Desde La Haya, el abogado especialista en derecho internacional analizó el año más complejo para la Corte Penal Internacional, las sanciones impulsadas por Donald Trump y el avance de una política exterior basada en la fuerza y la intimidación, con consecuencias que —advirtió— tarde o temprano llegarán.
El abogado especialista en derecho internacional Javier Ruiz, residente en los Países Bajos y vinculado a la actividad de la Corte Penal Internacional (CPI), realizó un duro diagnóstico sobre el escenario global al cierre de un año que calificó como “muy difícil” para el Tribunal. En diálogo con la 99.9, señaló que la política exterior de Estados Unidos, particularmente bajo la impronta de Donald Trump, tiene como objetivo central “romper el multilateralismo” y colocar a Washington “por encima de la ley internacional”.
“Fue un año bastante difícil para el Tribunal. Estados Unidos eligió directamente enfrentarse con la Corte Penal Internacional, como también lo hace con el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra y, más adelante, seguramente con la ONU”, explicó Ruiz. Según sostuvo, no hay manera de llevar adelante “una política imperialista del siglo XXI o un unilateralismo recargado” sin sancionar organismos multilaterales y sin debilitar el sistema jurídico internacional.
En ese marco, advirtió que se está imponiendo una lógica peligrosa: “Hoy el mundo se empieza a mirar desde la política internacional, salteándose la ley internacional. Mucha gente da por sentado que lo que dice Estados Unidos es palabra santa, cuando en muchos casos está violando el derecho internacional. Y eso va a tener consecuencias, si no es ahora, será en el futuro”.
Ruiz detalló que las sanciones impulsadas por Estados Unidos contra funcionarios de la Corte ya fueron refutadas por ilegales. “Estados Unidos no puede sancionar a un organismo internacional del cual no es parte. No es miembro de la Corte Penal Internacional. Además, una contramedida, según el derecho internacional, requiere un previo aviso, cosa que acá no ocurrió”, explicó. También remarcó la doble vara aplicada por Washington: “No dice nada cuando avanzan investigaciones en Sudán o Nigeria, pero reacciona cuando se investiga a Israel o cuando hay tropas estadounidenses comprometidas, como en Afganistán”.
“El mensaje es claro: no hay ley internacional por encima de lo que políticamente se le antoje a Estados Unidos”, afirmó, y agregó que esa lógica “aplica para todo el mundo y para todos los conflictos”.
Consultado sobre el funcionamiento cotidiano del Tribunal en este contexto, Ruiz explicó que, pese a las presiones, la actividad continúa. “La actitud de la Corte es seguir para adelante con todo y como sea. Se espera que haya más sanciones, pero no hay otra opción que continuar trabajando y hacer control de daños”, señaló. En la Fiscalía trabajan cerca de 200 personas y, hasta el momento, sólo una parte mínima fue sancionada tanto por Estados Unidos como por Rusia, país que —recordó— también avanzó contra funcionarios del Tribunal.
En ese escenario, el abogado destacó la importancia de que la Unión Europea ponga en práctica el llamado “estatuto de bloqueo”, una herramienta que permite a las organizaciones internacionales seguir funcionando pese a sanciones extraterritoriales. “Habrá que ver también qué pasa en 2026, cuando la Corte Internacional de Justicia deba fallar sobre la demanda de genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel. Estados Unidos tiene dos jueces allí y su comportamiento será clave”, anticipó.
Ruiz fue especialmente crítico al analizar la política de seguridad estadounidense en la región. “Las ejecuciones de narcotraficantes en el Mar Caribe son crímenes de lesa humanidad. Son actos de intimidación. No existe un conflicto armado internacional que los justifique”, sostuvo, y añadió que muchas de estas acciones “ni siquiera respetan la propia ley americana”.
En ese sentido, indicó que si Estados Unidos quisiera actuar conforme al derecho internacional debería recurrir a Naciones Unidas y al principio de “responsabilidad de proteger”. “Si un Estado no puede proteger a sus ciudadanos, la comunidad internacional tiene la obligación de hacerlo, pero con mandato de la ONU. No de manera unilateral”, subrayó.
Finalmente, Ruiz advirtió que esta lógica de fuerza, aplicada también en Medio Oriente, Venezuela o Ucrania, deja un escenario de enorme fragilidad jurídica y política. “Se subestiman los conflictos, se aplican remedios precarios y se viola la ley internacional. Esto, más tarde o más temprano, va a tener consecuencias. Es inexorable”, concluyó.