El Estado argumentó su negativa en la falta de registros, pero la Corte provincial resolvió que no podían negarse a abonar la deuda por una falla en la administración penitenciaria.
La Sala Administrativa de la Corte de Mendoza falló a favor de José Aníbal Molina, un ex presidiario que reclamaba el pago de los salarios correspondientes a los trabajos que realizó en distintos penales de la provincia durante los 20 años que estuvo detenido. Asimismo, se ordenó a la ANSES completar los aportes a la seguridad social que hizo el denunciante.
Molina, quien estuvo preso desde el 30 de mayo de 1996 hasta el 4 de marzo de 2016, inició su demanda después de recuperar su libertad. No obstante, desde el Servicio Penitenciario provincial desconocieron cualquier deuda pendiente.
Todo comenzó cuando el ex preso intentó comenzar el trámite para su jubilación, que fue rechazado por el sistema bajo la argumentación de que carecía de los aportes necesarios. El inconveniente lo llevó a acudir al presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura mendocina, quien envió una nota al director del Servicio Penitenciario para que aclarara la situación.
Aunque el Gobierno provincial y la Fiscalía de Estado reconocieron que Molina trabajó y cobró por los días registrados por la Administración Contable del Servicio Penitenciario, apuntaron que no podían verificar los períodos de trabajo faltantes, ya que no habían sido registrados.
De acuerdo con la información publicada por La Gaceta, el fallo que ordenó al Estado pagar los períodos reclamados por el ex presidiario fue firmado el pasado 11 de abril, por los jueces Mario Adaro, Omar Palermo y José Valeiro.
Incluso, remarcaron que las autoridades no podrán negarse a abonar los honorarios, debido a que la persona había firmado las planillas correspondientes y forma parte de sus responsabilidades verificar que los mismos hayan sido registrados.
En la sentencia, la Corte determinó que Molina trabajó al menos 2.505 días entre junio de 1996 y diciembre de 2003, y alrededor de 727 jornadas laborales entre enero de 2004 y enero de 2016. Asimismo, establecieron que los pagos deberán incluir los intereses correspondientes hasta la fecha en que Molina recobró su libertad y realizar las gestiones necesarias ante la ANSES para subsanar la falta de aportes a la seguridad social.
Según la demanda presentada, el ex recluso comenzó a trabajar en 1996 en el taller de mimbre en el penal de Boulogne Sur Mer, ubicado en la ciudad de Mendoza. Asimismo, detalló que había desempeñado su labor de lunes a viernes a lo largo de un año y que había firmado las planillas de jornales por las labores realizadas.
Al año siguiente, el denunciante afirmó que había comenzado a cumplir con las tareas de limpieza en los patios de visitas y otros sectores de la cárcel. En este puesto, el período de trabajo se extendió entre 1997 y 2000.
A raíz de que en febrero de 2005 había sido trasladado hacia el penal de San Felipe, Molina señaló que continuó con su labor de fajinero en el área de limpieza, en donde le encargaron mantener los módulos y los patios de visitas. La actividad se prolongó hasta el 2008 y resaltó que había firmado los registros por 30 días durante ese período.
Posteriormente, fue trasladado al penal Almafuerte, donde continuó con tareas de limpieza en el sector donde funcionaba la escuela del penal hasta 2010, cuando volvió a ser enviado hacia la cárcel de San Felipe. De regreso, confirmó que siguió como fajinero de módulos y patios.
En 2011, Molina fue trasladado hacia la Granja y Colonia Penal Gustavo André, ubicado en el departamento de Lavalle, en donde trabajó en agricultura hasta 2013. A partir de 2014, trabajó nuevamente en Almafuerte, esta vez como fajinero y bibliotecario ambulante hasta que fue liberado en marzo de 2016.