Mientras la política discute, encerrada en su burbuja de cristal, la teoría al respecto de la baja de la imputabilidad, los ciudadanos de a pie viven una realidad distinta: la calle se ha convertido en un territorio hostil, dominado por los delincuentes.
«La banda del Uber» es como se autodenominó un grupo de trabajadores de aplicaciones que fueron a un descampado en la zona norte de la ciudad a recuperar un auto robado, repitiendo el modus operandi de los trabajadores de delivery que, de esta misma forma, han recuperado ya más de una moto robada. Ante un Estado que no responde, los ciudadanos deciden actuar, generando situaciones gravísimas que en cualquier momento van a terminar provocando una desgracia. Pero nadie parece reaccionar.
Balas de salva
En una entrevista para la FM 99.9, el fiscal de menores Walter Martínez Soto se refirió al caso del adolescente de 13 años acusado como autor material de un violento asalto, una causa que volvió a poner en el centro del debate el rol de los adultos que rodean a los menores involucrados en delitos y las limitaciones del sistema penal para dar respuestas de fondo.
El fiscal explicó que, en este expediente, la investigación apuntó a desarticular una banda integrada principalmente por menores, mientras que los mayores de edad quedaron imputados por encubrimiento. En ese marco, señaló que, si bien no se dictaron medidas restrictivas de libertad para los adultos, eso no implica el cierre de la causa. «La notificación de la formación de causa no significa que el expediente quede archivado. Tendrá un trámite distinto, más lento, pero la intención es dar una respuesta cabal», afirmó.
Martínez Soto sostuvo que desde algunas fiscalías se viene adoptando una política criminal que busca visibilizar la responsabilidad de los adultos que se benefician o participan indirectamente de delitos cometidos por menores. «No puede pasar desapercibido que los mayores usufructúan elementos provenientes de un delito. No es gracioso ni inocuo participar, aunque sea de manera indirecta», remarcó, aunque reconoció las dificultades para sostener detenciones en este tipo de casos.
Consultado sobre el contexto en el que se producen estos hechos, el fiscal advirtió que no se trata de episodios aislados y que el trabajo cotidiano del fuero se ve cada vez más complejizado. En ese sentido, alertó sobre el rol de las redes sociales y los grupos de mensajería como espacios donde los delitos se exhiben y se replican con una velocidad superior a la de las agencias estatales. «Muchas veces es la propia víctima la que aporta datos a partir de lo que circula en redes. Los chicos se sacan fotos, muestran el ‘trofeo’ y eso se convierte en material de investigación», explicó.
Martínez Soto también fue crítico con los planteos que reducen el problema a la baja de la edad de imputabilidad. «Si hoy no nos da respuesta investigar hasta los 16 años, ¿qué va a pasar bajando a 14? ¿Hasta cuándo vamos a seguir bajando la edad?», se preguntó. Para el fiscal, sin políticas de educación e inclusión, cualquier reforma penal será insuficiente. «No podemos construir futuro solo con cárceles. Hay que construir ciudadanía», afirmó.
En ese marco, advirtió que el panorama es preocupante: «El 99% de los menores que llegan al sistema penal tienen serios problemas de consumo problemático de sustancias, y a partir de ahí la vinculación con el delito es casi inmediata». A eso se suma, señaló, la falta de oportunidades laborales reales y la creciente naturalización de la violencia: «Nos llena de horror ver el nivel de violencia y la falta total de interés por vivir en sociedad», sostuvo.
Finalmente, el fiscal fue especialmente crítico con el funcionamiento del Estado y las estructuras de investigación: «No hay un verdadero interés en ir al fondo del problema. Se le da publicidad a ciertos hechos para mostrar que se hace algo, pero no se ataca la criminalidad organizada», afirmó. Y concluyó: «La justicia trabaja con causas ínfimas frente a lo que pasa en la realidad. Esa distancia explica el enojo permanente de la gente y el reclamo constante de justicia».
Mano propia
El secretario general del Sindicato de Conductores de Motos Mensajeras y Servicios (SICAMM), Alan Veltri, en diálogo con la FM 99.9 se refirió al episodio en el que un grupo de repartidores recuperó una moto robada sin esperar la intervención policial: «La moto es fundamental para nosotros. Si no la recuperan, no pueden trabajar. Por eso los chicos no esperan, porque sienten que no hay una respuesta inmediata», señaló.
Según explicó, muchos trabajadores invierten en sistemas de rastreo satelital para poder localizar sus vehículos, aún cuando se trata de un gasto elevado. «Mantener un rastreador es caro, pero es la única forma de saber dónde está la moto. Ante la deficiencia de respuesta policial, los chicos reaccionan desde la impotencia», afirmó, aunque reconoció que conocen perfectamente los riesgos que implica exponerse de esa manera.
Veltri también se refirió al estado de salud de Joana, la joven repartidora que fue víctima de un violento hecho. «Está bien, recuperándose de a poco, con acompañamiento médico y psicológico. Es una chica joven y fuerte, pero de un día para el otro le cambió la vida y eso es muy duro», expresó. En ese sentido, remarcó la importancia de la contención familiar y social en estos casos.
