La nueva ley contempla castigar con al menos 10 años de prisión y multas de 50.000 euros o más a cualquier individuo que «con fines lucrativos o por profesión o que es miembro de una ONG».
El Parlamento griego aprobó este jueves una polémica ley que introduce penas de al menos 10 años de cárcel a miembros de ONG que faciliten la entrada ilegal de inmigrantes y limita la financiación pública de estas organizaciones.
La legislación fue aprobada con los votos de los diputados de la gobernante Nueva Democracia (ND), partido del primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, mientras que todos los partidos de oposición de izquierda votaron en contra, anunció el presidente de la Cámara tras la votación transmitida en directo en el canal del Parlamento.
La nueva ley contempla castigar con al menos 10 años de prisión y multas de 50.000 euros o más a cualquier individuo que «con fines lucrativos o por profesión o que es miembro de una ONG» facilite la entrada ilegal de inmigrantes al territorio griego.
«Si el traficante, este asesino que ha secuestrado y transportado inmigrantes, está inscrito en una ONG del registro nacional, se le impondrán sanciones más severas», señaló durante el debate previo a la votación el ministro de Migración de Grecia, Thanos Plevris.
«Alguien pagado por el ministerio para dirigir programas ministeriales tiene una mayor responsabilidad y debería contar con un marco mucho más estricto», añadió el político conservador.
La reforma prevé además que, solo con que un miembro de una ONG sea imputado —no condenado— por dicho delito, el Estado podrá sacar a la organización del Registro de ONG del Ministerio de Migración, requisito indispensable para que estos grupos de la sociedad civil puedan emprender cualquier acción en territorio heleno.
Todos los partidos opositores de izquierdas acusaron al Gobierno de implementar un dogma «ultraderechista» en cuanto a la inmigración y de «poner el blanco» en la sociedad civil que trata de ayudar a personas.
Sokratis Famelos, presidente del izquierdista Syriza, señaló que el Gobierno «sigue la política del presidente (de EEUU, Donald) Trump» en cuanto a la inmigración, «que dio rienda suelta al terror y al asesinato» en Estados Unidos.
La nueva legislación introduce además «una suerte de derecho penal de identidad», ya que la membresía en una ONG se convierte en una circunstancia agravante penal, equivalente a la comisión de un presunto delito, añadió.
Los socialdemócratas de PASOK, principal partido de oposición, acusaron al Gobierno de «legislar una amenaza de persecución» hacia las organizaciones no gubernamentales.
La nueva normativa introducirá también un límite máximo a la financiación estatal de las ONG, del 30 % del presupuesto operativo de cada organización. A ello se añade una serie de medidas para aumentar la inmigración legal de cara a la significante falta de trabajadores en el sector turístico, agrícola y de construcción.
La aprobación de esta ley tiene lugar tres semanas después de que un tribunal de la isla griega de Lesbos absolviera a 24 voluntarios y activistas de la ONG Emergency Rescue Center International (ERCI), que durante siete años habían enfrentado cargos de tráfico de personas y de formación de organización de delincuencia.