La consultora económica IVECQ publicó el primer capítulo de su informe «Radiografía del sector pesquero», en el que se explicita la situación crítica que atraviesa esta actividad económica.
Desde hace varios meses las diferentes cámaras que nuclean a las empresas que se dedican a la actividad pesquera industrial en nuestro país vienen pintando un escenario de crisis creciente. Ahora, la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera, la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos, la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca y la Cámara Pesquera ALFA dieron a conocer un informe elaborado por la consultora económica IVECQ que analiza en profundidad la realidad del sector y propone algunas estrategias para revertir esta situación.
El informe
Dice INVECQ: «La actividad económica de la pesca enfrenta una situación crítica. Desde hace meses la rentabilidad del sector -en particular, la del conjunto de barcos fresqueros y plantas elaboradas en tierra- se sitúa en terreno negativo, como consecuencia de la combinación de i) ingresos deprimidos (por menores precios internacionales, un tipo de cambio real -TCR- bajo en términos históricos, y la vigencia de derechos de exportación -DEX-) y ii) el encarecimiento de los costos (por la apreciación del peso, el exceso de regulaciones innecesarias y el incumplimiento de los convenios colectivos de trabajo -CCT-)». Al respecto de este último punto, más adelante aclara: «la remuneración de los trabajadores embarcados en la flota fresquera de altura no se rige por los CCT sino por unas “tablitas” impuestas por los gremios, en donde se fija el valor monetario por cajón para los distintos tipos de tripulantes. El sueldo mensual se determina de la siguiente manera: valor por cajón multiplicado por la cantidad de cajones de cada barco. Y la diferencia entre ambos es abismal: en el caso del capitán y subcapitán, la brecha entre el salario de convenio y el efectivamente pagado por la aplicación de las “tablitas” ronda el 150%, mientras que para el resto de la tripulación oscila entre 30% y 40%.»
El exhaustivo análisis del presente de esta actividad económico concluye con algunas propuestas: «Resulta evidente que la pesca enfrenta una situación crítica: ingresos deprimidos y un notable encarecimiento de sus costos […] derivan en que la rentabilidad del sector se sitúe en terreno negativo. Si bien una devaluación podría traer cierto alivio, el gobierno considera que el TCR no está atrasado y hará todo lo que esté a su alcance para mantener su política de depreciación mensual por debajo de la inflación -ahora al 1%-. Ahora bien, tal como se evidenció a lo largo del informe, un TCR bajo no es el único problema que recae sobre la viabilidad del negocio». Por lo que IVECQ propone: «i) la eliminación de los DEX -en línea con lo anunciado el 27 de enero para economías regionales-, ii) marcha atrás en el aumento del DUE, iii) la supresión del sistema de gestión -vigente por regulaciones innecesarias-, y iv) la quita de los aranceles a la importación de redes, partes y repuestos de motores, y la disminución de la tasa estadística a 0,5% como en 2018. Al aplicar estos cambios sobre la estructura de costos e ingresos actual, el resultado operativo mejora en 12 puntos porcentuales, pasando de -21% a -9% […] Se elaboran dos ejercicios más, en donde a lo detallado en el punto 1) se suman modificaciones en el plano laboral: el “Escenario 1” asume que los salarios se rigen por los CCT en lugar de las “tablitas”, mientras que el “Escenario 2”, además, incluye cambios en la cantidad de tripulantes -maquinistas y marineros- necesarios para embarcar (principalmente, no abonar “faltantes”). La mejora en el resultado operativo es notable: del -21% actual se pasa a 7% y 20%, respectivamente».
En resumen, lo que dicen los números puros y duros es que, para que la actividad de la flota pesquera fresquera de media pueda volver a ser rentable, se necesitan reducir trámites e impuestos, y aplicar los convenios colectivos de trabajo a rajatabla.
Sin embargo, llegar a esa solución implica transitar un laberinto que, por momentos, parece imposible: cada vez que un buque pesquero sale a realizar su labor en altamar, se deben completar un mínimo de 133 trámites ante un sinfín de organismos estatales distintos: Dirección Nacional de Control y Fiscalización Pesquera, SENASA, Consorcio Regional Portuario, Prefectura, Afip y Aduana, además de la provincia y la municipalidad. Sólo desarmar semejante red de burocracia parece un desafío a la altura del nudo gordiano, a lo que se deben sumar negociaciones para alcanzar una reducción de impuestos y aranceles y a eso agregarle además lo que quizás sea lo más difícil: una renegociación con los sindicatos para eliminar el uso de las famosas «tablitas».
Entre todos
Ante este escenario de profunda crisis, la gerente de CAPEAR ALFA —una de las cámaras que participó en la difusión del informe—, Ayelén Fortunato, brindó una entrevista a la FM 99.9 en la que aseguró que «el esfuerzo para seguir productivos y activos tiene que ser de todas las partes».
