Son al menos 11 los casos que una auditoría médica y contable revelaron. Los menores eran atendidos en consultorios, pero los médicos le cobraban a la obra social de petroleros privados (OSPEPRI) operaciones quirúrgicas inexistentes.
La fiscal Valeria Panozzo ordenó el martes tres allanamientos en la ciudad de Neuquén en el marco de una investigación por presunta estafa contra la obra social OSPEPRI. Los procedimientos se llevaron a cabo en una clínica privada y en los domicilios particulares de dos médicos acusados de simular intervenciones quirúrgicas que nunca se realizaron.
Los operativos fueron ejecutados por personal del departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial, con la autorización del juez de garantías, Marco Lupica Cristo. El Ministerio Público Fiscal (MPF) buscó secuestrar historias clínicas, computadoras y teléfonos celulares para fortalecer la causa.
Denuncia del sindicato petrolero
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por el sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, cuyos abogados advirtieron un fraude económico en perjuicio de sus afiliados, la obra social y la mutual.
La acusación sostiene que los médicos cobraron prácticas quirúrgicas a niños y niñas que solo habían sido atendidos en consultorio o en hospitales, sin llegar nunca al quirófano.
Los médicos señalados
Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO en la denuncia, el principal involucrado es un traumatólogo infantil, acompañado en todos los casos por el mismo médico anestesista.
Ambos habrían actuado en conjunto para fraguar las operaciones. El perjuicio económico preliminar se calcula en 20 millones de pesos.
Auditoría reveladora
Las irregularidades fueron detectadas en una auditoría interna realizada el 15 de julio de 2024 por un médico auditor externo junto a las áreas contable y legal de OSPEPRI. En un período de seis meses se identificaron 11 cirugías traumatológicas pediátricas facturadas, pero con fuertes incongruencias entre la documentación presentada y la atención real.
Los padres de los niños, convocados por la fiscalía, firmaron declaraciones juradas asegurando que sus hijos nunca fueron operados, sino que solo recibieron atención ambulatoria en consultorio.
Inconsistencias graves en los registros
El análisis de los documentos reveló contradicciones en los partes quirúrgicos, fichas filiatorias y consumos hospitalarios, que hacen dudar de la veracidad de las prácticas.
Este medio pudo constatar que, incluso, la auditoría concluyó que, en el supuesto caso de que las intervenciones hubieran ocurrido tal como están asentadas, podrían configurarse negligencia e impericia médica.
Objetivo de los procedimientos
Con los allanamientos, la Fiscalía busca acceder a los registros físicos e informáticos de los profesionales, donde podrían encontrarse historias clínicas y pruebas clave.
Los investigadores sostienen que existen elementos suficientes para presumir una maniobra sistemática de fraude, y que los médicos habrían utilizado documentación apócrifa para cobrar sumas indebidas.
Cómo sigue la investigación
La Fiscalía de Delitos Económicos analizará ahora la evidencia secuestrada para definir las próximas medidas.
“Se trata de un hecho de extrema gravedad, no solo por el daño económico causado, sino también por la afectación ética y profesional que conlleva utilizar a niños y sus familias como respaldo de operaciones inexistentes”, señalaron fuentes cercanas a la investigación.
Los nombres de los profesionales de la salud denunciados no fueron difundidos por las fuentes judiciales consultadas. Los pacientes son niños y niñas, por lo que queda restringida la publicación de cualquier dato que facilite su identificación.