Sin planificación urbana y sin reforzar el cumplimiento de las normas más básicas, Mar del Plata está subyugada a un doble comando que la tiene a la deriva.
«Una sociedad crece cuando los ancianos plantan árboles a cuya sombra jamás se sentarán», dice un viejo proverbio cuya sabiduría escapa completamente a los protagonistas de nuestra política vernácula, solamente preocupados por la última foto o videíto para TikTok.
Mientras los acting para las redes se multiplican, en la ciudad están pasando cosas serias de las que nadie parece ocuparse: No hay planificación urbana alguna, y la ciudad crece al ritmo de una inversión privada que nadie encausa, acumulando problemas que, tarde o temprano, serán un dolor de cabeza para todos los marplatenses. El tránsito sigue siendo un caos, mientras que hay esquinas que jamás han visto la presencia de un agente de tránsito y el municipio intenta que no se hable del tema, escondiendo las cifras. Y ni hablar de la aplicación de las normas más básicas y elementales, como la que prohíbe en nuestra ciudad la actividad ligada a las aplicaciones de transporte: a pesar del compromiso firmado por Montengro en su momento, es claro que el municipio decidió abandonar los controles y dejar que los socios de Ladrey Iglesias puedan llevar adelante sus negocios impunemente.
Tanto dejar hacer, dejar correr, va a terminar teniendo consecuencias a largo plazo. Pero, tanto para quienes llegaron de visita a una ciudad que nunca sintieron propia, como para quienes calientan asientos pensando que están cumpliendo un sueño infantil, parece no importarles.
Creen que gobernar se trata de postear en redes sociales.
¿Y el plan, maestro?
Diego Domingorena es el presidente del Colegio de Arquitectos Distrito 9, y brindó una entrevista a la FM 99.9 a partir de la polémica instalada por el desarrollo de un nuevo barrio privado en la zona sur de la ciudad.
Al respecto, dijo: «El municipio abrió a consultas públicas para la evaluación de impacto ambiental de este barrio que se quiere implantar detrás del Bosque Peralta Ramos, en lo que era Reserva del Bosque; se llama Bosque y Mar. Bueno, hicimos una serie de observaciones que tienen que ver, en primer lugar, con lo que es una normativa provincial que, para un cambio de uso, tiene que tener la convalidación de las oficinas provinciales, y eso no ocurrió. El mismo informe de Impacto Ambiental también dice que está en trámite todo lo que es la estructura de provisión de agua, de cloaca, la gestión hídrica y de los accesos».
Continuó: «La desarrolladora que promociona este barrio publica que el acceso al sería por una calle interna de lo que es el Bosque de Peralta Ramos, que se llama Manglares; que es una calle menor, sin asfalto, lo que es totalmente opuesto a lo que la norma indica: un barrio privado tiene que tener salida a un acceso principal, a una vía calificada, por temas de seguridad, incendios, ambulancias. Inclusive, todo el proceso de construcción del barrio: lo que son grúas, camiones de hormigón, todo lo que implica ese desarrollo, es imposible que para ello se utilice una vía como una callecita en el bosque para acceder».
Añadió: «Otra de las cosas que observamos, es que no se respeta el camino de sirga que hay que dejar cuando hay un espejo de agua, lo que responde a una ley provincial y nacional. En el informe se habla de 15 metros y esa distancia es la reglamentaria cuando el arroyo está entubado, pero el arroyo Corrientes no está entubado en ese sector y entonces tendría que haber entre 30 y 50 metros de distancia entre lo construido y el arroyo».
Otra cuestión de importancia, es todo lo que tiene que ver con la cuestión pluvial: «No hay una definición de cómo va a evacuar realmente el barrio. Es más: lo dice en el informe, y aparte no está evaluado todo el impacto que se viene causando en ese sector, donde vos sabés que se implantan periódicamente nuevos barrios. Cada barrio se ocupa de cómo evacúa su agua pluvial, pero no piensa en el vecino, en el lindero. Y entonces así es una secuencia de inconsistencias respecto a una estructura que esté pensada de cómo se escurre el agua».
