El licenciado en Ciencias Geológicas Ignacio Rovira analizó en la 99.9 la habilitación del proyecto de cobre en la mina San Jorge en Mendoza. Sostuvo que el avance marca un punto de inflexión tras más de dos décadas de políticas “antiproductivas” y reclamó evaluaciones serias, sin “psicopateos ideológicos”, para destrabar inversiones, empleo y desarrollo minero en todo el país.
El licenciado en Ciencias Geológicas Ignacio Rovira consideró en la 99.9 que la reciente aprobación del proyecto de explotación de cobre en la mina San Jorge representa un giro clave en la política minera de Mendoza y, por extensión, del país. “Es un paso importante en la habilitación de recursos que venían dormidos hace más de 20 años”, afirmó, aludiendo al freno impuesto por discursos “antiproductivos” y a una falta de comunicación clara sobre cómo funciona la actividad.
Rovira remarcó que, si bien no se trata de un proyecto de megaminería, su relevancia es estratégica: “Es el primero, por algún lado hay que empezar”. Detalló que contempla una inversión de 300 a 400 millones de dólares, con impacto concreto en exportaciones, empleo y dinamización económica. Para él, la medida abre la puerta a revisar otros proyectos que quedaron “en el armario” por restricciones políticas más vinculadas a temores y desconocimiento que a evaluaciones técnicas.
La demanda creciente de minerales como el cobre —acentuada por la electrificación global, el uso masivo de dispositivos electrónicos y la transición energética— confirma la oportunidad. “Todo lo que usamos consume electricidad y cables. La demanda es anómala y la necesidad de materia prima es evidente”, explicó.
Consultado sobre las denuncias de contaminación en Catamarca, Rovira pidió distinguir entre evidencia y relato. “La minería convive con riesgos, como cualquier actividad industrial, pero las compañías invierten mucho en seguridad porque nadie quiere perder dinero”, señaló. Añadió que muchas veces las acusaciones no tienen correlato técnico y que existen incluso procesos naturales de contaminación —como la presencia de mercurio en cuerpos de agua por erosión de rocas— que suelen interpretarse erróneamente como consecuencia directa de la actividad extractiva. Por eso, reclamó análisis “quirúrgicos” para evitar caer en alarmas infundadas y en el uso político del miedo: “Hay que estar atentos para no dejarse psicopatear”.
Rovira recordó que la oposición sistemática a la minería ha tenido consecuencias profundas. Mencionó los casos de Chubut —incluido el ataque al diario El Pregón— y la paralización de proyectos de enorme potencial, como Navidad, uno de los yacimientos de plata más grandes del mundo, frenado por ser catalogado, según dijo, como “mega minería contaminante” sin fundamentos técnicos sólidos. “La prohibición daña más que el permiso”, sentenció.
Para el geólogo, la decisión mendocina podría generar un efecto arrastre: “Les da la posibilidad a muchos Estados de revisar estas cuestiones y revertir años de políticas que nos frenaron”. Advirtió además que el país deberá prepararse para nuevas discusiones, especialmente la ley de glaciares, clave para el manejo del recurso hídrico en provincias con potencial minero como Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta, Chubut y Santa Cruz.
En ese sentido, valoró que la etapa que se abre sea de debate y no de prohibiciones automáticas. “El ministro Sturzenegger dijo que venían tiempos de mucha democracia y mucha discusión, y creo que es esto: abrir la discusión y no prohibir porque sí”, concluyó. Para Rovira, el desafío es claro: recuperar racionalidad, evaluar cada proyecto por sus méritos y permitir que la minería vuelva a ser una fuente real de divisas, empleo y desarrollo para la Argentina.