La Justicia salteña investiga cómo seis aparatos médicos destinados a recién nacidos y pertenecientes al Hospital Público Materno Infantil terminaron instalados y en funcionamiento en otro centro de salud.
En la ciudad de Salta, seis equipos de uso clínico para pacientes neonatales pertenecientes al Hospital Público Materno Infantil estaban en pleno funcionamiento en una clínica privada. El caso despertó inquietud ante la delicada situación de los recién nacidos que dependen de estos dispositivos, mientras la Justicia decidió intervenir sin interrumpir los tratamientos en curso.
El operativo se realizó este jueves por orden de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, quien solicitó la presencia de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) en el centro de salud y en los servicios de Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatología dentro de la clínica privada, ubicada en calle Alvarado al 800, de la capital salteña.
Según reportó el Ministerio Público Fiscal de Salta, durante el registro del lugar se pudo constatar que los equipos médicos, propiedad del Hospital Público Materno Infantil (HPMI), se encontraban instalados y prestando “soporte vital a lactantes internados”. Frente a esta situación, la fiscal y la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, resolvieron no proceder al secuestro inmediato de los equipos para no poner en riesgo la vida ni la salud de los pacientes.
La intervención judicial se originó tras la denuncia presentada por el director del Hospital Público Materno Infantil, quien alertó por el presunto robo de varios equipos y otros artefactos entregados a la clínica de forma gratuita por un tiempo determinado.
La investigación permitió identificar que un médico de planta del hospital, con funciones en el área de Gestión de Neonatología, figura como socio fundador de NEOFENIX S.R.L., la empresa que presta servicios en la clínica privada donde fueron localizados los dispositivos. El objeto social de la firma incluye la realización de prácticas de neonatología y pediatría.
“El hallazgo de los dispositivos en la clínica privada motivó que la fiscal dispusiera el relevamiento, identificación y la designación de un depositario judicial, cargo que recayó en el encargado administrativo del establecimiento”, según detalló el Ministerio Público Fiscal de Salta.
Durante el procedimiento, la jueza Claudia Puertas supervisó junto a la fiscal el cumplimiento de las medidas, con el objetivo de preservar tanto la integridad de los pacientes como la cadena de custodia de los equipos. Los dispositivos permanecerán bajo custodia judicial hasta tanto avance la investigación.
La causa continúa bajo el seguimiento de la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta, mientras se analizan las responsabilidades legales y la razón por la cual los equipos se encontraban en uso dentro de la clínica privada.