El presidente del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Luis Alberto Miguel, advirtió sobre la situación de la abogada argentina detenida en Río de Janeiro y cuestionó la desproporción de las sanciones y la falta de acción consular.
El presidente del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Luis Alberto Miguel, reclamó la intervención urgente de la Cancillería argentina en el caso de la letrada Agostina Páez, detenida en Río de Janeiro, al considerar que existe una respuesta desproporcionada por parte de las autoridades brasileñas y una preocupante falta de asistencia institucional.
Según explicó en la 99.9, el pedido cuenta con el acompañamiento del presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, y ya generó repercusiones tanto en el ámbito diplomático como en la orden de abogados de Río de Janeiro. “Esperamos una acción conjunta con el Estado de Río de Janeiro para garantizar que nuestra matriculada, sin dejar de estar ligada al proceso, pueda volver a su país. La está pasando mal”, sostuvo.
Miguel remarcó que la preocupación institucional no apunta a interferir en la defensa jurídica, sino a la “desproporción” entre el hecho investigado y las posibles sanciones, en un contexto de fuerte reacción social en Brasil. “La conciencia popular está tomando una suerte de vendetta o revanchismo por cómo se viralizó el caso, y ese es nuestro temor”, advirtió.
El dirigente también puso en discusión el principio de que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento cuando se trata de ciudadanos extranjeros. “En la Argentina este hecho probablemente no pasaría de una contravención. Comprendemos la historia y la sensibilidad de Brasil en materia de racismo, pero no entendemos la desproporcionalidad ni la exigencia de que un turista conozca en detalle todo el alcance de la ley penal del país que visita”, explicó.
En ese sentido, subrayó que el derecho argentino protege especialmente al consumidor extranjero por su falta de información jurídica, por lo que reclamó reciprocidad en el trato. “Si nuestras normas son protectoras de los derechos humanos y de los extranjeros, exigimos un trato equivalente en el país hermano. El Estado argentino no puede permanecer indiferente”, afirmó.
Finalmente, Miguel alertó sobre posibles derivaciones políticas y diplomáticas del caso. “Se están violentando principios protocolares y consulares, y llama la atención la inacción del Estado argentino. Ya pasó más de un mes de la detención y la situación sigue sin resolverse”, concluyó.