El CEO de Lisicki, Litvin & Asociados celebró el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata que declaró inconstitucional una tasa en Azul y advirtió que “se abre una nueva etapa donde los municipios no van a poder cobrar lo que quieran sin una prestación efectiva del servicio”.
El CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, César Litvin, destacó en la 99.9 el reciente fallo de la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata que revocó una sentencia del juzgado de Azul y declaró la inconstitucionalidad de la denominada “tasa por servicios esenciales”, al considerar que no existía una contraprestación concreta que justificara su cobro.
“En los últimos años los municipios vienen cobrando verdaderos impuestos que los disfrazan de tasas”, afirmó Litvin, y explicó que legalmente “los municipios tienen que cobrar una tasa por la retribución de un servicio específico y bien identificado”.
En el caso de Azul, el intendente había comenzado a cobrar “una tasa de un litro de gasoil por hectárea por mes y dos litros por los frentistas urbanos” bajo el argumento de financiar “servicios esenciales”. Sin embargo, según detalló el tributarista, “no estaban identificados cuáles eran esos servicios esenciales”.
En primera instancia, el juez había fijado un tope del 50%, pero la Cámara marplatense fue más allá. “Estableció que es totalmente inconstitucional porque no hay una prestación efectiva del servicio por el cual se intenta cobrar esta tasa”, subrayó.
Para Litvin, este caso es apenas un ejemplo de una práctica extendida. “Hay muchísimos más ejemplos. La tasa de seguridad e higiene que se cobra en función de ventas es un disparate total, porque la prestación del servicio tiene que estar vinculada con el costo prestacional”, sostuvo.
Y enumeró situaciones concretas: “Morón está cobrando un 6% a los hipermercados, Pilar el 4,5% y además Pilar estableció una tasa ambiental que pasó de ser un monto fijo a un 2% sobre ventas. Se produce una superposición de impuestos que todo afecta al bolsillo del consumidor, porque son todos impuestos trasladables”.
En ese sentido, consideró que el fallo marca un punto de inflexión. “Se abre una nueva etapa donde los municipios no van a poder cobrar lo que quieran cobrar sin una rendición de cuentas concreta sobre la prestación del servicio”, afirmó.
Consultado por la tasa vial que se aplica en distintos distritos —incluido General Pueyrredon—, Litvin fue claro: “Desde mi punto de vista, no correspondería aplicar esta tasa también, porque no se evidencia una contraprestación efectiva del servicio”.
Explicó que el esquema implica que “el que va a cargar nafta tiene que pagar esa tasa vial”, lo que encarece el combustible en cada municipio que la aplica. “Uno va por la Panamericana, carga nafta en la colectora y el municipio se queda con dinero por la tasa vial, aunque esa persona esté de paso”, ejemplificó.
Para el especialista, el debate excede a un municipio en particular y apunta al uso del dinero público. “Se viene una etapa donde los contribuyentes se van a volver más exigentes, no solamente con los municipios, sino también con los gobernadores y con la Nación”, anticipó.
En ese marco, destacó la implementación a nivel nacional del régimen de Transparencia Fiscal aprobado en 2024, que obliga a discriminar en facturas y tickets la incidencia de los impuestos nacionales. “Invita a provincias y municipios a hacer lo mismo, pero prácticamente no lo están haciendo. Muy pocas provincias adhirieron y ningún municipio lo hizo”, señaló.
Según Litvin, si se avanzara en ese camino, “cada contribuyente podría saber cuánto se lleva el municipio, cuánto la provincia y cuánto la Nación cada vez que consume algo”.
“Siempre que hay gasto público alguien lo paga, y muchas veces no se ve la incidencia que tienen todos los tributos en lo que consume cada uno”, remarcó, y advirtió que la carga impositiva total “es asfixiante”.
Finalmente, insistió en la necesidad de mayor transparencia: “Si se está usando el dinero público, que se pueda mostrar adecuadamente el uso de ese dinero”.