Viviana Canosa, su denuncia en la TV —luego reafirmada en la justicia— y el rol de la ONG Madres de Víctimas de Trata, que vino a ponerle sentido común a un circo mediático irresponsable.
Esta semana, todos los medios del país le dedicaron tiempo y espacio al paulatino desarrollo de una pelea mediática que se tornó judicial y que terminó en una denuncia de la que poco se sabe de manera concreta, pero cuya gravedad amerita una investigación profunda y seria por parte de la justicia que permita determinar si existe una red de trata y captación de menores que involucra a personalidades de los medios metropolitanos.
Esta súbita atención por estos temas contrasta enormemente con el tratamiento que estos mismos medios le están dando a la causa que se sigue en contra de Alejandro Roemmers: de la novela que publicó recientemente, se puede encontrar una completa cobertura mediática. Ahora, de los testimonios que lo colocan como parte de una red de captación y trata de personas, ni una palabra.
El circo mediático
Todo comenzó la semana pasada cuando la periodista Marcela Tauro acusó a la conductora televisiva Lizy Tagliani —con quien la unía una amistad— de haberle escrito por Instagram a su pareja de ese entonces. A partir de ello, —supuestamente, afectada en lo emocional por ese relato— Viviana Canosa comenzó a ventilar en su programa detalles de su propio vínculo con su ex peluquera —Tagliani— acusándola de haberle robado en su momento, cuando trabajaba para ella. Por su parte, Tagliani, esta vez en el programa que ella conduce, le respondió, negando las acusaciones.
Hasta allí, una pelea mediática más, sin mayores consecuencias. Todo cambió de tono cuando Canosa, en una «editorial» de casi una hora, empezó contestándole a Tagliani pero terminó derivando en una fuerte denuncia en la que mencionó situaciones análogas a la trata de personas y el supuesto abuso sexual a menores.
Ante estas declaraciones, la ONG Madres de Víctimas de Trata se presentó ante la justicia, pidiendo que se investigue. Enterada de esto, y luego de haber recibido supuestas presiones, Viviana Canosa también se presentó en tribunales. Esa denuncia está con reserva, por lo que ningún abogado ni periodista debería poder acceder a los contenidos de la misma. A pesar de ello, en otra actitud irresponsable, los medios empezaron a filtrar nombres de quienes supuestamente estarían nombrados en la investigación, lo que desató una catarata de reacciones mediáticas, declaraciones y acusaciones cruzadas.
La irresponsabilidad es absoluta, ya que, si los delitos denunciados no son tales, se están banalizando, en una pelea por un punto más o menos de rating, temas gravísimos. Pero aún peor, si los delitos son reales, al estar ventilando de manera irresponsable detalles de la investigación, esto podría dar lugar a un escenario de ocultamiento o destrucción de pruebas, complicando enormemente la labor de la justicia.
Poniendo sentido común
La abogada Marcela Cano representa a la ONG Madres de Víctimas de Trata. La organización interviene en muchas causas como denunciantes y, en una entrevista para la FM 99.9, se refirió a este tema.
«Lo que hicimos puntualmente con lo relacionado a las manifestaciones que hizo la señora Canosa, que iniciaron el día viernes de la semana anterior y se profundizaron en el día lunes de esta semana que está terminando; es iniciar una denuncia solicitándole a la justicia que prontamente la llamara a prestar declaración testimonial y exigirle obviamente que acreditara objetivamente, esto quiere decir con pruebas, los extremos que estaba ventilando o que había expresado», contó. «La señora se presentó el día martes ante el fiscal Stornelli, que no es el fiscal que está actuando en la causa, hace una manifestación, la cual desconozco, dudo que esté alguien en conocimiento de esto o profesionalmente tengo que decir que no debería estar en manos de nadie la declaración que la señora hizo. No sé si la declaración fue en potencial, no potencial, si aportó, si no aportó. Lo que sí les puedo decir, porque hablé con ella y con su abogado, que el día lunes la señora se va a presentar a ratificar y aportar lo que tenga. En este momento la denuncia está con una reserva, con un secreto, por eso tiene acceso restringido. Cualquier abogado o periodista que lo haya visto es con una connivencia clara desde los tribunales y algo así, en una causa de trata o en una denuncia de trata, habla de una irresponsabilidad y realmente de querer ensuciar una investigación porque es un delito muy complejo y puede advertir a los que estén involucrados a que oculten, descarten cualquier tipo de prueba, ya sea documental, digital, lo que sea. La verdad que es de una irresponsabilidad lo que está pasando».
