La concejal Marianela Romero impulsa una Jornada de Trabajo en el Concejo Deliberante para abordar el fenómeno de las usurpaciones. Consideró que la cuestión excede lo policial y que también debe verse como un problema de planificación urbana, ambiental y social.
La concejal Marianela Romero anunció que impulsa una Jornada de Trabajo en el Concejo Deliberante para analizar de manera integral la problemática de las usurpaciones en Mar del Plata. En diálogo con la 99.9 explicó que la iniciativa surge a partir de los reclamos de vecinos y fomentistas, además de su experiencia como abogada: “Los vecinos de varias zonas de Mar del Plata y Batán nos plantean con mucha frecuencia esta situación. Además, en el ejercicio de la profesión recibo consultas sobre reivindicación o restitución de bienes. Por eso, aunque no sea una responsabilidad primaria del municipio, el Concejo es una caja de resonancia de las cuestiones que atraviesan a la comunidad y puede ser un espacio de trabajo conjunto y coordinado”.
Romero destacó que hacía más de una década que no se realizaba una jornada de este tipo en el ámbito deliberativo. “Creemos que después de más de 10 años era momento de retomar el tema, ponerlo en la agenda y ver qué solución o aporte podemos hacer desde el Concejo”, señaló.
Al analizar el fenómeno, la edil subrayó que no puede ser reducido únicamente a una cuestión de seguridad: “Me gusta plantearlo también como una cuestión de planificación urbana. Cuando se generan usurpaciones fuera del ejido urbano, en lugares sin planificación, no solo se afecta a la seguridad del barrio, sino que también se generan problemas ambientales, sociales y de infraestructura, porque luego esas comunidades reclaman servicios en zonas donde no están dadas las condiciones”.
En ese marco, consideró central el rol de la educación y del control documental: “Lo primero que hay que hacer es educar, no solo a la comunidad sino también a quienes tienen la responsabilidad de ejercer el control sobre cuáles son los documentos válidos para tener una posesión legítima. Muchas veces se ingresa con títulos falsos, por eso es importante el trabajo de los escribanos, que ahora no solo certifican firmas sino también revisan el contenido de los documentos y los plazos, lo cual es una medida positiva para prevenir usurpaciones”.
La concejal también advirtió sobre la necesidad de una rápida respuesta judicial y policial: “La interpretación que haga la Fiscalía General de cómo se constituye el delito, de qué es violencia y en qué momento se produce, es clave para que la Policía pueda actuar. La intervención inmediata es fundamental, porque una vez tomada la posesión legítima de un terreno o una vivienda, la cuestión se complica”.
Respecto a la prevención, Romero manifestó: “Muchas veces se intentó generar un registro de terrenos en situación de descuido. En Mar del Plata son muchos, pero pocos de ellos son fiscales. El desafío es identificar cuáles están en riesgo de usurpación, a quiénes hacer responsables de ese registro y cómo dialogar con aquellos dueños que hace décadas no se hacen cargo de esos terrenos. No hablo de apropiarse de la propiedad privada, sino de pensar en políticas de vivienda desde el Estado. No podemos dejar de hacer el bien por miedo a quienes hacen el mal. Tenemos que encontrar la mejor metodología”.
Por ese motivo, insistió en la importancia de convocar a distintos actores para encontrar soluciones conjuntas: “La jornada de trabajo es necesaria para tener los distintos puntos de vista, plantear propuestas y encontrar la mejor. En un primer momento pensamos en un protocolo de acción para intervenir cuando se produce la usurpación, pero también debemos pensar un paso antes: qué hace el Estado para prevenir la situación y generar una política pública positiva”.
Finalmente, Romero detalló que el expediente será tratado en la Comisión de Legislación y, de aprobarse, pasará a sesión: “Luego Labor Deliberativa pondrá una fecha para convocar a la Policía, a la Fiscalía General, a la Fiscalía de Usurpaciones y a las prestadoras de servicios. También pedimos un control más exhaustivo a las empresas de energía sobre a quién le colocan un medidor o hacen una reconexión, porque muchas veces eso constituye un primer acto de posesión”.