En diálogo con la 99.9, la abogada Laura Olea, integrante de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, celebró que la Cámara Federal considere el atentado al Comedor de Coordinación Federal de 1976 como una “grave violación a los derechos humanos” y afirmó que llegó el momento de aplicar la misma doctrina usada contra agentes del Estado a los responsables de la violencia armada de los años 70.
La abogada Laura Olea, integrante de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, analizó en la 99.9 la audiencia virtual realizada por la Cámara Federal en la causa que investiga el atentado contra el Comedor de Coordinación Federal, perpetrado en 1976. Según explicó, el proceso abrió una expectativa concreta: “Pareciera que la balanza podría equilibrarse”, señaló.
Olea recordó que desde hace dos décadas rige en la justicia argentina una doctrina —a partir de fallos de la Corte Suprema— que permitió reabrir juicios contra agentes estatales por crímenes cometidos durante los años 70. “Esa doctrina debe ser aplicada a todos aquellos que hayan tenido intervención y protagonismo en aquellos años de violencia”, afirmó, aun cuando desde su organización cuestionan esos mismos fallos de la Corte. “Lo cierto es que tienen vigencia desde hace 20 años y entendemos que corresponde ser aplicada”, remarcó.
La abogada contextualizó que la Cámara Federal calificó aquellos hechos como parte de una “guerra revolucionaria”, en línea con lo que ya establecía la causa 13 sobre las Juntas Militares, y destacó que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar el caso de La Tablada en 1989, también encuadró ese episodio como parte de un conflicto armado no internacional. “A todas las partes que intervienen en estos conflictos internos les son aplicables las mismas normas”, sostuvo.
Para Olea, es necesario terminar con lo que definió como un relato que se ha sostenido durante décadas: “Hay que acabar con esa historia que describe a las organizaciones terroristas como jóvenes idealistas que luchaban por la democracia”. Añadió que ese discurso dejó impunes a los máximos responsables de atentados y acciones armadas, mientras “un cabo está privado cautelarmente de la libertad por más de 10 años”. Para la abogada, la situación “choca contra el sentido común y el mínimo sentido de justicia”.
Durante el intercambio, Olea subrayó que existe abundante evidencia sobre la inserción internacional de estas organizaciones armadas. “Hay aproximadamente 350 libros escritos por los propios protagonistas donde reconocen el apoyo de Estados extranjeros”, señaló. Mencionó documentos sobre el entrenamiento de Montoneros en Siria y Líbano, el reconocimiento público de Fidel Castro en 1998, y conexiones descritas por autores como Juan Yofre. También repasó antecedentes como la Tricontinental (1966), la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) (1967) y la Junta Coordinadora Revolucionaria (1972), ámbitos donde se articulaban movimientos armados de la región.
“Hay infinidad de documentación que acredita la conexión de estas organizaciones con Estados extranjeros”, insistió, y cuestionó la interpretación argentina del Estatuto de Roma, según la cual los delitos de lesa humanidad solo pueden ser perpetrados por agentes del Estado: “Es una interpretación única en el mundo; los convenios internacionales no hacen esa distinción”.
Respecto de los planteos de las defensas de los imputados —entre ellos, Mario Firmenich—, Olea señaló que invocan la violación del principio de cosa juzgada porque instancias anteriores ya habían tratado la cuestión. Sin embargo, recordó que la propia Corte Suprema, en el fallo Maceo, sostuvo que ese principio no se aplica en casos de graves violaciones a los derechos humanos, y que gracias a esa doctrina se reabrieron procesos contra agentes estatales anulando incluso fallos previos y los efectos de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos.
“Es paradójico que hoy quienes defendieron esa doctrina para juzgar a agentes del Estado quieran desconocerla para evitar que se juzgue a las organizaciones guerrilleras”, concluyó. Según Olea, la oportunidad que se abre ahora ante Casación permitiría que, por primera vez, la justicia alcance también a los responsables de los atentados y la violencia armada de los años 70, cerrando una desigualdad que, asegura, lleva décadas.