En el caso puntual de Lizzy Tagliani, la Dra. Cano agregó que «se comunicó conmigo, se puso a disposición para lo que se necesitara y que obviamente le aclaré que Madres Víctimas de Trata a ella no la denunció porque desconocemos la información o lo que tiene la señora Viviana Canosa. No es menos cierto que después de la publicación en nuestras redes de que habíamos intervenido y que éramos los denunciantes, aparecieron dos personas que dicen tener información relacionada a la denuncia de la señora Canosa y una de ellas afirma haber sido víctima en los años 2018-2019. Esto no es un detalle menor. Y tampoco es un detalle menor que al preguntarle quién les habla en ese momento, si la señora Lizzy Tagliani estaba involucrada, me dijo que no, me lo ratificó. Por supuesto que comentó otros nombres, pero es una irresponsabilidad de mi parte decirlos en un medio sin que la justicia lo sepa y sin haber constatado que la información que esta supuesta víctima tiene».
Lo que dejó en claro la letrada es que se trata de casos muy complejos y que no se pueden tomar a la ligera: «los medios tienen que saber, porque quizás les interesa más por lo morboso, porque no los he escuchado mucho hablar del tema de trata, con tantos casos que desgraciadamente tenemos en la República Argentina, nunca han estado en el tapete tanto como están con este caso. Son delitos complejos, las investigaciones son muy largas, muy largas. Un caso de trata bien llevado no llega a juicio hasta después de tres o cuatro años, porque hay mucho para investigar. Vuelvo a repetir, es un delito muy grave y por ende está en juego la libertad de las personas como la protección de las víctimas. No se puede actuar a la ligera, no se puede descartar a la ligera. Por eso siempre en los casos que nos ha tocado en Madres, muchas veces hemos reabierto causas que la justicia ha pretendido o ha querido archivar por la falta de interés y hemos llegado a sentencias bastante encumbradas, como la del viernes pasado que logramos una sentencia de 25 años de prisión para una persona que realizaba trata a través de medios digitales y desgraciadamente una de las víctimas que tuvo esa causa falleció. Y si el doctor Di Giorgi, que ahora está subrogando la causa de Canosa, hubiera actuado como correspondía en el año 2018, esa víctima estaría con nosotros».
Hay un trasfondo real de toda esta situación que es inquietante y preocupante, pero nunca se termina de abordar con la profundidad suficiente, sino que por ahora todo queda en lo mediático: «a partir de esta visibilización que he tenido en la televisión, me han estallado mis redes personales hablándome de diferentes casos en diferentes provincias, todos con menores, y les estoy prometiendo que me voy a encargar, que me den tiempo, pero que me voy a encargar al menos de pedir las denuncias, porque me hablan de haber denunciado situaciones de abuso o situaciones que rozan la trata de personas con fines de explotación sexual y que han quedado en la nada. Y eso es una aberración».
Investigando como corresponde
Marcela Cano, en la entrevista, hizo referencia al caso de Fredy Junior Arturo Zea Ricardo, quien fue condenado a 25 años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual. El caso tomó especial relevancia porque es la primera vez que, como parte de la condena, se toma en cuenta también la explotación sexual a través de medios digitales.
Los hechos ocurrieron entre 2017 y 2020. Este hombre captaba a mujeres prometiéndoles trabajo como modelos o promotoras para encerrarlas en departamentos en la zona del barrio porteño de Retiro, donde abusaba sexualmente de ellas y las obligaba a prostituirse. Durante el período de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) decretado en el marco de la pandemia de COVID-19, Zea Ricardo obligó a una de las mujeres a realizar actos sexuales a través de sitios web de contenido para adultos, percibiendo un rédito económico por ello. Este hecho marca un precedente judicial en Argentina al reconocer la trata de personas con fines de explotación sexual facilitada por medios digitales. Una de las víctimas se quitó la vida antes de que esta persona fuera detenida en el marco de la investigación.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 condenó a Fredy Junior Arturo Zea Ricardo por ser «autor penalmente responsable del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por mediar engaño, fraude, violencia, amenazas, abuso de una situación de vulnerabilidad y otros medios de intimidación y coacción, y por haber consumado la explotación en tres casos, los cuales, concurren materialmente entre sí; en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber resultado un grave daño a la salud de la víctima María Cecilia Stempelatto (f), en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos casos -víctimas N.B.A.F. y P.G.R.V.-, los cuales a su vez concurren materialmente entre sí».
Tal como indica Cano, las investigaciones por trata de personas, abuso y explotación sexual son complejas pero, si se realizan como corresponden, pueden llegar a condenas ejemplares como esta.