El brutal asesinato de Kim Gómez reavivó el debate sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Mientras los vecinos de La Plata denuncian que en dicha ciudad «no te cruzás ni a un policía», en Mar del Plata destinan 77 efectivos y cuerpos especiales para esclarecer el robo a un juez.
La muerte de Kim Gómez destapó —otra vez— la olla en la que se guarda lo peor de lo peor de la política argentina, encendiendo debates estériles llenos de chicanas y pases de pelota que no hacen nada para mejorarle la vida al ciudadano del común que ve con desesperación cómo los delincuentes se adueñan de la calle y sienten que salir a trabajar, estudiar o siquiera hacer los mandados es casi como jugar a la ruleta rusa.
Ni un policía
Hartos de la desprotección del Estado, y exacerbados por el brutal asesinato de Kim, los vecinos de Los Hornos, en La Plata, están convocando a una manifestación para el próximo 12 de marzo. Daniel Arripe, quien está al frente de dicha convocatoria, brindó una entrevista a la FM 99.9.
«El grupo de Los Hornos “Basta de inseguridad” hoy tiene alrededor de 18.000 suscriptores, de los cuales te diría que más de la mitad actúa diariamente en el grupo, haciendo comentarios, proponiendo cosas y publicando dentro de la página. Todo lo que sea referido a la inseguridad se puede publicar y comentar», indicó. Es desde esta plataforma que están lanzando el llamado a participar de la marcha, donde pretenden impulsar dos reclamos concretos: «Hay dos ejes centrales como la policía y la justicia, que supuestamente dicen que son independientes, pero que no son independientes de nada, y lamentablemente actúan según los jueces y los fiscales, con la ley sobre la mesa. Según la policía, el trabajo de ellos, ellos lo hacen, es agarrar a los chorros, investigarlos y ponerlos presos, y que la justicia determine qué hacer con cada uno de ellos. Después te pasa esto que nos está pasando, que cada vez que hay menores involucrados, en estos momentos están velando a Kim, y por el otro lado nos enteramos que el menor ya estaría libre y los padres no pudieron todavía sepultar a su hija».
El problema es que cada hecho aberrante que se da a conocer, tapa lo que pasó hace apenas unos días: «nosotros tenemos el hecho en Los Hornos, Mateo, un chico que hace un mes y medio también lo mataron en la calle de una puñalada para robarle el celular en la esquina de la casa. Mateo tenía 18 años y el que lo mató tiene 14 años. Y en ese momento, hace un mes y medio atrás, estábamos hablando de un crimen horrible, porque un chico de 14 años había apuñalado a otro de 18 por un celular. A los 15 días mataron a un enfermero, Jonathan, de un tiro en la cabeza para robarle la moto, dos menores. Y 15 días después lo de Kim, menores. Algo tienen que hacer los políticos, los que están a cargo de todo esto, porque seguimos con lo mismo. En la ciudad de la Plata, al día de hoy, hace ocho o 10 días que no ves un solo patrullero dando vuelta. No hay un policía en la calle. No sé qué pasó. Nunca fuimos una ciudad que tuvo demasiada cantidad de patrulleros ni demasiada cantidad de policías en la calle, pero veías a alguien. Hoy no se ve nada».
Ante todo esto, la política no da respuesta alguna, por el contrario, lo que hacen es poner las mismas excusas desde hace muchos años. «En la ciudad de la Plata hemos logrado, por trabajo de los vecinos, denunciar patrulleros tirados en la escuela Vucetich que eran 0 km. Ahí siguen, los escondieron. En la última investigación que habíamos hecho, poner un patrullero en la calle, hablaban alrededor de US$50.000. Es un numerito, por ahí conviene hacer una compra de patrulleros. El tema que después no llegan a la calle. Yo vuelvo a lo mismo, hace 10 o 15 días que Kicillof está saliendo con el tema de que no tiene plata para comprar. Durante los cuatro años de Alberto Fernández le mandaron la plata y ¿dónde están los patrulleros? Además, para qué quiere patrulleros si dicen que no tienen efectivos para subir a las patrullas; porque cuando nosotros nos juntamos con las personas del Ministerio y del gobierno y preguntamos, lo primero nos dicen es no tenemos efectivos», concluyó.
¿Y por casa?
Esta situación de ausencia y anomia es la misma que experimentan los vecinos del barrio Constitución de nuestra ciudad quienes habían logrado que se tomaran medidas que, por un tiempo, redujeron los índices de criminalidad en el barrio pero que ahora ven que esa tregua está terminándose de a poco.
Quien se expresó al respecto, fue el presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Constitución, Heraldo García: «se había hecho una manifestación el 11 de enero en Constitución y Félix U Camet, y la verdad que vino el Jefe Departamental, el segundo jefe, la titular de la comisaría; se planteó la situación y la verdad que mejoró, había mejorado mucho, casi no hubo delitos hasta que hace unos días cambió el Jefe Departamental, además cambiaron también la titular de la comisaría y comenzaron de vuelta los robos, motochorros, algunos caminando. La verdad que estamos muy preocupados los vecinos y ayer se hizo reunión a las 19 horas en la Sociedad de Fomento con más de 70 vecinos y no pudo venir la titular de la comisaría, nos decía que necesitan autorización de la departamental».
