
El affaire de la jueza Makintach en la sobreexpuesta causa por la muerte de Maradona deja demasiado hilo para cortar. Verónica Di Tomasso, la otra integrante femenina del tribunal, soltó una reversión de una frase del astro frallecido al decir que «la Justicia no se mancha».
El 92% de la ciudadanía descree absolutamente del sistema judicial. Los escándalos que involucran a actores del mismo se suceden a diario, con mayor o menor presencia mediática: el juez federal Marcelo Baillaque está siendo juzgado por su connivencia con los narcos de Rosario, mientras que Walter Bento fue destituido y llevado a juicio. No olvido tampoco en este prieto repaso la situación del ex camarista federal de Mar del Plata Jorge Ferro, a quien han buscado proteger de cualquier modo y que aún tiene pendiente una investigación a fondo que ahonde en sus trapicerías, que se extendieron durante más de 30 años.
La Justicia es el gran asunto pendiente de la república democrática y plural a la que aspira la inmensa mayoría de la sociedad argentina. Sin embargo, las recientes designaciones en la provincia no son un muy buen augurio en dicho sentido. Viniendo a lo que en la ciudad cuenta, destaca la reciente e insólita decisión del juez en lo contencioso administrativo Simón Isacch en lo referente al proyecto para construir la torre en el predio circunscripto por las calles Alem, Aristóbulo del Valle, Falucho y Gascón. ¿Por qué insólita? Porque la afectación a la que alude es falaz de suyo, apoyándose en una ordenanza que no tiene carnadura constitucional alguna, ya que afecta el derecho a la propiedad.
En este ámbito, frente a empresarios e inversores locales, su señoría ilustrísima se muestra guapo. Ahora, cuando aparecen jugadores internacionales, como es en el caso del reclamo de los taxistas por las aplicaciones que no sólo circulan sino que además facturan a su aire en todo el partido de General Pueyrredon, la actitud cambia.
El planteo que hacen los taxistas en contra de las aplicaciones ya recorrió diversos ámbitos judiciales pero, en todos los casos, se eludieron las responsabilidades con diversas excusas antes de hacerse cargo de resolver a derecho el reclamo. Finalmente, le cayó al magistrado Isacch. Se está ante un evidente caso de violación a la ordenanza que fue promovida durante la intendencia de Carlos Fernando Arroyo, de plena vigencia, que prohíbe la actividad pero, del otro lado, se paran Uber, Didi y Cabify, esta última apañada en las relaciones con el galaico emprendedor, como corresponde a toda empresa oriunda del reino de España que se acerca a esta comarca. Entonces, ¿qué hace el vibrante magistrado? Envía el expediente a la Corte para que le diga si debe actuar o no en dicho contencioso.
¿Qué duda hay, existiendo una ordenanza competente a los deberes del municipio que prohíbe la actividad y es norma de pleno derecho? ¿Qué duda puede haber de que hace al ejercicio administrativo del Estado? La única duda, es la que hace a la probidad del magistrado.
¿La Justicia, no se mancha?