Entre las diversas medidas de reparación digna, el Estado también debe construir un hospital para menores quemados y proporcionar becas y viviendas a los 15 supervivientes.
El presidente de Guatemala tendrá que realizar un acto público en el que pida perdón a las 15 niñas sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro ocurrido el 8 de marzo de 2017, así como a las familias de las 41 niñas fallecidas, tal como lo ha ordenado la jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, quien ha dictado varias medidas de reparación digna, con el fin de que no se vuelva a repetir una tragedia como esta.
Cifuentes celebró este jueves, a puerta cerrada, la Audiencia de Reparación Digna en la que se ordenaron indemnizaciones «justas y razonables» para las 56 víctimas, que no se han dado a conocer con el fin de evitar poner en riesgo a las sobrevivientes y las familias de las fallecidas, para que no sean víctimas de extorsión considerando los lugares donde viven. Estas cantidades deberán ser pagadas en conjunto por las seis personas condenadas, siendo responsable subsidiario el Estado.
Estas medidas fueron dictadas por la jueza dos días después de que condenara a seis de los siete funcionarios acusados a penas de prisión que oscilan entre los seis y los 25 años, al tiempo que ordenó investigar al ex presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por estos hechos, ocurridos en un hogar de protección y abrigo gestionado por el Estado.
Se trata del ex secretario de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Rodas (25 años); el ex director del Hogar Seguro, Santos Torres (25 años); la ex jefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas del Hogar Seguro, Brenda Chamán (17 años); la subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC), Lucinda Marroquín (13 años); el subcomisario de la PNC, Luis Armando Pérez Borja (11 años); y la ex defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gloria Castro (seis años). Asimismo, fue absuelto el ex jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, Harold Flores.
Tanto las indemnizaciones como las medidas de reparación deben cumplirse 30 días después de que la sentencia sea firme, algo que se puede prorrogar, teniendo en cuenta que los sujetos procesales pueden aún apelar o impugnar la sentencia, cuya lectura íntegra tendrá lugar el próximo 20 de agosto.
La principal medida de garantía de no repetición que ordenó la jueza es un acto público donde el presidente de Guatemala reconozca la «responsabilidad del Estado» y, por tanto, pida disculpas públicas a las 15 sobrevivientes y a las familias de las 41 fallecidas. Asimismo, ordena que en el evento estén presentes autoridades de la Secretaría de Bienestar Social (institución que gestiona los hogares de protección y abrigo) y altos mandos de la PNC.
Al mismo tiempo, el Gobierno deberá publicar una declaración oficial en el Diario de Centro Américapara «dignificar» el nombre de las víctimas y lograr que «cese su estigmatización», teniendo en cuenta que, en los últimos años, han sido tachadas de ser niñas en conflicto con la ley penal cuando ninguna de ellas había cometido delito alguno, sino que estaban bajo protección y abrigo después de que se vulneraran sus derechos en su entorno familiar.
Otra medida que dispuso la jueza fue la creación de un hospital especializado en quemaduras con atención para niños, niñas y adolescentes con «el equipo necesario y profesionales especializados», teniendo en cuenta que, tras el incendio en el Hogar Seguro, siete de las sobrevivientes tuvieron que ser trasladadas a hospitales de Estados Unidos para la atención de sus graves quemaduras, de las cuales una falleció. Actualmente, dos de ellas aún se encuentran en ese país recibiendo tratamiento médico, dado que el incendio les provocó varias amputaciones.
BECAS DE ESTUDIOS Y UNA CALLE EN SU HONOR
Cifuentes también ordenó el traslado digno a un cementerio en propiedad de las víctimas de los restos mortales de las niñas fallecidas, además de la adquisición de lápidas para recordar su memorial. Deberá reconocerse, asimismo, el espacio donde ocurrió el incendio como un lugar conmemorativo con acceso al público y a las víctimas, elaborando un monumento, al tiempo que se nombrará una calle en Ciudad de Guatemala en honor a las víctimas y con una placa conmemorativa, con el objeto de «fortalecer la conciencia social y evitar el olvido».
