El analista internacional Sebastián Maril analizó en la 99.9 la situación del juicio por la expropiación de YPF y las recientes presentaciones de países, provincias y organizaciones a favor de la Argentina. Aseguró que el proceso está en su etapa final y que los amicus curiae pueden influir, aunque tienen un valor limitado frente a la decisión de la corte estadounidense.
Sebastián Maril, analista internacional, dialogó con la 99.9 sobre el juicio que enfrenta la Argentina en Nueva York por la expropiación de YPF. Explicó que el proceso, iniciado hace más de una década, “está llegando a un punto culminante y en los próximos 12 a 16 meses veremos el final definitivo”.
En este contexto, valoró la aparición de apoyos internacionales en la apelación por los 16.100 millones de dólares, aunque relativizó su impacto: “Siete países, algunas organizaciones y la provincia de Chubut presentaron informes amicus ante la corte. Esto es normal, pero tiene un peso más político y diplomático que jurídico. En mi opinión, en las cortes norteamericanas este tipo de apoyo tiene menos peso del que creemos, aunque puede persuadir a los jueces”.
Maril remarcó que el único respaldo con incidencia real es el de Washington: “El gobierno de Estados Unidos va a apoyar a la Argentina en esta apelación. El resto de los países es más geopolítica. Incluso las asociaciones bancarias norteamericanas que presentaron escritos a favor de la Argentina tienen más peso que Israel, Ucrania, Rumania, Chile o Uruguay”.
También cuestionó la aparición tardía de provincias y dirigentes argentinos: “¿Dónde estaban hace diez años cuando esto comenzaba? Ahora, cuando estamos a punto de perder, aparecen todos. Ese apoyo lo necesitábamos mucho antes. Hoy puede ser visto como que estamos embarrando la cancha en un momento en el que todo está casi decidido”.
Por último, Maril se refirió a la discusión sobre el origen de la compra de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi: “Se trató de una compra apalancada, el mecanismo más común en Wall Street. Si alguien quiere probar que fue fraudulenta, debe mostrar pruebas que ni los reguladores de Estados Unidos, Argentina y España ni los bancos de Wall Street han podido encontrar en más de diez años. Tal vez si no se encontró nada, es porque no lo hay”, señaló.