El presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Pablo Pirovano, cuestionó duramente el desarrollo del juicio oral por presunta corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo. Advirtió que el esquema de audiencias virtuales y la falta de liderazgo judicial podrían extender el proceso hasta 2032, generando “una parodia de justicia”.
El abogado y presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Pablo Pirovano, expresó su preocupación por la forma en que se está desarrollando el juicio oral contra exfuncionarios kirchneristas por presunta corrupción en la obra pública. En diálogo con la 99.9, sostuvo que el proceso, tal como está planteado, “podría no tener una sentencia firme antes de 2032”, algo que calificó como “una burla al Estado de Derecho y a la sociedad”.
“Seguramente no lo vamos a ver. Y eso es lo más grave. No se trata sólo de condenar a quienes son acusados, sino de que haya sentencia, de que haya justicia también para los presuntos inocentes. El estado de sospecha permanente no es compatible con una república”, remarcó Pirovano.
El titular de FORES señaló que la lentitud judicial no sólo afecta la credibilidad institucional sino también la vida de las personas. Recordó el caso reciente de un hombre en Mar del Plata que fue declarado inocente por un jurado popular tras pasar tres años preso. “Tres años de su vida perdidos, con todo lo que eso significa. La justicia debe actuar con rapidez, y para eso necesita infraestructura y liderazgo”, enfatizó.
En ese sentido, Pirovano comparó la situación argentina con otros procesos complejos. “En Italia, el juez Falcone llevó adelante el juicio contra la Cosa Nostra, con 400 imputados, en dos años. ¿Cómo puede ser que aquí hagamos un juicio una vez por semana, con imputados conectados desde sus casas, sin formalidad ni control?”, se preguntó.
El abogado también elogió la labor de la fiscal Fabiana León, quien, según dijo, “evitó que muchos imputados eludieran el juicio mediante pagos simbólicos”. Sin embargo, advirtió que “más allá de las actuaciones individuales, lo inaceptable es que el Poder Judicial se tome este tiempo tan relajado para juzgar”.
“Mientras el Poder Judicial anuncia que tiene una sala tecnológica para 300 personas, decide hacer un juicio remoto, con audiencias dispersas. Es muy raro. Esperamos que la Corte intervenga y que el proceso se encauce de forma seria”, apuntó.
Pirovano subrayó que la demora podría incluso derivar en la prescripción o nulidad de las condenas, como ocurrió en causas anteriores. “En el caso Menem, la Corte anuló una sentencia por el paso del tiempo. Ese riesgo está expuesto. La Justicia lo sabe y no puede mirar para otro lado. Si este juicio dura 25 años, se va a caer solo”, alertó.
Por último, reclamó que todos los actores institucionales —la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y los tribunales de superintendencia— “tomen cartas en el asunto para evitar que se repita este escándalo procesal”.
“La Justicia debe actuar todos los días si es necesario. Un juicio de esta magnitud no puede durar más de un año. Si dura 32, no es justicia: es impunidad”, concluyó Pirovano.