El fiscal David Bruna detalló la investigación que terminó con la condena a dos abogados considerados jefes de una banda dedicada a la apropiación fraudulenta de propiedades. Habló de expedientes judiciales falsos, firmas adulteradas, funcionarios involucrados y un juicio oral que continuará en abril.
El fiscal David Bruna brindó precisiones sobre la compleja causa que derivó en la condena de dos abogados por integrar una organización dedicada a la apropiación fraudulenta de inmuebles, una investigación que demandó casi una década de trabajo y expuso severas falencias en los controles del sistema registral.
Según explicó, la causa se inició en 2016 y fue elevada a juicio en 2020, tras una investigación “bastante ardua y complicada” por la cantidad de inmuebles y de información que debió recabarse. “Se llegó a tener un expediente de más o menos 8.000 fojas, lo que da una dimensión de la magnitud del caso”, señaló en 99.9, destacando que finalmente se logró «desentrañar esta organización y llevar a juicio prácticamente a todos sus integrantes”.
Bruna confirmó que los abogados Adrián Alfredo Bovati y José Luis Martínez Crisóstomo fueron los primeros condenados mediante juicios abreviados. “Bovati era el jefe de la organización y Martínez Crisóstomo su mano derecha”, precisó. El primero recibió una pena de siete años y ocho meses de prisión efectiva, mientras que el segundo fue condenado a cinco años, también de cumplimiento efectivo.
No obstante, aclaró que la banda estaba integrada por muchas más personas. “Se llevaron a juicio unas 16 o 17 personas. Varios de los particulares beneficiados por la adquisición fraudulenta de inmuebles celebraron suspensiones de juicio a prueba, con la reparación del daño, que implica retrotraer el estado jurídico anterior del inmueble obtenido ilegalmente”, explicó. Además, indicó que aún quedan unas cinco personas que optaron por ir a juicio oral, el cual está previsto para el 13 de abril.
El fiscal detalló que la maniobra incluía a diversos profesionales y funcionarios. “Hay agrimensores, un escribano que es investigado en una causa separada, un funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble de La Plata que era el nexo, más abogados y hasta una persona del círculo familiar directo de Bovati”, enumeró. Incluso recordó que ya fue condenado el imprentero encargado de confeccionar “folios, oficios y sellos falsos”.
Respecto del ejercicio profesional, Bruna explicó que los abogados procesados aún no están suspendidos en la matrícula. “Los colegios de abogados exigen condena firme para excluirlos. Hasta ahora entendemos que no estarían ejerciendo, pero formalmente no están suspendidos”, indicó, aunque remarcó que la sentencia impone expresamente la exclusión de la matrícula.
Sobre el modus operandi, el fiscal fue contundente al describir la sofisticación de la estructura. “Se fraguaron expedientes judiciales completos, se inventaron causas, se falsificaron firmas de jueces y secretarios, y con eso se generaba un basamento legal para que el Registro de la Propiedad inscribiera medidas cautelares o transmisiones dominiales”, explicó. En total, se investigaron unos 50 inmuebles, muchos de ellos pertenecientes a personas fallecidas o sociedades inactivas, lo que dificultaba la detección del fraude.
“Era un sistema que pasaba por debajo del sistema”, resumió Bruna, al señalar que incluso jueces de paz fueron convocados como testigos, ya que sus firmas y las de sus funcionarios habían sido falsificadas. El caso comenzó a desmoronarse cuando se cometió un error en un inmueble cuyo titular estaba vivo y advirtió la maniobra.
Finalmente, el fiscal señaló que el impacto de la causa obligó a revisar procedimientos internos. “Dentro del Registro de la Propiedad Inmueble se ajustaron algunos mecanismos para evitar que esto vuelva a ocurrir. Incluso se allanó el organismo para obtener toda la información”, indicó, reconociendo que aún persisten graves problemas estructurales. “La cuestión catastral en la provincia sigue siendo muy atrasada, lamentablemente”, concluyó.