El fiscal explicó en la 99.9 cómo se esclareció el asalto a un matrimonio de 80 años en Playa Grande y advirtió sobre el uso creciente de inhibidores, clonadores de llaves y la participación de detenidos que organizan delitos desde unidades penitenciarias. Reclamó reformas legales para enfrentar estas nuevas modalidades.
El fiscal Mariano Moyano detalló en la 99.9 el avance de la investigación sobre el violento robo sufrido por un matrimonio de adultos mayores en la zona de Playa Grande, donde cuatro delincuentes ingresaron al departamento y se llevaron diversos objetos de valor. “A partir del teléfono celular robado pudimos rastrear ubicaciones y llegar a un domicilio preciso, lo que permitió allanar y recuperar el aparato”, señaló.
En ese procedimiento fue detenida una persona que tenía en su poder el dispositivo. El fiscal explicó que quedó imputada por encubrimiento: “Dijo haberlo comprado por Marketplace, a un precio muy inferior al mercado y sin ningún comprobante. Se dan todos los parámetros del encubrimiento”. Moyano aclaró que en este caso no había evidencias que lo ubicaran como integrante de la banda, aunque en investigaciones anteriores sí han detectado partícipes directos entre quienes detentan objetos robados.
El funcionario describió un escenario delictivo cada vez más complejo. “Estamos investigando cómo estas personas ingresaron al edificio. Sabemos por otros casos que han proliferado equipos para inhibir alarmas y clonar llaves. En varios allanamientos secuestramos estos dispositivos, que facilitan robos en viviendas y vehículos”, detalló. Y planteó la necesidad de cambios legislativos: “La tenencia de estos elementos hoy casi no tiene escala penal, pero son herramientas centrales para cometer delitos”.
Moyano también advirtió sobre un fenómeno creciente: el uso de la información almacenada en los vehículos modernos. “Al ingresar a un auto pueden obtener datos del domicilio del titular y desde allí iniciar un robo. Hemos tenido casos de bandas que vienen a Mar del Plata solo a eso”, indicó.
A este cuadro se suma un problema estructural: la coordinación de delitos desde las propias cárceles. “Personas privadas de su libertad, con autorización para usar celulares dentro de las unidades, planifican ilícitos desde su lugar de alojamiento. Lo hemos comprobado en investigaciones”, afirmó. Para el fiscal, este factor es determinante y “conspira contra cualquier mejora en la seguridad”.
Moyano remarcó que la investigación del caso continúa para determinar cómo operó la banda y si hay otros involucrados. “Es un esquema delictivo muy peligroso, con tecnología cada vez más accesible y grupos que se reciclan rápidamente”, concluyó.