La abogada que defiende a la familia de Melina Briz, habló en la 99.9 sobre el beneficio que le otorgaron a la persona condenada por el crimen de la joven de 18 años.
Ariel Troncoso, condenado por el crimen de Melina Briz, fue beneficiado con prisión domiciliaria cuando aún le queda un tramo importante de la pena por cumplir. La abogada que representa a la familia de la víctima, Adelina Martorella, se mostró muy indignada en la 99.9 con la resolución que tomó el juez Galarreta.
La letrada comentó que «no es una detención domiciliaria, sino que es el instituto de la libertad asistida, que implica básicamente que este hombre está en libertad. Es decir, tiene una pena que vence en el año 2030, que está bajo la órbita del servicio penitenciario desde el mes de enero del año 2013, tras 12 años y medio, no olvidemos que tiene una condena a 18 años de prisión; el juez de ejecución penal, doctor Juan Galarreta, solamente computando si el tiempo que exige la ley para la concesión de este beneficio está cumplido, teniendo en cuenta solamente la conducta que posee este interno dentro de la unidad penal, que no registra sanciones, que estudió, que trabajó, que hizo cursos; le otorga este beneficio».
Desde su parte y la fiscalía, han aportado datos concretos por los cuáles había que considerar ciertos atenuantes: «del análisis que nosotros efectuamos en la audiencia que se llevó a cabo el jueves con el doctor Moure, hemos expresado que en 12 años y medio lo único que hizo fue trabajar la mitad del tiempo que estuvo detenido y hacer cinco cursos en 12 años y medio. Valoró también el doctor Galarreta que tiene un dictamen favorable de la junta de selección. Invocando el artículo 19 de la Constitución Nacional, donde nos dijo que prácticamente a un interno el estado no puede obligarlo a hacerle un tratamiento psicológico, ni obligarlo a trabajar, ni obligarlo a estudiar, ni obligarlo a hacer cursos; le dio la libertad asistida acá en la ciudad de Mar del Plata, en un domicilio donde va a vivir o donde vive con su hermano y su cuñada».
Martorella insiste en que se debe incluir en la resolución el análisis psicológico de Troncoso: «lo preocupante es todo lo que no tuvo en cuenta este magistrado, porque no se trata de juzgar o de dar la libertad asistida o cualquier otro beneficio a un sujeto que robó un vehículo, hurtó un vehículo. Se trata de un sujeto que terminó con la vida de un adolescente de 18 años de la forma en que lo hizo. Nos parece que no todos los casos deben ser juzgados de la misma manera, menos aún cuando existe normativa internacional que le obligan al juez a juzgar con perspectiva de género».
El informe psicológico para la abogada es bastante claro y no ofrece garantías: «cuando un preso, cuando un penado pide algún beneficio, se hace un informe criminológico. A Troncoso se le han practicado cuatro o cinco informes criminológicos, donde siempre han puesto especial atención en su aspecto psicológico. De todos esos surge que él tiene un posicionamiento autorreferencial que persiste en sus limitaciones reflexivas y esas limitaciones le impiden alcanzar una autocrítica y cuestionarse sobre qué características de su personalidad colaboraron para arribar a ese desenlace trágico e irreversible sobre la vida de una mujer o de un adolescente de 18 años de edad. Todo esto no lo tuvo en cuenta el juez. Este hombre a través de su defensa, que es la defensa oficial, indicó que en este momento él estaría realizando un tratamiento vía zoom, cuando en realidad todos sabemos que el uso de dispositivos móviles están prohibidos en las unidades penales. Pero este mismo juez, que es el que le otorgó la libertad asistida, fue el juez que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires permitió su uso durante la pandemia, pero ya no es la misma situación. Uno de los planteos que efectué es que él sigue infringiendo la ley desde el momento en que sigue utilizando una telefonía móvil que está prohibida por ley. A ello respondió que en realidad los internos pueden usar la telefonía móvil, pero que tiene que cumplir con un protocolo, un protocolo que no sabemos si lo cumplió o no lo cumplió. Además hay una contradicción, porque por un lado, para otorgarle el beneficio dice que el Estado no puede obligar a una persona a hacer tratamiento psicológico. Sin embargo, al concederle las salidas, este beneficio le impone como obligación especial hacer un tratamiento psicológico. Es un disparate y es indignante. Sobre todo teniendo en cuenta que la pena vence en octubre del año 2030, es decir, todavía tiene cinco años por cumplir dentro de la unidad penal y realizar un mínimo de autorreflexión, y no lo hizo».
Esta situación, cambia según el juez de ejecución que le toque al imputado y la Dra. Martorella también destacó que no debería suceder: «en nuestro departamento judicial existen dos juzgados de ejecución, uno a cargo del doctor Perdichizzi y otro a cargo del doctor Galarreta. El doctor Perdichizzi es un juez que hace mucho que no hace caso omiso al aspecto psicológico de los penados. Y en realidad todos los condenados siempre están esperando y rogando que les toque el juez de ejecución Galarreta por los beneficios que él otorga. Es decir, ante todos los planteos que hizo el doctor Moure y yo como particular damnificado, mínimamente se tendría que haber tomado el tiempo prudencial para evaluar todas las razones que expusimos. Y sin embargo, en la misma audiencia decidió lo que decidió, como si se tratase de un caso más, el latiguillo que tiene para la concesión de todos los beneficios. Y eso ya a esta altura es inaceptable, porque reitero, todo delito tiene su gravedad, pero este es de los más graves que posee nuestra ley. Entonces estamos siempre sobre lo mismo, en una decadencia del sistema judicial. Pero no solamente en este caso, muchísimos otros casos, tanto desde el punto de vista de la ejecución penal, como al momento de los juicios orales, sean juicios técnicos o sean juicios por jurados, como en las etapas de investigaciones. No puede ser que todos los fiscales hoy a todo le pongan encubrimiento, donde no queden las personas aprendidas, donde no haya el más mínimo compromiso por parte de la mayoría de los funcionarios judiciales en la loable labor para los que han sido convocados. Eso a mí me parece muy grave. Es algo que hablamos con todos los colegas, más allá del posicionamiento que tiene, si uno está por la defensa, por el particular damnificado, realmente la justicia que hoy nos rige es vergonzosa en todo sentido».