La codirectora del programa “Gestión y Organización Judicial” del INECIP, Aldana Romano, cuestionó el uso extendido de audiencias virtuales y sostuvo que “eso definitivamente no es un juicio”. Alertó por la falta de continuidad, el debilitamiento del control ciudadano y la afectación de derechos de víctimas e imputados.
La campaña “Basta de justicia por Zoom” fue lanzada por el INECIP con un objetivo claro: poner en debate el uso abusivo de la virtualidad en los procesos judiciales, especialmente en los juicios orales y públicos. En diálogo con la 99.9, Aldana Romano, codirectora del programa “Gestión y Organización Judicial” de la entidad, fue contundente: “Eso definitivamente no es un juicio”.
Romano explicó que si se le pregunta a cualquier ciudadano cómo imagina un juicio oral, “no va a imaginar nunca una pantallita de Zoom con cada recuadro, donde no sabemos quién es quién”. Y agregó: “Uno no puede identificar quiénes son los jueces y juezas del juicio, quiénes son los imputados o imputadas, quiénes son los testigos o los abogados”.
Para la especialista, el problema central es que la virtualidad “rompe con la lógica de un debate oral que se necesita en la sala de audiencia”. Lejos de ser un detalle formal, sostuvo que “la sala de audiencia no es un capricho”, sino “el espacio solemne en el que se administra justicia”, especialmente en materia penal, donde se resuelven “los conflictos más serios y más graves que tenemos como sociedad”.
En ese sentido, remarcó que un juicio oral debe transmitir legitimidad social: “¿Quién es el que nos va a transmitir a la sociedad que la decisión es legítima? ¿Que está prestando atención a lo que está pasando? ¿Que puede controlar el cumplimiento de las garantías procesales y respetar los derechos de las víctimas?”. A su entender, el formato virtual dificulta esa percepción y ese control efectivo.
Otro de los puntos críticos es la falta de continuidad. “Los juicios orales necesitan concentración. Esto de tener audiencias una vez por semana o cada tanto no responde a las exigencias de nuestra Constitución cuando proyecta un juicio oral y público”, afirmó.
Como contraste, mencionó la experiencia de los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones, donde los debates se concentran en tres, cuatro o cinco días consecutivos. “Allí la sociedad puede asistir como público, observar todo lo que sucede y entender por qué se tomó una decisión y no otra”, explicó.
La preocupación, sin embargo, no se limita al ámbito federal. Romano advirtió que en distintas provincias “bajo argumentos a veces irrisorios”, los tribunales están decidiendo “per se hacer un abuso de la virtualidad”, muchas veces amparándose en “los recovecos que las normas post pandemia han dejado a disposición”.
Según indicó, también existe una falta de control por parte de los tribunales superiores respecto de cómo se están llevando adelante las audiencias. Y señaló situaciones que calificó como “grotescas”: “Nos están llegando casos de querellas y víctimas sentadas en la sala de audiencia junto con el público, y jueces, juezas o imputados vía Zoom. Es difícil explicar cómo estamos respetando los derechos de las víctimas de esa manera, sobre todo en casos dramáticos como violencias sexuales u homicidios muy serios”.
Romano reconoció que la responsabilidad no recae únicamente en los magistrados. “Muchas veces son las propias partes las que no están colaborando para que la audiencia sea presencial”, indicó, aunque subrayó que existe “una responsabilidad compartida” y que muchos operadores judiciales están “escandalizados con lo que está pasando”.
Desde el INECIP —una organización con más de 35 años de trabajo en el país— buscan promover un debate profundo. “¿La virtualidad en las audiencias tiene que ser una excepción? Sí, puede haber audiencias virtuales en algunos casos. Nadie está diciendo que la tecnología no pueda colaborar para hacer una justicia más eficiente y oportuna. Lo que estamos diciendo es que no podemos abusar de eso de ninguna manera”, enfatizó.
Para Romano, el riesgo es claro: “En este país las excepciones se terminan convirtiendo en regla y de esa manera deslegitimamos la administración de justicia”. Y concluyó con una pregunta que atraviesa el sentido de la campaña: “¿Qué nivel de confianza puede tener la sociedad en una decisión que se toma vía Zoom? ¿Cuánta atención prestamos cuando estamos en un Zoom? ¿La misma que en una reunión presencial? ¿Podemos mirar a los ojos?”.