El camionero y el juez

La muerte del Dr. Diego Quirós y la inexplicable necesidad del juez de garantías Daniel de Marco de proteger a toda costa a Lozano García, el conductor del camión que provocó el siniestro.

El pasado 9 de junio se produjo un siniestro vial que se llevó la vida del CEO y fundador de Imágenes MDQ y ex presidente del Biguá Rugby Club, el respetado y reconocido médico Diego Quirós, y la del hijo de su pareja, Iñaki,  de nueve años. También resultó gravemente herida en el accidente Yanina Liani, pareja de Quirós y madre de Iñaki. El automóvil Mercedes Benz en el que se desplazaban impactó contra el acoplado de un camión que estaba atravesado en la ruta 88, cerca de Necochea, cargado con 40.000 kg de soja. Quien conducía ese vehículo, era Raúl Lozano García, quien no tenía registro de conducir profesional, y cuya licencia se encontraba vencida. El vehículo no tenía la VTV, no le funcionaban todas las luces y se encontraba en un estado general lamentable.

A pesar de la clara negligencia de Lozano García, un hombre con antecedentes por robo y una denuncia por violencia de género, en un primer momento, el juez de garantías Daniel de Marco no le quiso dictar la prisión preventiva, a pesar de estar ésta completamente justificada si se tenían en cuenta los antecedentes de esta persona. Ahora, en una resolución judicial sin precedentes, el mismo juez liberó al conductor del camión tras dictar la falta de mérito, haciendo una muy cuestionable interpretación de las pericias del caso.

¿Por qué tanta protección a este personaje? ¿O será al dueño del camión a quien están tratando de proteger?

Compensación de culpas

El juez De Marco utilizó, a la hora de liberar a Lozano García, un argumento jurídico que resulta inaplicable en las causas penales. Así lo explicó el fiscal Moure en una entrevista para la FM 99.9.

«El día jueves a última hora nos notificaron de ese decisorio. Por supuesto la fiscalía tiene una mirada totalmente distinta a lo que dice el doctor De Marco. Puntualmente lo que dice el juez es que, a su criterio, no está debidamente acreditada la responsabilidad del camionero en este siniestro, porque entiende que también la víctima venía a exceso de velocidad y con una ingesta de estupefacientes. Entendemos que esa resolución no está fundada en las pruebas de la causa, porque justamente la causa dice otra cosa», remarcó Moure.

Respecto a la velocidad, el fiscal explicó: «El perito oficial, que no tiene ningún interés en la causa, determinó que no se puede establecer la velocidad de circulación del vehículo al momento del siniestro. El juez entiende de que hay un testigo que dice que venía a 140 kilómetros por hora, pero eso fue mucho antes del hecho. Lo importante en un siniestro es ver la velocidad al momento de la colisión y no un kilómetro antes».

Sobre la cocaína hallada en sangre, aclaró: «La literatura médica establece que la existencia de cocaína en sangre no significa que al momento del hecho la persona estuviese bajo los efectos. Uno puede haber ingerido cocaína dos días antes y aún así aparecería en sangre. La cocaína al ser aspirada produce un efecto de una hora únicamente. Es decir que la cocaína en sangre no significa absolutamente nada para nosotros en este caso en particular».

Moure fue categórico: «Inclusive le dijimos al juez que aunque el vehículo viniese a exceso de velocidad y la persona viniese drogada, eso nunca iba a excluir la responsabilidad del conductor del camión. Lo que ha hecho acá es aplicar algo vedado en el delito culposo: la compensación de culpas. Dice que como uno venía rápido y drogado y el otro hizo lo que hizo, las culpas se compensan. Y esto no es así, porque eso está prohibido en el derecho penal. Esa valoración, a nuestro criterio, es infundada e incorrecta y por eso hoy mismo presentamos recurso ante la Cámara de Apelación y Garantías».

En esa línea, subrayó: «Jamás se excluye la culpa del camionero, porque fue él quien cruzó el camión cargado con 40.000 kilos de soja, de noche, en el medio de la ruta, sin contar con luces laterales y balizas refractarias. Nunca se va a excluir la responsabilidad del camionero, por más que la otra persona viniese a exceso de velocidad y alcoholizado o drogado».

