El diputado nacional Ramiro Gutiérrez respaldó la baja de la edad de imputabilidad, aunque advirtió que la iniciativa carece de un sistema integral de responsabilidad juvenil y de herramientas de prevención temprana.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez, integrante del Frente Renovador, defendió su voto favorable a la reforma del régimen penal juvenil, pero señaló en la 99.9 que el proyecto aprobado presenta limitaciones estructurales que podrían afectar su aplicación. “Creemos que a partir de los 14 años una persona comprende la criminalidad del acto y debe haber consecuencias, aunque con un tratamiento diferencial”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que su espacio político acompañó históricamente una modificación del sistema, trabajada junto a asociaciones de víctimas de distintas ciudades, aunque remarcó que la propuesta del Ejecutivo resulta incompleta. “Es una simple modificación a una vieja ley de menores y no establece un sistema. Después se necesita un fiscal del joven, un defensor, un juez de responsabilidad, un juez de garantías y un esquema claro de ejecución de la pena. Todo eso no está en el proyecto y es una pena”, afirmó, al tiempo que indicó que presentaron una alternativa de 60 artículos para complementar la iniciativa.
Gutiérrez consideró que la normativa vigente a nivel nacional ya era deficitaria y condicionaba a las provincias, por lo que la reforma era necesaria, aunque insuficiente. “Va a cambiar la ventana a partir de la cual una persona puede ser responsabilizada por un delito, pero nos quedó sabor a poco”, resumió.
El legislador también planteó que la discusión no debe limitarse a la edad de imputabilidad, sino incorporar políticas de prevención e intervención temprana. “No es una sola ley, eran dos: faltó una norma que mejore las condiciones para evitar que alguien termine en tribunales y que del otro lado haya una víctima. Cuando llegamos a ese momento, las cosas ya fracasaron”, advirtió.
En esa línea, subrayó el rol de los gobiernos locales y la necesidad de recursos estatales para detectar situaciones de riesgo en la infancia y la adolescencia. “Tiene que haber asistentes sociales que identifiquen estos problemas antes. Si no se interviene a tiempo, el destino puede ser la captación por organizaciones criminales, la muerte en un enfrentamiento o la generación de nuevas víctimas”, señaló.
Finalmente, anticipó que el Senado probablemente convierta en ley el proyecto sin cambios sustanciales, aunque dejó abierta la posibilidad de futuras correcciones. “Hay que verla en su recorrido y, si falla, ojalá podamos corregirla en breve”, concluyó.