El Estado nacional, Burford Capital y la petrolera se enfrentaron en la Corte de Apelaciones de Nueva York durante una hora y media. Los jueces quieren saber por qué deben aplicar el derecho argentino en Estados Unidos. Los abogados argentinos pidieron más tiempo para entregar los chats y mails de Sergio Massa y Luis Caputo.
Los abogados de la Argentina se cruzaron este miércoles en una audiencia en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, Estados Unidos, con los representantes legales de los demandantes del caso por el incumplimiento del estatuto social de YPF durante la expropiación el 16 de abril de 2012, respaldada por una ley del Congreso al mes siguiente.
La intención del Estado es reducir o anular la condena por 16.100 millones de dólares más intereses, que corren al 5,42% anual y que ya acumulan casi US$ 2.000 millones extra.
En el Centro Cívico de Manhattan, los abogados de la República Argentina, las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park (estas tres financiadas por Burford Capital) y de la petrolera YPF expusieron sus argumentos para dar vuelta el fallo de Loretta Preska de septiembre de 2023.
Durante una hora y 35 minutos, los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson (todos nombrados durante administraciones demócratas) escucharon a las partes e hicieron preguntas incisivas. Se repitió en varios tramos el desafío de los magistrados a los argumentos de los demandantes y se cuestionó la jurisdicción del caso -si debió o no haber sido juzgado en Estados Unidos-.
De hecho, el tema de la jurisdicción abarcó casi toda la audiencia y giró en torno al «forum non conveniens»; es decir que Estados Unidos no es el ámbito judicial donde se debe resolver el caso, ya que los hechos ocurrieron en otro país (la Argentina) y la ley aplicable es extranjera (también argentina).
El ex procurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías, comentó: «Los jueces de segunda instancia, con sus preguntas, dejaron entrever que el sentido común podría primar. Una lectura entre líneas de lo ocurrido en la audiencia de hoy da motivos de esperanza».
Sebastián Maril, fundador y director de Latam Advisors, analizó: «Argentina salió muy bien parada si analizamos las preguntas formuladas por los jueces y sus comentarios. Con sus preguntas, los jueces nunca van a revelar su opinión, sino que buscan ver cuán sólidas son las defensas de las partes».
Y Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández, marcó: «Es difícil conseguir que una cámara de apelaciones revoque la sentencia de primera instancia. Pero el tenor de las preguntas de 2 de los 3 jueces (Chin y Robinson) al abogado de los demandantes sugiere que Argentina tiene chances. No es poco».
En efecto, el juez Chin, quien al igual que Cabranes ya habían integrado un tribunal de apelación en 2018 para analizar la inmunidad soberana argentina (con resultado en contra para el Estado, avalado después por la Corte Suprema norteamericana), se preguntó si este caso no debería ser juzgado en Argentina.
La audiencia también tuvo su impacto en los mercados, y los inversores salieron en masa de las acciones de Burford Capital en la New York Stock Exchance (NYSE: BUR), lo que provocó una caída de 10% en los papeles del fondo.
Cómo sigue el juicio por YPF en EE.UU.
Después de esta audiencia, los jueces de apelaciones del Segundo Circuito están en condiciones de fallar en cualquier momento, aunque habitualmente suelen demorar unos 6 meses.
Al término del acto, el Gobierno comunicó a través de la Procuración del Tesoro que los abogados del estudio Sullivan & Cromwell, encabezados por Robert Joseph Giuffra Jr., «presentaron los argumentos con claridad, convicción y determinación».
«La defensa destacó la responsabilidad del tribunal de aplicar correctamente el derecho argentino, tal como lo haría un tribunal argentino. La exposición dejó en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado», recordó la Procuración.
En cambio, Mike Fragoso, socio de Torridon Law y representante legal de los demandantes, evaluó: «Los alegatos orales marcaron un buen día en la Corte de Apelaciones. El fallo del tribunal de primera instancia es sólido. El equipo legal de los demandantes presentó un argumento contundente por la restitución que se les debe a los inversores (Petersen y Eton Park)».
“El gobierno de Argentina, a través de sus apelaciones, ha dejado claro que sigue intentando eludir las consecuencias de sus propias acciones —que causaron pérdidas por miles de millones de dólares a inversores y acreedores y que siguen sin ser saldadas hasta la fecha», añadió.
Por otro lado, y en un caso vinculado pero paralelo, la Argentina pidió más tiempo para producir documentación sobre los chats y mails de Sergio Massa, Luis Caputo y otros funcionarios respecto a YPF, donde se busca conocer si el Gobierno influyó en las decisiones de la petrolera, que sería un alter ego del Estado.
Los argumentos de la Argentina en el caso YPF
«Este litigio no es un caso de derecho bursátil estadounidense, ni se refiere a supuestas declaraciones efectuadas en el prospecto de oferta pública inicial (IPO) de YPF de 1993. Los demandantes no adquirieron sus intereses en YPF en dicha oferta pública, sino en 2008, principalmente en transacciones privadas realizadas en España con Repsol, rodeadas de serias sospechas de corrupción», cuestionó el Gobierno.
Para los representantes del Estado nacional en el caso, las sociedades Petersen, al no poder pagar sus deudas (mediante la extracción de dividendos de YPF):
- Obtuvieron su participación accionaria con una inversión de capital mínima y, junto con Repsol, drenaron los recursos de YPF en el período previo a la expropiación mediante el pago de dividendos exorbitantes.
- Eran plenamente conscientes de que cualquier controversia relativa a la aplicación del estatuto de YPF debía resolverse conforme a la ley argentina y ante los tribunales argentinos.
- Tras la expropiación, los demandantes optaron por no acudir a los tribunales argentinos y presentaron sus reclamos en los Estados Unidos varios años después.
Así fue como «la sentencia resultante (de Preska), que pretendió aplicar el derecho argentino, llegó a conclusiones a las que ningún tribunal argentino ha llegado ni llegaría jamás».
La Argentina señaló que «el verdadero impulsor de este litigio es Burford Capital, un fondo con sede en el Reino Unido dedicado a financiar litigios, que está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria».
Y afirmó que «Burford Capital ha manifestado públicamente su intención de ‘poner arena en los engranajes’ del proceso de normalización de la Argentina, es decir, obstaculizar los esfuerzos del país por reinsertarse en los mercados internacionales de capital y participar plenamente en la economía global».
«Esta postura revela que el objetivo del fondo trasciende cualquier pretensión jurídica legítima: busca interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República, afectando no sólo a la Argentina sino también a los intereses de sus socios e inversores internacionales», cuestionó.
Los funcionarios de Javier Milei también aprovecharon para señalar que «este caso refleja el modus operandi de gobiernos anteriores liderados por Cristina Fernández de Kirchner, durante los cuales determinados grupos empresariales, amparados por el poder político, se enriquecieron sin riesgo y quebraron sin rendir cuentas».