La psicóloga y abogada Mariana Montalto sostuvo que el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad debe considerar la capacidad de discernimiento de los adolescentes que cometen delitos graves y cuestionó el funcionamiento de los institutos de menores y la falta de respuestas a las víctimas.

En el marco del debate nacional sobre la posible modificación de la edad de imputabilidad, la psicóloga forense y abogada Mariana Montalto aseguró que los menores que cometen delitos graves “comprenden perfectamente la criminalidad de sus actos” y advirtió que la legislación vigente genera un escenario de impunidad que, a su entender, debe ser revisado.
Desde su experiencia profesional y también personal, remarcó que quienes delinquen a temprana edad saben que no recibirán una sanción equivalente a la de un adulto. “Ellos saben perfectamente que no van a ser castigados con esta ley que está vigente”, señaló en la 99.9, y agregó que en muchos casos esa certeza influye en la reiteración de conductas delictivas.
Montalto vinculó su posicionamiento con situaciones atravesadas en su vida familiar y profesional, al indicar que el menor que asesinó a su hermano “sabía y comprendía el acto perfectamente” y que incluso llegó a jactarse de lo ocurrido. Según explicó, las pericias psicológicas confirmaron que entendía la gravedad de sus acciones, por lo que rechazó que factores como la historia familiar puedan atenuar la responsabilidad penal. “No hay ningún factor que pueda atenuarlo; distinguir el bien del mal ya lo tienen desde chicos”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que la participación de menores en delitos muchas veces responde a estructuras delictivas más amplias. “Son mandados por mayores que lo toman como un trabajo común”, expresó, al tiempo que advirtió que esa lógica refuerza la necesidad de revisar el régimen penal juvenil.
También cuestionó el funcionamiento de los institutos de menores, al considerar que no cumplen un rol real de resocialización. Recordó que uno de los condenados describía su alojamiento “como si fuera un spa”, sin manifestar arrepentimiento, y concluyó que esos espacios “no están preparados para reeducarlos y volver a insertarlos en la sociedad”. Incluso señaló que muchos jóvenes “ya están pensando dentro de la cárcel en volver a delinquir”, lo que evidencia —según su mirada— la falta de eficacia del sistema.
Por otra parte, planteó la ausencia de acompañamiento estatal a las víctimas y sus familias. “No nos ofrecieron nada”, aseguró, y relató que debieron atravesar amenazas y situaciones de desprotección tras el proceso judicial, sin contención ni asistencia posterior.
Finalmente, insistió en que la discusión sobre la edad de imputabilidad debe contemplar tanto la responsabilidad penal de los menores como la reparación hacia quienes sufren los delitos. Desde su perspectiva, el objetivo central debería ser evitar nuevas víctimas y garantizar una respuesta efectiva del sistema judicial ante hechos de extrema gravedad.