A doce meses del asesinato de los dos menores, el abogado Carlos Dieguez apuntó contra la falta de investigación fiscal, reveló las pocas hipótesis que siguen en pie y advirtió sobre el entramado de droga, violencia y connivencia estatal en Florencio Varela.
A un año del asesinato de Paloma y Josué, el abogado Carlos Dieguez describió un escenario de profunda desidia judicial y ausencia de avances sustanciales en la causa. En diálogo con la FM 99.9, el letrado aseguró que desde el inicio existió una falta de voluntad para investigar y que hoy la causa depende casi exclusivamente de una pericia de cibercrimen de la Policía Federal que aún no arrojó resultados.
“Hubo mucha desidia judicial desde el principio, con un fiscal que no quiso investigar ni profundizar”, sostuvo Dieguez, quien aclaró que actualmente representa únicamente a la familia Salvatierra, correspondiente a Josué, de 14 años. Según explicó, todas las líneas iniciales de investigación ya fueron agotadas, incluyendo la hipótesis que involucraba a dos jóvenes en situación de calle, quienes finalmente quedaron descartados tras declaraciones testimoniales que justificaron sus movimientos el día del hecho.
En ese contexto, el abogado señaló que la única línea que permanece abierta es la intrafamiliar, a partir de una declaración realizada a fines de noviembre por el comisario inspector Barrios, ex titular de la comisaría cuarta de Florencio Varela. Esa exposición aportó datos sensibles vinculados al padre de Paloma y abrió una nueva vía investigativa que aún depende de pruebas técnicas clave. Entre ellas, dos discos rígidos que habrían sido descartados por el padre de la menor y que lograron ser recuperados, además de un teléfono celular utilizado por la niña días antes de su muerte.
Dieguez también desmintió versiones periodísticas que indicaban una unificación de la representación legal de ambas familias. Aclaró que esa confusión surgió porque los abogados de la madre y el padre de Paloma decidieron trabajar en conjunto, mientras que él continúa representando únicamente a la familia del niño.
El letrado encuadró el doble crimen dentro de un contexto de extrema violencia que atraviesa Florencio Varela, distrito cuya cabecera judicial es Quilmes. “Esto se ha convertido en tierra de nadie”, afirmó, al enumerar otros hechos graves ocurridos en la zona, como el triple crimen de jóvenes, una entradera fatal contra un hombre de 84 años de la colectividad japonesa y asesinatos ligados a informantes de la policía bonaerense.
Consultado sobre una de las hipótesis más sensibles, Dieguez sostuvo que desde el inicio consideró posible que los chicos hayan visto algo que no debían ver. “A 60 metros del lugar donde aparecieron los cuerpos hay una banda que vende droga hace 21 años. Dos décadas en el mismo lugar”, remarcó. Según relató, durante relevamientos realizados con peritos de parte, los vecinos reconocían abiertamente los puntos de venta de estupefacientes, aunque con miedo evidente.
En ese marco, el abogado cuestionó duramente el rol del municipio y de la llamada guardia comunal, a la que definió como una “pantalla” sin potestad ni capacidad real de prevención. Indicó que esas patrullas custodiaban zonas donde históricamente operaba el narcomenudeo, incluso en áreas vinculadas a otros crímenes resonantes.
“La saña con la que fueron asesinados los chicos no es casual. Esto no fue un hecho al pasar”, concluyó Dieguez, quien insistió en que sin una investigación profunda y sin voluntad política y judicial, el doble crimen corre el riesgo de quedar impune.