Pero el problema de fondo es que no existe una planificación real que permita enmarcar estos desarrollos privados y evitar así problemas a futuro: «Esto no es más que una mancha más del tigre y nosotros siempre decimos que Mar del Plata no tiene un plan maestro de desarrollo, de crecimiento. En contraposición con esto, yo te cuento: el lunes lanzamos en General Alvarado un concurso de masterplan para toda la zona norte de Miramar, y lo que es para nosotros la zona sur. Felicitamos y celebramos que la Intendencia de General Alvarado haya tomado conciencia de esto. Primero, que haya puesto en funcionamiento la idea de que hay que planificar cómo se expande la ciudad. Y después, bueno, una cuestión más propia nuestra, que sea a través de un concurso, que siempre nosotros sostenemos que es lo más transparente, lo más eficiente, lo más participativo. Así que ahí tenés claramente una contraposición. El tema de un masterplan, o un plan rector, no es un invento nuestro: a los arquitectos y arquitectas que estudiamos todos en diferentes universidades en el mundo nos enseñan en algún momento de la carrera que una ciudad se proyecta y se construye y se desarrolla así.»
Domingorena dejó en claro que esta es una responsabilidad del Ejecutivo, que es quien no toma riendas en el asunto para evitar problemas mayores a futuro: «Nosotros con los desarrolladores no tenemos absolutamente nada que decir, al contrario, celebramos que quieran invertir en Mar del Plata. Si no hay desarrolladores, es imposible que una ciudad crezca. Ahora, cuidar la ciudad, pensarla y cómo se va a desarrollar no es una cuestión que le incumba a los desarrolladores, ellos están para hacer plata y está muy bien. El que tiene que pensar cómo sus desarrolladores hacen la plata y cómo impactan en la ciudad, es el Ejecutivo. Eso es clarísimo.»
Escondiendo
El referente de la ONG Familiares y Víctimas del Delito y el Tránsito, Héctor Blassi, advirtió esta semana sobre el fuerte crecimiento de los siniestros viales en Mar del Plata, denunció la falta de información oficial y alertó por el abandono del control del tránsito en plena temporada.
«El aumento de la siniestralidad y de la mortalidad en el tránsito pareciera no tener importancia para los funcionarios», denunció Blassi, quien agregó: «optan por no brindar la información necesaria a las ONG y a las instituciones civiles que trabajamos en esto».
Blasi señaló que el cierre de 2025 dejó «muy malas estadísticas» para la ciudad y que, lejos de transparentar los números, el municipio decidió restringir el acceso a los datos. «Prácticamente no tenemos respuesta. Desde el año pasado, cuando se registró un pico importante entre mayo y junio, se optó directamente por no brindar información», explicó, y definió esa conducta como «la típica de siempre».
El referente precisó que la restricción de datos comenzó a mediados de 2025, cuando las cifras que manejaban las ONG diferían de las oficiales: «Pregunté y la respuesta fue clara: tenemos órdenes de no brindar cifras», afirmó. En contraste, recordó que durante la gestión anterior existía un trabajo coordinado: «En la época de Arroyo y del Observatorio Vial teníamos una conexión bárbara y prácticamente no había diferencias, porque nos compartíamos los datos».
Para Blasi, el cambio de actitud se profundizó con la actual gestión municipal. «Pareciera que se deslindan de la seguridad vial o que les molesta que alguien lleve la estadística», sostuvo, y advirtió que la falta de información impide dimensionar la gravedad real del problema y diseñar políticas públicas efectivas.
El dirigente también apuntó contra la ausencia de controles en la vía pública: «No hay controles de alcoholemia, no hay personal de tránsito en las calles, no hay grúas», enumeró, y describió un escenario de abandono: «De un tiempo a esta parte la ciudad está abandonada. El Departamento de Tránsito está explotado y esas camionetas que vemos no están cumpliendo un rol real de inspección».
Según explicó, gran parte del personal es utilizado para tareas accesorias y no para el control vial: «Se los ocupa en cortes por obras privadas o descargas de materiales, pero esquemas de control no hay». Y agregó: «Siempre tenemos el síndrome de la frazada corta, pero hoy directamente no hay frazada».
En plena temporada alta, Blasi expresó su preocupación por la falta de un plan claro: «No sabemos qué clase de trabajo está haciendo el Departamento de Tránsito», señaló, y advirtió que los pocos operativos existentes se concentran en zonas puntuales, como la salida de boliches del sur de la ciudad.
Finalmente, el referente de la ONG lamentó que los anuncios en materia de infraestructura y seguridad vial «no se concreten» y concluyó con una advertencia: «Mientras se minimiza el problema y se ocultan los datos, la siniestralidad sigue creciendo y las víctimas siguen siendo las mismas: los vecinos de Mar del Plata».
