El fiscal del Fuero de Menores, Walter Martínez Soto, ejerció su derecho a réplica tras el artículo publicado en Noticias y Protagonistas bajo el título “Beneficios de pertenecer”. Relató en la 99.9 el violento robo que sufrió junto a su familia, cuestionó la interpretación que se hizo de su caso y planteó falencias estructurales en el sistema judicial y en la normativa vigente.
El fiscal Walter Martínez Soto, quien recientemente fue víctima de un asalto a mano armada en el que le robaron su vehículo y pertenencias, pidió ejercer su derecho a réplica luego de la publicación realizada el 7 de septiembre en Noticias & Protagonistas pero también analizó lo que sucede en el sistema judicial. “Esta es la primera vez que alcanzo a recuperar algo de lo que me robaron. El auto apareció rápido porque tiene un sistema de rastreo y porque la aseguradora presiona para encontrarlos. Pero eso no significa que pertenezca a nada ni que goce de privilegios. Llevo 35 años en el Poder Judicial, rendí más de veinte concursos y fui excluido más de quince veces. Me sentí tocado, porque en mi caso puntual no pertenezco a nada”, expresó en la 99.9.
Martínez Soto insistió en que su labor no tiene vínculos de complacencia con nadie: “Al que le toca, le toca, porque yo lo único que hago es cumplir la ley. No soy complaciente con nadie y menos hago política de estas situaciones. Me preocupa que a partir de algunos artículos la gente crea que hacemos lo que queremos, cuando en realidad estamos atados a lo que marca la ley”.
Respecto al hecho de inseguridad, remarcó el impacto personal: “Ver un arma sobre la cabeza de un hijo es una situación horrible. Uno se pone en la piel de las víctimas porque yo mismo lo viví. Encima tenemos una legislación deficiente, porque se introdujeron reformas mal hechas que no reflejan lo que pasa en la calle. Nadie en ese momento se pone a verificar si un arma funciona o no”.
El fiscal también expuso las limitaciones normativas y procesales: “Estamos atados de pies y manos con leyes absurdas. En el caso de los menores, tenemos solo 12 horas para pedir la detención, algo imposible de instruir con seriedad. Entonces muchas veces terminan en libertad porque no hay tiempo para reunir pruebas suficientes. El problema de fondo es que quienes hacen las leyes no saben, y esto genera frustración tanto en los funcionarios como en los ciudadanos”.
Finalmente, Martínez Soto señaló la necesidad de revisar la organización del Ministerio Público: “Estamos mal estructuralmente y no damos una respuesta rápida. Antes, cuando alguien denunciaba un robo de auto, todas las patrullas recibían el alerta al instante. Hoy la víctima debe ir a la comisaría del lugar y si no ratifica la denuncia en fiscalía a los ocho días, se da de baja. Eso es inaceptable. Necesitamos instruirnos mejor, exigir leyes claras y que quienes legislan lo hagan con conocimiento real de la situación”.