Desde el sindicato, volvieron a reclamar mayor protección y respuestas concretas del Estado. «No pedimos un patrullero detrás de cada moto, pero sí una respuesta automática. Si una moto tiene GPS, la recuperación debería ser inmediata y hacerse con la Policía y la empresa, no por los propios trabajadores», sostuvo.
Por otra parte, Veltri destacó el perfil de quienes se desempeñan como repartidores, especialmente los que trabajan en bicicleta. «Son personas honestas, que buscan llevar un mango a su casa. Muchos arrancan en bici por falta de trabajo y con esfuerzo logran progresar», indicó, y recordó el caso de Joana, que comenzó repartiendo en bicicleta durante la pandemia hasta poder comprarse su moto.
Finalmente, remarcó que los ciclistas son el eslabón más desprotegido del sistema. «Son los que más riesgos corren. Desde SICAMM tratamos de acompañarlos, mejorar su calidad de vida y darles beneficios que alivien un poco la precariedad del día a día», concluyó.
Casta impune
La fundadora de Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest, cuestionó en la FM 99.9 a la jueza Nora Graciela Villegas, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal de Villa Mercedes, San Luis, por haber otorgado la libertad condicional a Diego Armando Ponce, condenado a prisión perpetua por un femicidio cometido en 2002, quien apenas tres meses después atacó a puñaladas a una niña de 10 años: «La cantidad de errores que perpetuó esta jueza es inadmisible», afirmó, y enumeró: «negligencia como funcionaria pública, arbitrariedad y violación de los derechos humanos de las víctimas, sin perspectiva de género».
«¿Cómo se puede liberar a una persona de la cual no se tiene absoluta certeza de que no va a reincidir?», se preguntó, y remarcó que «una responsabilidad clara le cabe a la jueza». Para Cohen Agrest, el caso no es un hecho aislado, sino parte de una matriz que se repite: «Es una seguidilla de niños indefensos que terminan siendo sacrificados en nombre de ideales supuestamente buenistas, pero que terminan matando inocentes», advirtió.
La referente de Usina de Justicia también puso el foco en otras decisiones de Villegas que, según señaló, agravan aún más su desempeño. «Concedió al menos once permisos extraordinarios a internos con condenas firmes por delitos violentos, implicando traslados de más de 700 kilómetros, con enormes costos logísticos afrontados por el Estado», indicó, subrayando la frivolidad con la que se otorgan beneficios penitenciarios.
Desde el punto de vista jurídico, Cohen Agrest fue categórica al señalar que la magistrada se apartó de normas básicas: «Omitió evaluar la reinserción social, el riesgo de reincidencia y violó la ley 27.372, la ley de víctimas, que ordena que las víctimas sean informadas y escuchadas antes de otorgar una liberación», explicó. Además, sostuvo que también se ignoraron estándares de la Corte Suprema, la Convención de los Derechos del Niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Un médico comete un error y enfrenta un juicio por mala praxis. ¿Por qué un juez no?», planteó, y definió el accionar judicial como un verdadero caso de mala praxis institucional. En ese marco, confirmó que Usina de Justicia impulsa un pedido de destitución contra Villegas, aunque denunció trabas burocráticas. «Nos dijeron que la solicitud debe hacerla alguien con domicilio en San Luis. Por eso pedimos que algún abogado de la provincia se comunique con nosotros y nos acompañe», solicitó.
Cohen Agrest fue aún más allá y cuestionó la matriz ideológica que atraviesa al Poder Judicial. «Es una política de la impunidad, atravesada por la doctrina Zaffaroni, donde siempre se está supuestamente del lado del débil, pero ese lenguaje buenista termina matando inocentes», afirmó. Y lanzó una pregunta central: «¿De qué lado se está? ¿Del lado del laburante o del delincuente?».
En su análisis, rechazó cualquier explicación basada en la condición social del victimario. «No se trata de clases sociales. Tan pobre es el que vende empanadas en una bicicleta como aquel que lo ataca», sostuvo, reclamando un cambio profundo de enfoque. «Tenemos que cambiar la cabeza de los jueces, y para eso tienen que empezar a tener castigo. No puede ser que salgan impunes de todo», remarcó.
La dirigente también denunció el corporativismo judicial y el nepotismo: «Los jueces terminan siendo una casta privilegiada, con poderes inauditos sobre la vida y la muerte de las personas, y sin ninguna responsabilidad frente a la sociedad civil», señaló. «Cuando se intenta un jury, queda en la nada o prescribe. Yo no conozco prácticamente ninguno que haya tenido éxito».
En ese sentido, sostuvo que el problema no son sólo los criminales, sino quienes los liberan. «¿Cuántos delitos puede cometer un asesino o un violador y a cuántos puede liberar un juez?», se preguntó. «Vayamos a la fuente del mal. Hay que ir por los jueces que no cumplen con su función».
Finalmente, Cohen Agrest alertó sobre el impacto social de la impunidad. «Cuando la posibilidad de ser castigado por un delito grave es del 1%, ¿cómo sabemos si alguien es reincidente?», cuestionó, y concluyó: «Esto lo tenemos que exigir nosotros como sociedad civil. Nadie lo va a hacer por nosotros».
Una sociedad que se organiza para ir a recuperar una moto o un auto robado, está integrada por individuos que se saben desamparados. Es momento de que la política reaccione, antes de que en este caldo de cultivo tan propicio se termine gestando una desgracia.