Faltando a la palabra
Muchos de nuestros lectores recordarán que, en su primera campaña para conseguir el cargo de intendente de nuestra ciudad, Guillermo Montenegro firmó un compromiso en el que manifestó su intención de no permitir que las aplicaciones de transporte puedan funcionar en nuestra ciudad. Como casi todo lo que prometió «el Guille» en su momento, esto también quedó en la nada.
El secretario adjunto de la Federación Nacional de Conductores de Taxi de Mar del Plata, Darío López, advirtió en la FM 99.9 sobre una temporada «de regular para abajo», denunció la falta de controles municipales frente a las plataformas ilegales y reclamó una mesa de trabajo para ordenar el transporte público de pasajeros.
«La temporada es de regular para abajo, realmente teníamos otra expectativa», señaló López, y explicó que desde la calle se percibe una caída sostenida: «Se va cayendo día a día, la gente se va y no vuelve a entrar a la ciudad».
Según él, la situación responde también a un cambio en la modalidad turística: «Las vacaciones ahora son de dos o tres días: vienen el viernes y se van el domingo. Es la realidad que nos toca vivir», indicó, al tiempo que recordó que «Mar del Plata siempre se caracterizó por tener un turismo de trabajadores». Aun así, advirtió que el impacto no es parejo en toda la ciudad: «Hay lugares que están llenos y otros donde se siente y se ve la baja».
En ese contexto, expresó su preocupación por el arrastre de un invierno «muy cruel y muy duro» para el sector y puso las expectativas en lo que resta del verano: «Ojalá que en la segunda quincena venga gente, porque la verdad lo necesitamos».
Más allá de la coyuntura turística, López volvió a cargar con dureza contra la gestión municipal y la falta de respuestas a los reclamos históricos del sector. «Después de haber tenido un intendente como Arroyo, que defendió el trabajo regularizado, pasamos a un extremo opuesto con Guillermo Montenegro, que firmó un acuerdo con todas las entidades y no lo cumplió», sostuvo. Y agregó: «Hoy nos encontramos con una municipalidad con doble comando: Montenegro de un lado y Agustín Neme del otro».
El dirigente denunció que, pese a las reiteradas notas y pedidos de audiencia, «no nos reciben para armar una mesa de trabajo». «Es muy difícil trabajar y competir con la ilegalidad. Nosotros tenemos que pagar un montón de cosas y cumplir con la ordenanza 4471 que regula el transporte público de pasajeros», explicó. En contraposición, señaló que «hay una empresa que no tributa en la Argentina y viene a destruir el mercado y a precarizar nuestro trabajo».
López fue contundente al describir el escenario local: «En Mar del Plata se hizo moneda corriente que el que está dentro de la ley paga todo y el que está fuera de la ley no paga nada y puede trabajar libremente». Y comparó la situación con otros rubros: «Es como tener un negocio habilitado y que haya un mantero en la puerta; obviamente el precio termina siendo distinto».
Sobre el funcionamiento de las plataformas, advirtió que «la política de Uber es la rotación: entra gente que se queda sin trabajo, hace viajes muy baratos o muy caros, rompe el auto y se cae del sistema; después entra otro». Para López, ese esquema precariza el empleo y genera una competencia imposible: «Nosotros no nos negamos a una mesa de trabajo, pero si el poder político no nos recibe ni nos quiere escuchar, entendemos que estas plataformas ilegales compraron voluntades», afirmó.
El dirigente detalló además la magnitud del sistema legal hoy afectado: «En Mar del Plata somos 2.147 taxis, 715 remises y 280 rurales, y estamos trabajando apenas al 50%. El otro 50% dejó el auto en la casa y no sale a trabajar, algo realmente muy triste». En ese marco, reclamó que el municipio informe cuántas licencias están inactivas: «Nosotros somos permisionarios, no dueños; el dueño de la licencia es el municipio y tiene que dar ese informe».
López también cuestionó la falta de controles locales y destacó la intervención provincial: «Los únicos controles que tuvimos fueron gracias al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. En menos de 30 minutos se detectaron 24 vehículos ilegales». Sin embargo, advirtió que sin continuidad «no sirve», y denunció una doble vara: «A nosotros nos multan por llevar un balde en el baúl con 300 mil pesos, mientras dejan trabajar libremente autos ilegales en las paradas».
Finalmente, insistió en la necesidad de ordenar el sistema: «Nosotros no competimos con plataformas ilegales, las combatimos mientras exista una ordenanza que regula el transporte». Y concluyó con un reclamo directo a las autoridades: «No queremos ser la contención social del desempleo; queremos una ciudad ordenada. El vale todo no sirve y no da un buen ejemplo de lo que está pasando hoy en Mar del Plata».