Según García, la delincuencia que azota al barrio está organizada e incluso lleva adelante un trabajo previo para ejecutar los robos que incluso en algunos casos son violentos: «Nosotros entendemos que no es ni cuestión de pobreza ni de marginalidad ni por drogas, no lo hacen al azar, es alguien que lo hace premeditadamente, organizadamente; hay una inteligencia previa. Hay que actuar en función de a quién se tiene del otro lado. Los vecinos tratamos de ver quién anda merodeando en el barrio, que sabemos que no es del barrio, que está en actitud sospechosa, mirando las casas, incluso a veces filmando, tomando fotos. En algunos casos, como el tema de los motochorros, son inmediatos, es una cosa tan rápida que no se puede alertar. Pedimos operativos para la detección de motos, tanto de la municipalidad como de la policía. Lo tienen que hacer en conjunto, en realidad, para secuestrar motos robadas, para pedir documentos, para ver si tienen pedido de captura la moto o la persona».
Saben que no son especialistas en el área, pero están seguros que pueden marcar algunas situaciones que ven en lo cotidiano y que les puede servir a los efectivos, si realmente quieren combatir el crimen: «no le vamos a enseñar a la policía a hacer seguridad, pero sí le vamos a decir qué cosas funcionaron, qué cosas no funcionaron, dónde vemos alguna situación. Eso sí lo podemos decir y creo que es lo que tienen que escuchar. Incluso si no tienen móviles, o si no tienen nafta, o si no tienen alguna cuestión, que salgan caminando, es importante para los jefes que quieran hacer las cosas como la gente».
La casta
El flagelo de la delincuencia en nuestro país se gesta a la sombra de un sistema de Justicia que está profundamente alejado de los problemas del vecino de a pie. Funcionarios que disfrutan de enormes privilegios, de sueldos abultados, y de prácticamente nulas consecuencias cuando toman decisiones brutales, que literalmente le arruinan o le cuestan la vida a la gente.
En el horrible caso de Kim Gómez, intervino un delincuente de 17 años que, apenas hace un mes, había sido demorado en un hecho similar, de robo de automotores. Quien intervino en esa causa, fue la fiscal de Menores Nº1 de La Plata, Sabrina Cladera, quien ordenó que el delincuente fuera restituido a la guarda —inexistente, evidentemente— de sus padres. Esta funcionaria, designada por María Eugenia Vidal, es la misma que fue propuesta por Axcel Kicillof para ser jueza de Cámara, porque cuando hablamos de connivencia y privilegios, ahí no hay grieta.
Quien se expresó al respecto en su cuenta de X fue la senadora bonaerense por La Libertad Avanza, Florencia Arietto: «La fiscal Sabrina Cladera, quien dejó libre al menor de 17 años que asesinó a Kim fue nombrada en 2018 como Fiscal por Vidal y ahora promovida a camarista por Kicillof. Nosotros denunciamos estos pactos en el Senado. Ni bola nos dieron porque la casta funciona así».
Porque si hay una pata del Estado que funciona como una casta, es el poder judicial, donde sólo a raíz de sus relaciones personales una persona incapaz como María Isabel Sánchez puede acceder a un cargo de Fiscal para luego decir cualquier barbaridad en el contexto de la trágica muerte de Lucía Pérez y así desencadenar una serie de profundas injusticias que aún siguen teniendo lamentables consecuencias; donde el fiscal general Daniel Adler puede tener a un acusado de trata trabajando como jardinero en su casa sin que a nadie se le mueva un pelo; o el ex agente de la DIPBA, el fiscal general Fabián Uriel Fernández Garello, puede seguir en su cargo como si nada.
Pero dejar a los delincuentes ir y venir a sus anchas, es un juego peligroso, y puede ser que un día le toque jugar a la ruleta rusa a alguien cercano a esta casta de personajes alejadísimos de la realidad. El pasado viernes, en la zona de las calles Cardiel y Ortega y Gasset, se dio un violento episodio cuando tres delincuentes golpearon a una mujer en la puerta de su casa, la obligaron a ingresar al inmueble y, luego de reducirla, se llevaron objetos personales y una suma de dinero sin precisar. Según la víctima, los ladrones utilizaron un cuchillo para amenazarla. La persona en cuestión no es otra que la esposa del juez de garantías Saúl Errandonea.
Otro que sufrió un embate de la ola de inseguridad que nos afecta a todos, fue el juez Facundo Gómez Urso, quien fue asaltado a punta de pistola y despojado de una mochila y un celular de alta gama. En este caso, pertenecer a la casta judicial tuvo sus privilegios: ante el hecho, el jefe departamental Edgardo Vulcano emitió una orden de servicio y dedicó 77 policías, además de cuerpos especiales, a la tarea de identificar y detener a los delincuentes.
En nuestro país hay un servicio de seguridad y de justicia, pero está al servicio de unos pocos que disfrutan de una vida muy, pero muy privilegiada.