluso hoy aparecen figuras como las de Vanina Biasi en nuestro país con un discurso antisemita público desconociendo, algo muy similar a lo que pasa con Ione Belarra o Irene Montero en el país europeo.
La periodista española María Jamardo brindó su análisis de la situación actual a través de la 99.9 indicando que “son figuras espejo, de esas que utilizan la Constitución según les conviene y recurren a ella cuando les interesa o consideran que la justicia y las resoluciones de los tribunales, las sentencias, son justas cuando determinan lo que ellos consideran que es justo y hacen lo propio en sentido contrario cuando le son adversas y entonces atacan a los jueces y dicen que son unos señores fachos con toga que toman decisiones para tumbar a rivales políticos. El pan nuestro de cada día. El discurso ya conocido de la izquierda más sectaria y más extrema que nunca”.
La situación política de Pedro Sánchez parece ser cada vez más complicada porque los escándalos de corrupción sin indisimulables y las pruebas quedaron a la vista. En ese sentido, la periodista de El Debate explicó que “está cercado; la situación en Moncloa no es sencilla, aunque efectivamente estén intentando demostrar lo contrario. El relato del Partido Socialista en el gobierno y de sus socios de investidura, que están consintiendo que un partido que llegó en 2018 con el candidato Pedro Sánchez a una moción de censura contra el gobierno anterior diciendo combatir la corrupción, haya hecho de la corrupción su forma de hacer política. El señor José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, que está en el centro de esa trama de los investigadores de la Guardia Civil, de esa unidad central operativa de la UCO, permitió a su exasesor y hombre de confianza, Koldo García Izaguirre hacer todo tipo de maniobras, trapicheos y presuntas irregularidades en el ministerio y extenderlo a otros ministerios en un momento muy complicado para los españoles, como era un estado de alarma en el que estábamos confinados, con gente muriendo por coronavirus e imponiéndonos al mismo tiempo un material sanitario con el que algunos de sus amigos allegados estaban haciendo negocios gracias a mordidas presuntamente irregulares. Es, desde luego, un escándalo de proporciones bíblicas”.
El destino no parece tener otra salida que un nuevo gobierno, pero como pasaba en Argentina, a pesar de toda la evidencia, se sigue negando todo y tratando de demostrar que todos son corruptos: “lo que está haciendo el gobierno es señalar al partido de la oposición con casos de corrupción que tuvo en el pasado y negar la mayor diciendo que no hay nada, que no hay caso, como ya hicieron en el asunto de la mujer del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y tirar para adelante con unos socios que, insisto, se han puesto las pinzas en la nariz para tragar lo que sea necesario con tal de que la derecha no gobierne en España. Desde luego, lo más lógico en estas circunstancias sería convocar elecciones y que fuesen los españoles, con toda la información de la que disponen hoy sobre la mesa, los que decidiesen qué quieren hacer. Pero no parece que ese sea el horizonte, salvo que los socios independentistas de Junts no aprueben los presupuestos de Pedro Sánchez. Veremos si en el futuro esa es la decisión que adoptan los de Carles Puigdemont o si por el contrario prefieren apuntalar este gobierno debilitado en minoría porque es la única manera de conseguir todo lo que piden y de alcanzar todos los chantajes que han venido exigiendo siempre y que nunca han conseguido por vías ordinarias”.
El último escándalo que ha surgido en España está vinculado al Fiscal General de Estado, Álvaro García Ortiz, tema sobre el que se refirió Jamardo con suma claridad: “es un aforado y por lo tanto la causa acaba de ser admitida por el Supremo por revelación de secretos, nada menos. Recordemos que en España la figura de la fiscalía responde a la defensa de la legalidad. Es decir, la persona llamada a defender la legalidad es sospechoso de habérsela saltado para beneficiar un relato político del gobierno que lo puso en su cargo. Desde luego, la situación es insostenible. La mayoría de la carrera fiscal mañana se reúne el Consejo Fiscal, que es el máximo órgano consultivo del Fiscal General del Estado, ahora imputado, y con la Junta de fiscales de sala, que es como una especie de generalato de la institución. Me consta que va a haber palabras gruesas, porque no sólo es que el gobierno apoye al fiscal García Ortiz, sino que él mismo ha confirmado en un comunicado que continúa en el cargo. Como los criterios fijados en el estatuto de la fiscalía no prevén ninguna causa de cese o de dimisión obligada, salvo que él mismo quiera irse, o que esté incapacitado por razones de enfermedad, o que cese el gobierno porque acaba la legislatura y por lo tanto él cesa con el gobierno que lo nombró, pues no hay ninguna causa salvo que él quiera irse”.
Ahí es donde empiezan a mezclarse los poderes, algo que también hemos padecido mucho tiempo en Argentina: “es propio de las autocracias. Creo que aquellos que quieren controlar todas las instancias y que obvian la importancia de la separación de poderes y confunden el ejecutivo con el legislativo o el ejecutivo con el judicial, o que quieren que el legislativo controle al judicial y no a la inversa, pues padecen todos de la misma enfermedad. España ha hecho algún intento por acercarse a esos estándares de la Unión Europea, por ejemplo, aumentando las mayorías necesarias para los nombramientos de jueces y magistrados que tenga que asumir en los próximos meses, en las próximas semanas, el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que estaba paralizado y que gracias a la mediación del comisario europeo de la materia, pues consiguió llegar a un acuerdo de mínimos entre el Partido Socialista en el gobierno y el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición. Sin embargo, en la fiscalía estamos muy lejos de adquirir esa independencia, neutralidad e imparcialidad que se exige a un fiscal general del Estado”.