Moure también apuntó contra el propietario del vehículo: «Hemos imputado al dueño del camión, no por responsabilidad objetiva, sino porque omitió pedirle la licencia habilitante al conductor, que no la tenía, y además le dio un camión sin contar con la VTV».

Finalmente, advirtió sobre la falta de seguridad vial: «Esa ruta realmente es una carnicería. No está debidamente señalizada. A la salida de esa balanza no hay un solo cartel que indique la maniobra que deben hacer los camiones para cruzar la ruta. No está iluminada, no está señalizada la velocidad, hay un camino de tierra que sale del lado contrario… es todo un combo mortal. Si a eso le sumamos que la ruta no tiene banquina asfaltada y que se angosta, es extremadamente peligrosa».

Y concluyó con una crítica al funcionamiento de la balanza: «Si el Estado no exige condiciones mínimas de seguridad, los privados no las van a cumplir. No se puede habilitar una balanza que no cuenta con señalización ni iluminación. Si uno quiere ejercer un comercio, como es una balanza de pesado, debe cumplir con normas de seguridad: iluminar el lugar, señalizarlo, hacer una rotonda o algo por el estilo. Nada de eso se hizo y la balanza sigue funcionando igual desde hace años».

Recusando

Quien también se refirió a este tema, es el abogado de la familia de Quirós, Juan Manuel Beillure, quien sostuvo que la decisión judicial «revictimiza a la familia» y cuestionó el uso parcial de pericias. «El juez utiliza fundamentos de pericias toxicológicas y accidentológicas completamente sesgadas. Acusa a Diego Quirós de haber manejado bajo los efectos de cocaína, una cuestión que es completamente falsa. La pericia en sí tiene un montón de elementos contradictorios, carece de legalidad en la cadena de custodia y presenta errores técnicos. Nosotros presentamos una contrapericia para acreditarlo», explicó.

El letrado señaló que la resolución «es muy peligrosa y el efecto dañino respecto a la imagen de Diego Quirós y a su familia es tremendo, porque la resolución invierte las circunstancias reales para fundamentar la libertad del camionero. Es insólito que se responsabilice a la víctima».

Beillure remarcó que el juez De Marco se extralimitó: «No estaba en un momento procesal oportuno para analizar el fondo. El juez de garantías debía resolver cuestiones procesales. Cuando fuimos a la audiencia, el defensor solo pidió prisión domiciliaria, nunca se habló de libertad. Sin embargo, tres días después sale la resolución del juez y plantea un montón de cuestiones de fondo, analiza el expediente de forma descontextualizada y destruye la imagen pública de Diego».

Sobre la estrategia judicial, el abogado confirmó: «Ya pedimos el apartamiento. El lunes presenté un incidente de recusación fundado en el temor de parcialidad y, en paralelo, el recurso de apelación con siete u ocho puntos de agravio. Planteamos que la Cámara debe revisar y que otro juez continúe la causa».

Beillure advirtió que la decisión de De Marco «configura un desacato directo al criterio de la Cámara, que ya había revocado la excarcelación. El juez utilizó la figura de la libertad por falta de mérito de manera indebida, sin que exista contradicción ni debate, y resolvió cuestiones de fondo como si fuera una pequeña sentencia. Eso es ilegalidad total».

En cuanto al impacto humano, fue contundente: «Hoy todos los medios del país hablan de la figura de Diego como una persona que consumía estupefacientes al momento de conducir. Es una locura echarle la culpa a las víctimas en esta etapa preparatoria. La resolución fue un golpe absoluto a la víctima, a su familia, a su compañera Yanina, a sus hijos y a sus padres. Los dejó devastados».

Para Beillure, lo ocurrido afecta también la confianza en la Justicia: «Este fallo no sólo violenta a los litigantes o a quienes trabajamos en la causa, sino a las víctimas que se encomiendan al sistema en búsqueda de justicia. El sistema les da la espalda. Eso destruye la confianza de la gente en la justicia y es muy peligroso, porque la sociedad necesita reglas claras y que las cosas funcionen».