La Justicia cree que el titular de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, es la cabeza de un esquema para quedarse con el 10% de la recaudación del control de casi 3.000.000 de vehículos. A partir del año que viene, el trámite de la VTV pasará a costar $63.463, casi un 300% más que en enero de este año.
Cuando en política aparece un negocio prometedor lo primero que hacen los politicos es salir a reclutar parientes y amigos para que lo ayuden a exprimirlo y, si se puede, maximizar los ingresos con otro negocio de similares características. Para la Justicia, algo de esto estaría sucediendo con lo que ellos creen que es un esquema de corrupción “satelital” al del millonario escándalo de las fotomultas de la corrupción. La cabeza de ambos sistemas de recaudación ilegal sería el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio. Por esa causa hay al menos media docena de acusados que más temprano que tarde serán indagados para luego ser procesados.
El otro negocio, algo más reducido pero mucho más fácil de recaudar (la plata gotearía casi todos los días), sería el entramado que se construyó alrededor la Verificación Técnica Vehicular. Los investigadores tendrían probado que D’Onofrio habría designado a un empresario militante del Frente Renovador para que se encargue de ordenar los turnos de los 3 millones de trámites anuales que se generan en las plantas verificadoras.
A principios de año, el ministro de Axel Kicillof le entregó el sistema para generar y asignar los turnos de la VTV a la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónic. Su dueño es Sebastián Desio, un reconocido todoterreno que creció rápido en la política de la mano del massismo aunque el propio Sergio Massa hace tiempo que ya no lo considere como alguien propio.
“Todo lo que armó el Gordo (por D’Onofrio) es una cachivacheada, a tal punto que yo le avisé al Gobernador Kicillof que tanto él como su gente no tenía nada que ver conmigo ni con el Frente Renovador”, le dijo el propio Sergio Massa a Clarín.
Nadie sabe bien los motivos por los que Kicillof mantiene a D’Onofrio en su puesto a pesar de perder respaldos políticos. “Axel no se lo va a entregar al periodismo, a pesar de que todos admitamos que lo que hizo fue, al menos, desprolijo. Está claro que está de salida, quizás antes de fin de año se anuncie su reemplazo”, asegura un miembro del Gabinete bonaerense.
En La Plata, y en el Frente Renovador, hay quienes están convencidos de que Kicillof buscaría lastimar a Massa al sostener a D’Onofrio. “Si él lo trajo, que se haga cargo y le diga que se vaya”, dijeron a este diario en la Gobernación cuando se destapó el escándalo de las fotomultas donde estarían implicados testaferros, jueces de faltas y gestores.
Volviendo a la VTV, la empresa de Desio se queda con casi el 10% de todo lo que se factura (8,5% más IVA). “Lo que hizo Desio con su empresa es ofrecer un supuesto software para organizar los turnos”, comenta uno de los investigadores que trabajan junto al fiscal de la Justicia ordinaria, Alvaro Garganta.
La recaudación de la empresa de Desio, a quien se lo ve en varias fotos con remeras del Frente Renovador junto a Jueces de Faltas como Mario Quattrochi, estaba a punto de explotar: a partir de febrero, por decisión del propio Ministerio de Transporte, el trámite de la Verificación pasará a costar $63.463 contra los $15.997 actuales. Un aumento de alrededor del 300% en un año donde la inflación se desaceleró y culminará en torno al 120%.
Según datos oficiales, todos los años unos 3.000.000 de vehículos radicados en territorio bonaerense pasan por las plantas verificadoras que funcionan en la Provincia. Calculadora de por medio, durante todo 2025 la empresa de Desio se podría quedar con casi $20 mil millones, unos 20 millones de dólares.
Hace pocos días hubo un allanamiento en el domicilio de Desio. No había empleados ni computadoras. Luego se allanó el estudio contable de la empresa: “El contador declaró que la firma lo único que hace es registrar los turnos que sacan los particulares por internet y facturan a las diferentes plantas de VTV según esa cantidad”, indicaron.
D’Onofrio tiene su base de operaciones políticas en Pilar, donde acciona a través del clan Pombo, una familia de tres hermanos, dos mujeres que son concejales y un medio hermano, también investigados por la Justicia pero por presuntamente ser testaferros del ministro.
La imputada en la causa de las fotomultas es Claudia Pombo, que desde hace años llama la atención entre sus vecinos y compañeros de trabajo por su millonario nivel de vida. Hasta hace dos semanas fue presidenta del Concejo Deliberante de Pilar pero, a raíz del escándalo, la removieron de ese puesto en una votación exprés y unánime. Ahora dicen que ella, junto a su hermana Roxana, estarían por tomarse licencia de sus cargos como ediles de Unión por la Patria.