La Municipalidad de Guatemala, a través de la Policía, también deberá encargarse de velar por el respeto y resguardo del altar con las 41 cruces situado en la Plaza de la Constitución de Ciudad de Guatemala frente al Palacio Nacional, teniendo en cuenta que este lugar de memoria, al que acuden habitualmente las madres de las niñas fallecidas, ha sido objeto de varios destrozos en los últimos años.
Por otro lado, la jueza ordenó que se otorgue una vivienda digna a las 15 sobrevivientes del incendio y que cuente con todos sus servicios. Asimismo, se debe garantizar el acompañamiento psicológico a las víctimas sobrevivientes por lo menos de 15 a 20 años, para lo cual ordenó la creación de una unidad de salud mental para que brinde atención psicológica y psiquiátrica a las adolescentes sobrevivientes y a sus familiares, así como a todo niño, niña o adolescente vulnerable.
Cifuentes señaló que también se debe crear, por parte del Ministerio de Salud Pública, una unidad especializada para la atención de las adolescentes sobrevivientes en el tratamiento a sus cicatrices y lesiones cutáneas, que «debe estar a cargo de personal especializado, con provisión de medicamentos, vitaminas y todo el equipo necesario».
Como medidas de satisfacción, Cifuentes dispuso que se agilicen las acciones del programa Mi Primer Empleo para las víctimas sobrevivientes a cargo del viceministerio de Trabajo correspondiente, con el fin de que las víctimas ingresen al mercado laboral y obtengan un empleo de acuerdo a sus capacidades o competencia, y remunerado dignamente. Al mismo tiempo, deberán recibir una beca social para cursar estudios tanto de diversificado como universitarios
CAPACITAR AL PERSONAL DE LOS HOGARES
En cuanto a las garantías de no repetición, la jueza pidió que se cree un ente rector del más alto nivel para coordinar a nivel de Guatemala toda la política de protección a la niñez y adolescencia, derivado de las «deficiencias en el sistema de protección». Además, se deberá asegurar la capacitación de todo el personal que tenga bajo su cuidado a niños, niñas y adolescentes, con la revisión de perfiles y la comprobación de que «efectivamente sean acordes a los requerimientos para el cuidado de menores de 18 años amenazados o vulnerados en sus derechos».
Por otra parte, ordenó que se realicen investigaciones y supervisiones «exhaustivas» a todos los hogares donde se resguardan niños, niñas y adolescentes bajo abrigo y protección para «evitar violaciones a sus derechos humanos». Otra de las medidas dispuestas por la jueza es formar a los agentes de la Policía en cursos y capacitaciones en derechos de la niñez y adolescencia, género y derechos humanos. Finalmente, la jueza ordenó la publicación de la sentencia en los sitios oficiales de la SBS y el Diario de Centro América.
Tras la lectura de las medidas de reparación digna, Carmen Uriaz, madre de Mayra Chután, una de las 41 niñas fallecidas en el Hogar Seguro, aseguró entre lágrimas que «nos sentimos más tranquilas porque logramos que se ganara el caso». En declaraciones a EL MUNDO, Uriaz indicó que seguirá luchando por la justicia, con tal de que el ex presidente de Guatemala, Jimmy Morales, «llegue a los tribunales» y sea juzgado por estos hechos. «Estoy muy feliz y contenta de que vaya a haber un monumento en el que vamos a poder rogar a las niñas», concluyó.
Por su parte, Edgar Pérez, abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, que representa a 14 familias, mostró su «satisfacción» por la sentencia y las medidas de reparación que van a «dignificar el nombre de las víctimas». Además, resaltó que no sólo afectan a las víctimas del Caso Hogar Seguro, sino que se obliga al Estado a crear políticas públicas para «prevenir el maltrato y la vulneración de las garantías de la niñez y adolescencia». Por tanto, recalcó que se ha hecho un llamado de atención a los órganos del Estado para que este tipo de hechos «no puedan volver a suceder en Guatemala».