El abogado Pedro Bove, querellante en la causa Jonestur, aseguró en la 99.9 que la resolución judicial marca un avance decisivo en la investigación y reclamó la restitución de los fondos que, según la causa, habrían salido del país.
El letrado Pedro Bove, representante de numerosas víctimas en la causa conocida como Jonestur, afirmó en la 99.9 que la reciente intervención judicial “marca el principio del fin” de una maniobra que, según explicó, provocó un perjuicio grave al erario público y a particulares de Mar del Plata. Bove subrayó que las sumas involucradas son “espeluznantes” y que, sólo en una de las piezas del expediente, se habla de la necesidad de repatriar “92 millones de dólares”.
Según el abogado, la investigación avanzó pese a obstáculos procesales y a intervenciones de tribunales superiores que obligaron a “remontar absolutamente todo”. Bove explicó que la causa reúne confesiones y elementos que describen el mecanismo de captación y fuga de fondos hacia el exterior: “En Andorra… confesaron los delitos con lujo de detalle: cómo se abrían las cuentas, cómo se cerraban, cómo se lavaba, cómo se hacía todo el mecanismo para que no quede la secuela del pase de holding a holding”.
El letrado enfatizó el daño humano de la maniobra: “Hay gente que puso el dinero de la venta de un departamento para pagar un geriátrico y hoy no tiene ni el departamento ni el dinero”, y contó que entre las víctimas hay desde empresarios hasta jubilados que confiaron sus ahorros. También criticó acuerdos internacionales que, a su juicio, atenuaron responsabilidades y complicaron la reparación: “Un acuerdo internacional vergonzoso transformó a la gente damnificada en parte de una negociación que revictimiza”.
Bove valoró además la resolución del juez federal Inchausti, que a su entender es “una de las mejores resoluciones” vistas en su carrera por la claridad con que ordena embargos y medidas orientadas a la restitución: “Esa resolución dice que hay que trabar los bienes para devolver el dinero a los ahorristas”. A la vez, advirtió que la vía judicial aún recorrerá etapas —apelaciones y eventuales revisiones por tribunales superiores— y que la recuperación efectiva de fondos requerirá persistencia procesal.
El abogado reclamó a las personas damnificadas que se presenten judicialmente para reclamar sus derechos y dijo que, pese a maniobras de impunidad y estrategias de intimidación contra quienes reclamaban, la causa ha logrado recomponerse y encaminarse “hacia la prosecución y la conclusión con una sentencia condenatoria firme”. Para Bove, el objetivo principal ahora es claro: “Que se le devuelva a la gente el dinero que se le arrebató”.