La innovación no es un lujo académico, sino un requisito para el desarrollo económico y la soberanía tecnológica.
Después de años sin una brújula clara en materia de innovación, Argentina vuelve a contar con un plan nacional que articula la ciencia, la tecnología y la producción. La Resolución 282/2025, publicada en el Boletín Oficial, aprobó los Lineamientos Estratégicos de Innovación, Ciencia y Tecnología 2025-2027, elaborados por la Secretaría de Innovación bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Más allá del lenguaje burocrático, el dato central es que el país recupera una hoja de ruta para orientar la inversión pública en I+D hacia el desarrollo productivo.
Durante mucho tiempo, la política científica argentina sufrió de fragmentación institucional, presupuestos erráticos y desconexión con las necesidades del sector productivo. En lugar de impulsar capacidades tecnológicas locales, se multiplicaron proyectos aislados sin continuidad ni impacto económico. En ese contexto, contar con un marco estratégico no es un simple formalismo: es una herramienta para ordenar prioridades, coordinar esfuerzos y dar previsibilidad a empresas, universidades y gobiernos provinciales.
El nuevo plan parte de una premisa sencilla pero fundamental: la innovación no es un lujo académico, sino un requisito para el desarrollo económico y la soberanía tecnológica. Su enfoque apunta a vincular el sistema científico-tecnológico con sectores estratégicos como la agroindustria, la minería, la energía, la salud y la economía del conocimiento. En otras palabras, busca que el conocimiento generado en los laboratorios se traduzca en soluciones concretas, nuevos productos y empleos de calidad.
Este tipo de articulación es clave para que el país deje de depender exclusivamente de ventajas comparativas naturales —recursos, tierra o energía— y empiece a construir ventajas competitivas dinámicas, basadas en tecnología, talento y conocimiento aplicado. Se trata de pasar del paradigma extractivo al productivo: aprovechar los recursos, pero también desarrollar proveedores nacionales, servicios de ingeniería, software y equipamiento que amplíen el valor agregado local.
En ese sentido, los Lineamientos 2025-2027 retoman una visión de política industrial moderna: aquella que no busca «elegir ganadores», sino fortalecer capacidades tecnológicas transversales. Por ejemplo, impulsar tecnologías digitales para la eficiencia agroindustrial, soluciones de automatización y control para la minería, o biotecnología aplicada a la salud y la energía. Son apuestas que multiplican eslabonamientos y mejoran la competitividad sistémica.
Un punto destacable es que este plan se enmarca en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, aprobado por ley (N° 27.738), lo que le da sustento legal y continuidad institucional. En un país donde las políticas de largo plazo suelen desvanecerse con cada cambio de gestión, ese respaldo es más que simbólico: puede ser la base de un acuerdo político y federal sobre la importancia estratégica de la innovación.
Por supuesto, un plan no garantiza resultados por sí mismo. El verdadero desafío estará en su ejecución: qué proyectos se priorizan, cómo se financian, cómo se mide su impacto y de qué manera se articulan los distintos niveles de gobierno con el sector privado. También será crucial evitar la dispersión presupuestaria y concentrar esfuerzos en iniciativas con alto potencial de derrame productivo. La gobernanza del sistema —la coordinación entre Nación, provincias, universidades y empresas— será determinante.
La experiencia internacional muestra que las políticas exitosas de innovación combinan tres elementos: visión estratégica, financiamiento sostenido y articulación público-privada. Corea del Sur, Finlandia o Australia lograron consolidar ecosistemas de innovación justamente porque supieron alinear investigación, industria y política pública bajo una misma dirección. No se trata de copiar modelos, sino de entender que la ciencia, cuando se vincula con la producción, deja de ser gasto y se convierte en inversión.
En sectores como la minería y la energía, esta mirada puede ser transformadora. El desarrollo de proveedores tecnológicos locales —como lo hizo Australia con su red METS (Mining Equipment, Technology and Services)— es un ejemplo de cómo la innovación aplicada puede generar valor agregado, empleo calificado y exportaciones de servicios. Argentina tiene el talento y los recursos para hacerlo; lo que faltaba era un marco institucional que dé previsibilidad y dirección.
En definitiva, la Resolución 282/2025 no es solo un anuncio administrativo. Es la señal de un cambio de época en la forma en que el Estado entiende la innovación: ya no como un capítulo aislado de la política científica, sino como una política de desarrollo productivo con horizonte tecnológico. Si logra sostenerse, puede marcar el comienzo de una etapa donde el conocimiento se transforme en productividad y la ciencia vuelva a ser motor del desarrollo nacional.