La abogada de Roberto Mazzoni en la denuncia por una red de trata de personas en contra de Alejandro Roemmers, habló en la 99.9 sobre lo que le tocó atravesar a lo largo de la causa.
En la justicia argentina hay una causa de la que poco se habla pero es de mucha importancia. Se trata de una denuncia presentada por Roberto Mazzoni contra Alejandro Roemmers y toda una organización por abuso de menores y pedofilia.
La abogada del denunciante, Karina Bacci habló en la 99.9 para explicar las dificultades que están atravesando desde hace dos años para poder avanzar en una causa que tiene en sus manos el juez Ariel Lijo y que lleva adelante el fiscal Ramiro González, aquél de la cuestionada fiesta de cumpleaños extravagante y millonaria.
«Hoy la causa está de nuestra parte, con pedido de indagatoria para tres de los cinco imputados. Hay dos que todavía estamos pidiendo que se produzca una serie de pruebas, pero estamos convencidos que también cuando esa prueba esté en la causa, vamos a estar en condiciones de pedir indagatoria. Las defensas del señor Roemmers y del señor Barreiro pidieron el sobreseimiento y está todo en manos del juez Ariel Lijo, a ver qué resolución toma«, dijo en principio la letrada.
Estar en manos del fiscal González no es difícil y ellos lo han padecido en carne propia: «es una fiscalía complicada. A nosotros como querella, realmente nos fue muy difícil el trabajo desde los dos lados. Cuando yo llego a la causa, ya tenía un año de tramitación, y de las primeras cosas que a mí me comentó Roberto fueron los maltratos y los destratos que sufrió de ambos lados, en una situación muy particular de su vida, porque él estaba atravesando un momento de salud muy, muy delicado. Aún así, siendo él víctima, creo que nunca fue realmente tomado como tal. Roberto es una persona que nunca bajó los brazos. Trabajamos mucho, hace dos años que estamos trabajando mucho con casi todo en contra, porque la realidad es que nuestros pedidos, todo lo que fuimos tramitando, siempre arrancó con un no. Tuvimos que dar vuelta esos no para llegar a donde estamos hoy».
Respecto del delito que se está tratando de demostrar, la Dra. Bacci agregó que «lo que imputamos es una red de trata de personas en las que son cinco los imputados. Las dos cabezas de esta red, por decirlo de alguna manera, son el señor Alejandro Roemmers y el señor Juan Matías Barreiro. Después hay otros tres imputados, el señor Daniel Durán, Enzo Pérez Pallota y Pedro Quintana, a los que nosotros los tenemos como reclutadores, como captadores dentro de esta red. En un primer momento también se había denunciado a otra persona que la fiscalía y el juzgado nunca quisieron imputar y que finalmente, por lo menos nosotros, el año pasado conseguimos que declare como testigo».
Fueron atravesando distintas instancias a lo largo de la investigación hasta un intento de archivo de la misma, que no prosperó y, por eso, conservan las esperanzas de seguir avanzando: «nos encontramos con situaciones difíciles. Partiendo de algo tan básico como un pedido para ser querellante, que después de ocho meses fue denegado por el juzgado y lo apelamos hasta que la cámara finalmente revocó y lo tuvo a Roberto como querellante. A partir de ahí, para que le tomen declaración en Cámara Gesell, que era lo que correspondía, porque está previsto en la ley de trata que la manera de interrogar a una víctima es a través de una Cámara Gesell, hubo muchísimas excusas para intentar que no sea así. En el medio hubo una recusación por esto y por un montón de motivos más, porque hacía un año y pico, que se habían ofrecido testigos y no se había convocado a uno sólo. En el momento que nosotros ponemos la recusación, hubo como una reflexión por parte del juzgado y decidió, mientras se tramitaba la recusación, que Roberto podía ser escuchado bajo la modalidad de Cámara Gesell en la medida que la Cámara lo confirmara al juez como juez».
Hay otro aspecto que ha permitido avanzar que es una presentación de la Asociación de Madres de Víctima de Trata que hizo una fuerte denuncia: «en octubre del año 2023 recién logramos que Roberto declare. A partir de ahí se propuso otra vez un montón de prueba. Y sin que se produzca una sola prueba, en abril del año pasado el juez decide pedir el archivo de la causa. Esto se da en un momento muy particular de la causa, porque no solo nosotros insistíamos con que se produzca la prueba, sino que se había presentado la Asociación de Víctimas de Madres de Víctimas de Trata denunciando que tenía dos víctimas más. El juez, lejos de convocarla para ver qué era lo que tenía, decide pedir el archivo de la causa. Eso fue apelado y la cámara nuevamente revoca y le ordena al juez que había tres líneas de investigación importantísimas para investigar, que no las había investigado. Ahí, en julio del año pasado, arranca toda una nueva investigación que culmina con nuestro pedido para que sean llamados a indagatoria tres de los imputados hasta ahora. No porque los otros dos no tengan nada que ver, muy por el contrario, pero sí porque falta que nos otorguen las medidas de prueba que pedimos, dilatan todo, es muy largo, entonces hay pruebas que es más difícil que lleguen para que pueda estar todo bien fundado y con la seriedad con la que nos tomamos este trabajo desde el minuto cero con Roberto».
Bacci anticipó que seguirán peleando por un final para la causa pero han sido testigos de como funciona la justicia argentina en casos como éste: «hay una forma de operar que tiene esta gente que ni aún con la denuncia se puede avanzar, es tal el sentimiento o la postura de impunidad que tienen, que hay conductas que se siguen reiterando en el tiempo, aún hoy, pero en la medida que no haya una justicia que realmente se lo tome en serio, va a estar complicado».