Prevé mandar allí hasta 600 reclusos a partir de julio de 2026, pagando 8.500 euros por plaza al mes a su homólogo, cuyas prisiones presentan ahora una ocupación baja.
Suecia enviará hasta 600 de sus presos al centro penitenciario de Tartu, en el sur de Estonia, para que cumplan ahí sus condenas y aliviar así la creciente saturación de sus cárceles. Según el acuerdo al que llegaron la semana pasada ambos países, aún pendiente de la ratificación parlamentaria, se espera que los primeros presos sean trasladados a Estonia en julio del año que viene.
Si el país escandinavo tiene un problema por el crecimiento de la criminalidad, que ha llevado la tasa de ocupación carcelaria al 96%, el báltico vive la situación contraria: actualmente, 600 de las 933 plazas de la prisión de Tartu están vacías, ya que el número de reclusos en Estonia ha disminuido considerablemente en los últimos años. Así que el trato es lo que en jerga empresarial se conoce como ‘win-win’. Todos ganan. Por un lado, el gobierno sueco gana tiempo para solucionar una situación que en los centros penitenciarios es «muy tensa». Por otro lado, Estonia busca «aprovechar un edificio especial y costoso que ha estado vacío y garantizar el empleo y el desarrollo profesional continuo de los funcionarios de prisiones», según explicó el ministerio de Justicia de Estonia en comunicado.
UN AHORRO CONSIDERABLE
«El proyecto de alquiler de la prisión no solo nos permite mantenerla en funcionamiento, sino que también crea nuevos puestos de trabajo y refuerza nuestra cooperación a nivel internacional. Presenta a Estonia como un socio fiable y capaz», afirmó la ministra de Justicia y Asuntos Digitales de Estonia, Liisa-Ly Pakosta, quien subrayó que «todos los gastos de mantenimiento de los reclusos extranjeros correrán a cargo de Suecia, por lo que no supondrá ninguna carga adicional para los contribuyentes estonios».
También es un buen negocio para Estocolmo, porque pagará 8.500 euros por plaza al mes, 3.000 euros menos de lo que cuesta en Suecia. Eso sí, no enviará a cualquier recluso, solo a «hombres, mayores de 18 años, condenados por delitos como asesinato, delitos sexuales o delitos económicos» que no supongan un riesgo para la seguridad. Los condenados por delitos de terrorismo, contra la seguridad del Estado o por delitos graves de delincuencia organizada cumplirán condena donde están.