El analista internacional advirtió en la 99.9 sobre el avance del juicio por YPF en Estados Unidos, el riesgo de sanciones y desacato contra la Argentina y cuestionó la estrategia histórica de “patear la pelota”, que ya elevó el costo del litigio a cifras cercanas a los 16.000 millones de dólares.
El analista internacional Sebastián Maril analizó en la 99.9 la compleja situación judicial que enfrenta la Argentina por el juicio de YPF en Nueva York y alertó sobre las consecuencias institucionales y financieras de la estrategia adoptada por el país. “El problema del juicio YPF tiene abiertos una cantidad de frentes imposible de explicar en pocos minutos”, señaló, al detallar que existen causas en al menos siete países, cinco apelaciones paralelas y nuevos pedidos que podrían derivar en sanciones contra el Estado argentino.
Según explicó, a partir de mediados de enero la jueza Loretta Preska comenzaría a recibir informes de los beneficiarios del fallo, quienes solicitarían “desacato y sanciones contra la República Argentina y contra funcionarios que se niegan a entregar sus dispositivos para ser analizados por comunicaciones oficiales”. En ese contexto, Maril recordó un antecedente sensible: “La última vez que Argentina estuvo en desacato con la Corte de Nueva York fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en la época de los holdouts”.
El especialista fue contundente al evaluar el impacto de ese escenario: “Estar en desacato con un foro neoyorquino, donde vas a ir a buscar financiamiento pronto, no es nada lindo para nuestro país”. Para Maril, el problema se agrava porque, más allá de los cambios políticos, la estrategia legal se repite. “En Argentina cada gobierno entrante deshace lo que hizo el anterior, excepto en esto: siempre se ignora el juicio, se demora, se patea la pelota, no se cumple con órdenes judiciales”, afirmó.
En ese sentido, aclaró que su postura no responde a alineamientos partidarios. “Yo no soy partidario de absolutamente nadie. Quiero que Argentina cumpla el Estado de Derecho para que vengan inversiones y sacarnos estos juicios de encima, que son una piedra en el zapato”, subrayó. Y advirtió que incluso con una gestión que considera positiva en otros aspectos, “este juicio se sigue ignorando y la jueza Preska se está enojando, como se enojó Thomas Griesa en su momento”.
Maril también se refirió a la posibilidad de una negociación con los fondos demandantes y aseguró que “Burford Capital quiere negociar desde hace años”. Reveló que ya durante el gobierno de Mauricio Macri existieron conversaciones preliminares, incluso antes del fallo. “Ellos sabían que esto iba a terminar así y propusieron sentarse a negociar”, explicó, aunque esa instancia fue descartada.
El costo de esa decisión, según el analista, fue enorme: “Un juicio que Macri podría haber resuelto por 4.000 millones de dólares, Alberto Fernández por 8.000 millones, hoy Javier Milei lo tiene que resolver por 16.000 millones”. Y lanzó una advertencia clara: “Si seguimos pateando la pelota, vamos a ir a 20.000 millones. Y no hay garantía de que la apelación salga bien”.
Finalmente, Maril sostuvo que cualquier intento de acuerdo tendrá un fuerte costo político interno. “No importa quién sea el gobierno: cualquiera que se siente a negociar va a ser acusado de entregador o vendepatria”, afirmó. Por eso, consideró que la única salida posible, en caso de derrota judicial, será “contar con una aprobación del Congreso que respalde una negociación y evite persecuciones políticas futuras”.
De cara al futuro, estimó que el proceso será largo. “No creo que este caso se resuelva en 2026”, señaló, aunque anticipó que “la gran cita de la Argentina será cuando la Corte de Apelaciones publique su fallo, probablemente a mediados de 2026”, un momento que podría marcar un punto de inflexión definitivo en una de las causas judiciales más costosas de la historia del país.