El ex comisario general de la Policía bonaerense Marcelo Di Pasqua cuestionó la situación salarial, la falta de cobertura de IOMA y el accionar policial durante la manifestación de retirados frente a la seccional primera de Mar del Plata. Además, anticipó una denuncia judicial contra las autoridades que intervinieron en el operativo.
El ex comisario general de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Di Pasqua, aseguró que la autoconvocatoria de efectivos retirados realizada en Mar del Plata logró visibilizar el reclamo por salarios y cobertura médica, aunque criticó con dureza la respuesta institucional y el operativo desplegado en el lugar.
Según explicó en la 99.9, “el objetivo de la autoconvocatoria era ser escuchado, y eso se logró porque fueron muchos medios locales y nacionales”, pero advirtió que la situación de los efectivos es crítica: “Un oficial que recién ingresa está por debajo de la canasta básica, entre 800 y 900 mil pesos por mes, y un comisario ronda los dos millones trabajando 12 o 14 horas diarias, con una función muy compleja”.
En ese contexto, remarcó que uno de los principales reclamos es la falta de cobertura de IOMA. “Hoy en Mar del Plata, como en toda la provincia, estamos prácticamente sin cobertura médica. No tenemos obra social ni el personal retirado ni el personal en actividad”, sostuvo. Además, señaló que los policías “son rehenes” del sistema porque no pueden cambiarse a una prepaga: “Se lo van a descontar igual y no la pueden pagar porque no comen”.
Di Pasqua también cuestionó que las autoridades no hayan recibido el petitorio presentado por los manifestantes. “Una falta de empatía total con el personal policial. La gente se manifestó pacíficamente, no hizo disturbios ni transgredió ninguna norma”, indicó. Y agregó que, a su entender, el accionar policial posterior fue injustificado: “Si uno mira el video, el que tira la primera piña es el jefe departamental. Fueron a buscar la reacción para que pase algo, algo inexplicable”.
El ex jefe policial consideró que pudo haber existido presión política ante el temor de que la protesta escalara. “Se llevaron detenidos a manifestantes para notificarlos de una causa por averiguación de ilícito, una barbaridad que no se puede creer”, afirmó, al tiempo que insistió en la “falta de empatía” hacia trabajadores que “no llegan a fin de mes y no tienen obra social”.
Además, advirtió que las condiciones materiales impactan directamente en la seguridad pública. “Si partimos de la base de que no tenemos combustible para los móviles, ya estamos en el horno. Les dan ocho litros por día para 24 horas y así no se puede recorrer la ciudad”, explicó. A esto sumó el bajo valor de las horas adicionales: “Se pagan entre 1.200 y 1.800 pesos la hora. No gana nadie eso en el país; es una aberración”.
Finalmente, confirmó que avanzará con una presentación judicial contra los jefes policiales que intervinieron en el operativo. “Voy a hacer una denuncia en la Fiscalía General porque lo que hicieron es totalmente ilegal. La gente estaba ejerciendo un derecho constitucional, manifestándose pacíficamente y reclamando salud”, concluyó.