En diálogo con la 99.9, el propietario de Villa Normandy puso en el foco la tensión entre desarrollo inmobiliario y conservación patrimonial, reclamó más consenso y cuestionó el alcance de los beneficios fiscales para dueños de inmuebles históricos.
En una entrevista concedida en la 99.9, Rami Lorini Abraham, propietario y responsable de Villa Normandy, se refirió con firmeza al reciente proyecto aprobado por el Concejo Deliberante que propone la construcción de una torre de 36 pisos frente a la costa de Mar del Plata. Con argumentos que entrelazan cuestiones patrimoniales, urbanísticas y tributarias, Abraham expuso su visión, reclamó participación ciudadana y advirtió sobre los límites prácticos de las exenciones que recibiría un inmueble catalogado.
Al inicio de la charla, Abraham sostuvo que “el patrimonio tiene nombre y apellido” y que, aunque las propiedades patrimoniales “son de todos”, también deben reconocerse como bienes privados: “Cuando uno dice que hay que cuidar, preservar, estamos de acuerdo, pero el que cuida es el dueño de la casa, no la Municipalidad ni la Provincia”. En ese sentido, subrayó que las exenciones tributarias concedidas por catalogar un inmueble como de interés histórico —municipales o provinciales— “no alcanzan” para sostener los costos de mantenimiento, especialmente en una casa compleja como Villa Normandy.
Frente al proyecto de torre costera, Abraham no rechazó de plano el desarrollo inmobiliario, pero sí cuestionó su escala y falta de consenso: “No estoy en desacuerdo con que al lado de una casa patrimonial se elabore un proyecto que permita sostenerla, pero tampoco me parece que se use la casa patrimonial para cualquier cosa. Me parece que se merecen proyectos razonables para la ciudad.”
Se preguntó provocativamente por qué no se plantearon alternativas menos disruptivas —por ejemplo, dos torres de 50 pisos o cuatro de 25— y sostuvo que cualquier excepción autorizada para un lote puede terminar transformando toda la manzana: “Cuando autorizás un edificio en una cuadra porque tenés una casa patrimonial, ¿qué le queda a los vecinos? Esa manzana se irá convirtiendo en torre tras torre”.
Abraham reconoció que el Estado tiene limitaciones para intervenir: “El Estado no participa, no tiene capacidad de sostener esto”. Incluso mencionó una iniciativa que planteaba expropiar inmuebles patrimoniales con entusiasmo, pero con dudas prácticas: “¿Con qué plata lo van a hacer? No hay plata para mantener las casas patrimoniales”.
Durante toda la presentación, insistió en la necesidad de que el debate urbano no quede solo en las disputas entre arquitectos y desarrolladores, sino que incluya al propietario y al vecino común: “Hay que opinar también, hay que participar”. En definitiva, reclamó una mirada integral: “Si hay que discutir el código urbano, que sea para todos; la ciudad está siendo transformada por los privados, el Estado va detrás”.
Contexto patrimonial y fiscal
Villa Normandy, construida en 1918 a instancias del empresario francés Félix Delor, es considerada una de las joyas del patrimonio arquitectónico local, de estilo pintoresquista normando.
El régimen de catalogación patrimonial en distintos niveles (municipal, provincial o nacional) suele incluir beneficios tributarios, como exenciones totales o parciales del impuesto inmobiliario y tasas municipales de servicios urbanos, siempre que el inmueble se mantenga en buen estado.
No obstante, como Abraham advirtió, estos beneficios muchas veces no cubren los costos reales de conservación, restauración y mantenimiento de inmuebles antiguos con estructuras complejas. Además, cuando el proyecto inmobiliario autorizado en un entorno patrimonial excede lo razonable, puede provocar una presión transformadora sobre las manzanas colindantes y desdibujar la escala histórica del barrio.
La tensión entre impulso inmobiliario y conservación patrimonial no es nueva en Mar del Plata ni en otras ciudades, pero el caso de Villa Normandy adquiere un simbolismo especial porque pone en el centro la voz del propietario —hasta ahora poco visibilizado— frente a decisiones tomadas por autoridades y desarrollistas.