El abogado habló en la 99.9 en representación de aquellos policías que fueron expulsados de la fuerza por apoyar una manifestación por las condiciones de trabajo.
El gobernador Axel Kicillof decidió la expulsión de un grupo de policías que se manifestó por la mala situación laboral en la que tienen que desempeñar su tarea, sin siquiera reponer los puestos que quedaron libres.
El abogado Rodrigo Tripolone es el encargado de llevar adelante la defensa de estos efectivos y habló en la 99.9 sobre la realidad que deben atravesar todos los policías de la provincia: «Estos son policías que salen todos los días, tratan de sobrevivir con $650.000 al mes y 1 hora extra que le pagan $1.200 por debajo de lo que le pagan a una empleada doméstica. Esta gente es la que arriesga la vida, la que vive del sueldo, no aquellos que están por encima y que lucran con sus quintas, con sus negocios turbios y los que menos les preocupa es el sueldo. Ellos están reclamando no solamente una recomposición salarial, sino mejoras laborales. Por ejemplo, en lo que respecta a los heridos en servicio, a la cobertura de IOMA que dejó de cubrir cuestiones oncológicas, no les está brindando prestaciones, no consiguen psicólogos. Otra de las cuestiones es la tasa de suicidios que hay en la fuerza. Las condiciones laborales son pésimas, con efectivos que tienen que hacer 400 kilómetros para ir al servicio. También hay un negocio por detrás que al jefe le tiene que pagar $500 para poder conseguir el traslado a su zona», sintetizó.
En el caso de los policías que está representando, también se refirió al caso por el cuál terminaron excluidos: «estaban dentro de su zona, en horario de relevo, no dejaron de desatender la llamada 911 y dijeron «tocamos bocina en apoyo a lo que están haciendo en Puente 12″ y unos buchones le avisaron a los jefes que habían subido un vídeo a una página y con eso les armaron una causa penal por alterar el orden público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y además los desafectaron. No solamente esto afectó a ellos, sino también la cobertura o sea, la seguridad del distrito Ituzaingo se vio resentida. No había personar para cubrir la guardia donde estuvieron ellos, porque sacaron una guardia entera, dejaron liberado una zona».
A partir de esta denuncia, empezaron a recibir denuncias de casos similares en otros distritos de la provincia dejando zonas liberadas y eso se traduce en un nivel de inseguridad enorme: «tenemos la tasa de muerte más alta en mucho tiempo. Yo el año pasado había hablado con un fiscal de homicidios de La Matanza y me dijo que este año las estadísticas iban a explotar porque se iban a publicar las del año anterior. Hay un baño de sangre en la provincia, eso es indiscutible. Ni siquiera tenés que recurrir a la estadística. Cualquiera que viva en territorio bonaerense sabe lo que está pasando, porque le pasó, porque le pasó un familiar, porque le pasó un amigo, un vecino y conoce como es la situación. Nos estamos acostumbrando a crímenes más violentos por el narcotráfico y en estas pésimas condiciones tienen la magnífica idea de separar a los efectivos que trabajan. Esto tiene una finalidad: callar al resto. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de cuidar a los policías».
Hay toda una ideología detrás de esta realidad y que se ve reflejada incluso en los estamentos del estado: «esto del abolicionismo penal se viene implantando. Vivo en Morón y tenemos una oficina de asistencia a familiares de personas privadas de la libertad. Vos lo ves a los folletos que van repartiendo y dice «te privaron de la libertad, alguno de tus familiares venía a vernos, la policía actuó de tal manera, venía a vernos». Esto no tiene lógica. No hay una lógica. Y también se lo tiene al delincuente como una víctima de la sociedad, como es un niño que está haciendo una rabieta al padre. Entonces hay que prestarle atención».