Lo dijo en el contexto de la difusión del informe: «veníamos anticipando que el extracto de la flota a la cual represento, que tiene consecuencias en el variado costero y en la captura de merluza, el extracto medio, la flota fresquera, estábamos en una situación de crisis, con algunas empresas en situación de quebranto inminente. Lo que hemos hecho es dar a conocer una radiografía del sector, analizando cuáles son nuestros puntos críticos, reviendo todo el tema de costos y operativa, haciendo propuestas, porque creemos que es la forma para salir de esta situación. Acá hay una frase que decimos todos y que es real: el esfuerzo para seguir productivos y activos tiene que ser de todas las partes. Nosotros lo venimos alertando hace mucho tiempo, se pensó que estábamos diciendo por decir y no lo tomaron o no supieron escuchar; desde las autoridades y desde los diferentes sectores que hacen esta cadena de valor, la situación real y la inversa crisis en la cual estamos inmersos hoy».
Para ponerlo específicamente en números, Fortunato agregó que «cada marea de pesca que realizamos para la captura de merluza, vamos a poner un ejemplo, estamos en una pérdida real de un 20%. Estamos diciendo que por cada marea de pesca perdemos alrededor de $17 millones, situación que no se puede seguir manteniendo mucho tiempo más. Seguimos pescando porque la cadena productiva la tenemos que seguir, porque dejar el buque parado tiene costos bastante similares. El tema es que no lo podemos solventar y sostener durante mucho más tiempo. Entonces estamos haciendo el trabajo de juntarnos con cada uno de los actores participantes de esta cadena productiva, pidiéndose revean las facturaciones de los insumos, de los servicios y demás, porque no queremos que se pierdan fuentes de trabajo ni queremos perder nuestras empresas».
De todos modos, descartó una baja en los salarios de los trabajadores como han propuesto en otros sectores del país porque consideran que la solución real está por otro lado: «nosotros no planteamos una baja en los haberes, lo que sí estamos diciendo es que no hay más para seguir dando aumentos, sea por índice de IPC o sea por el índice que quieran. Hoy no hay más porque la bodega no tiene más, porque el cajón de pescado no da más y lo que estamos diciendo es que necesitamos desregularizaciones, simplificaciones, retrotraer a septiembre noviembre 2024 muchos de los servicios, de las facturaciones y de los costos operativos para seguir siendo activos».
Quien también se expresó al respecto fue el secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Jorge Frías, quien aseguró que los trabajadores ven el mismo escenario de crisis que el empresariado: «Lo vemos con la misma preocupación que ellos, porque somos parte de la cadena. Y vemos esta indiferencia de parte del Gobierno nacional a atender las necesidades de la industria. Solamente agregaría que el sector de los trabajadores también tenemos algunas cuestiones para plantearle al sector empresario para que podamos ir con el mismo rumbo en el reclamo: si vamos a contar con el apoyo de toda la industria, incluyendo los trabajadores, hay cuestiones que el sector empresario de Mar del Plata, puntualmente, está ayudando a corregir que tiene que ver, entre otras cosas, con el pago de salarios en negro que afecta obviamente no sólo a la jubilación de los capitanes, sino a la obra social que hoy es tan importante. Le hacemos ese planteo al sector empresario: vamos juntos, pero hay que hablarlo todo».
El secretario general del SIMAPE, Pablo Trueba, también habló de este escenario de crisis, planteando lisa y llanamente que se está ante un escenario de hostigamiento político: «El día de hoy estamos viendo los efectos de lo que iba a ser esa venganza del gobierno contra el sector fresquero por la Ley Ómnibus». También agregó: «se escuchan rumores de que piensan algunas empresas reducir salarios del 30 al 40% esto se daría mucho en la flota tangonera congeladora que en el mes de abril o mayo empezarían la zafra langostino. Eso sería un gran conflicto, esperemos que no suceda, porque si no la pelea que teníamos siempre hacia arriba, contra el gobierno por las prácticas que estaba teniendo contra este sector, la vamos a tener entre trabajadores y patrones. Entendemos que la situación está compleja, entendemos que cada vez hay más impuestos para el sector pesquero, entendemos que han beneficiado el sector de agroindustrial con el tema de las retenciones a las exportaciones, menos a la pesca que le han subido los cánones de derecho de extracción hasta en un 500%, pero lo que no podemos permitir es una baja salarial. La ecuación económica tiene que cerrar por algún otro lado».
Oídos sordos
Es que, a pesar del enorme trabajo que distintos actores del sector están realizando para difundir estas cuestiones, el gobierno nacional parece empecinado en castigar a la industria: la pesca fue la única economía regional que quedó afuera de la eliminación de las retenciones a la exportación, además de recibir un aumento del 273% en los derechos de extracción y un nuevo arancel ligado a la asignación de las cuotas individuales transferibles de captura.
A esta altura, todos los jugadores en la industria consideran que el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, el médico veterinario Juan Antonio López Cazorla, no es un interlocutor válido a quien llevarle las necesidades del sector y están tratando de entablar otros caminos de diálogo.
Uno de los pocos que parece haber parado la oreja, es el senador nacional Maximiliano Abad, quien aseguró: «la industria pesquera genera puestos de trabajo y exporta. Como otra área de la economía, necesita de políticas públicas que favorezcan su desarrollo y ese es nuestro compromiso» y agregó: «como otros sectores dinámicos de la economía, hacen falta políticas de estímulo, de promoción y de reducción de impuestos para ser competitivos».