Los especialistas indicaron que se trata de una decisión que favorece parcialmente a la Argentina.
a Justicia de los Estados Unidos dictó un nuevo fallo que involucra a la Argentina. La jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, publicó ayer un dictamen que, según los especialistas, favorece parcialmente al país en el caso del Cupón PBI.
“Falló parcialmente a favor de la República Argentina en un nuevo caso presentado por inversores en los Cupones PBI en dólares y reclamaban pagos por los años 2013, 2015, 2017, 2018, 2021 y 2022. Es por aproximadamente US$6000 millones. La Juez Preska permite que la serie (inversores individuales) continúe, sin los titulares del juicio solo para los años 2014-2016″, afirmó el experto Sebastián Maril.
“Caso Cupón PIB: en el juicio por falta de pago de los cupones PIB dólares respecto de los años posteriores a 2013, impulsado por fondos buitre y por el fiduciario de los cupones, la jueza Preska falla a favor de la Argentina en tres cuestiones y dice que la cuarta debe resolverse en un juicio por versar sobre una cuestión de hecho”, indicó el abogado especializado Sebastián Soler, y luego enumeró:
“Falla a favor de la Argentina y desestima todas las demandas de los fondos por falta de pago porque, al igual que en el caso referido al año 2013, no cumplieron los requisitos contractuales para demandar (que exigen que en principio sea el fiduciario quien demande en nombre de todos los tenedores de los cupones y no solo algunos de ellos a título individual)”, y siguió.
“Falla a favor de la Argentina y desestima el planteo de los demandantes de que la Argentina actuó de mala fe cuando el año pasado el Indec recalculó las cifras anuales del PIB acatando la orden de una corte inglesa (cifras que confirman que en ninguno de esos años se cumplieron las condiciones que hubieran disparado el pago)”, agregó.
“Falla a favor de la Argentina, desestimando la demanda del fiduciario referida a los años 2014, 2015 y 2016, porque pasó demasiado tiempo y esos reclamos prescribieron”, completó y luego cerró: “No acepta la petición de la Argentina de desestimar la demanda del Fiduciario referida a los años posteriores a 2016 porque, si bien no cuestiona la buena fe de los nuevos cálculos del PIB, dice que es una cuestión de hecho si esos cálculos están bien realizados y satisfacen los requisitos contractuales de los cupones, lo cual solo puede ser dilucidado en un juicio. Para que quede claro este cuarto y último punto: Preska no le da la razón a ninguna de las partes, simplemente concluye que se trata de una cuestión de hecho, que no es apta para ser resuelta mediante una moción de desestimación, que solo puede abordar cuestiones estrictamente jurídicas».
La historia de la causa
El cupón atado al PBI fue creado como incentivo para lograr una mayor adhesión al canje de deuda de 2005, liderado por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, hoy embajador en Paraguay. Este instrumento preveía el pago de intereses a los bonistas si la economía argentina crecía más de un 3% anual, hasta el año 2035. Sin embargo, el país no realiza pagos desde 2011, cuando dejó de registrar ese nivel de crecimiento.
La demanda se centró en el cambio de la base de cálculo del PBI realizado en 2014, bajo la gestión del entonces ministro Axel Kicillof. La metodología previa, basada en datos de 1993, se consideraba desactualizada, por lo que fue reemplazada por una nueva estructura que tomó como año base 2004. Ese ajuste provocó que la estimación de crecimiento del PBI de 2013 fuera menor a la que arrojaba la base anterior, lo que desencadenó los reclamos judiciales de los inversores.
Con la nueva base, el Indec informó que la economía creció menos del 3,22% ese año, mientras que bajo la metodología anterior el crecimiento había sido del 4,9%. En consecuencia, el gobierno de Cristina Kirchner evitó pagar más de US$3600 millones en intereses.
El fallo de primera instancia en Inglaterra -luego se extendió a los EE.UU.- consideró que el cambio metodológico en el cálculo del PBI perjudicó a los tenedores de bonos, y dispuso que los títulos debían recibir intereses calculados desde diciembre de 2014 en adelante.
Desde la defensa argentina sostuvieron que la modificación era necesaria para diseñar un esquema de pagos sostenible. “Sin los cambios, los cupones se ajustarían por un parámetro desactualizado, sin relación con la expansión real de la economía”, argumentaron.
En contraste, los cuatro fondos demandantes aseguraron que el cálculo del PBI debía mantenerse con la metodología original hasta 2035. Así lo explicó Aidan O’Rourke, abogado del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que representa a los fondos.
Tanto el Tribunal de Apelaciones de Londres como la Corte Suprema del Reino Unido ratificaron esa interpretación.