El voto afirmativo a libro cerrado de la bancada oficialista para aprobar el presupuesto de este año marca un punto de no retorno en vista a las elecciones del año próximo.
Esto es así porque todos —los que aún se viste de amarillo, los travestidos de violeta y la UCR— votaron un presupuesto que va a pegar mal en el bolsillo de los marplatenses.
Esta dualidad que vivimos, en la que hay dos intendentes —uno de licencia, y un sustituto que no sabe, no puede o no quiere ejercer el poder— es ya motivo tanto de risa como de ira en los más diversos ámbitos de la ciudad. No es menor que esta semana se haya conocido un fallo del Contencioso Administrativo que determinó que la comuna debe pagar una cifra millonaria por una manzana triangular ubicada en la costa, en la zona de Playa Chica. ¿Por qué no es menor? Porque a los funcionarios, durante estos seis años, se les dijo una y otra vez que firmaran no más, porque el gobierno de Guillermo Montenegro gozaba de protección judicial.
Es evidente a esta altura que hay algo que no está alineado con esa afirmación y ya es brutal el silencio que impera en relación a cuál será la suerte judicial tanto del secretario de Legal, Técnica y Hacienda como del presidente del EMDER en el marco de la causa que lleva adelante el juez Armella al respecto de la concesión, a Minella Stadium SA, del mundialista y el polideportivo. Si uno se guía por las caras que ponen los funcionarios en cuestión, éstas no auguran para nada algo bueno.
En lo votado de manera irresponsable por la mayoría del HCD, por ejemplo, se mantiene la tasa sobre combustibles a pesar de que ésta es, a todas luces, inconstitucional. También, se deriva el cobro de la tasa de alumbrado público a la boleta del servicio de energía eléctrica por parte de EDEA.
Y la votación es claramente irresponsable porque, según se señaló en la FM 99.9 —el único medio que informó al respecto— el mismo Contencioso Administrativo que se va a definir al respecto de la tasa de combustibles que impera en General Pueyrredon, ya lo hizo al respecto de una tasa sobre el gasoil que se aplicaba en Azul, a la cual declaró inconstitucional.
En la 99.9, el CEO de Lisiki, Litvin & Asociados habló al respecto y señaló: «En los últimos años los municipios vienen cobrando verdaderos impuestos que los disfrazan de tasas», y explicó que legalmente «los municipios tienen que cobrar una tasa por la retribución de un servicio específico y bien identificado».
En el caso de Azul, el intendente había comenzado a cobrar «una tasa de un litro de gasoil por hectárea por mes y dos litros por los frentistas urbanos» bajo el argumento de financiar «servicios esenciales». Sin embargo, según detalló el tributarista, «no estaban identificados cuáles eran esos servicios esenciales». Esto debería ser un toque de diana para un presupuesto que revela el grado de deterioro de las finanzas publicas de Mar del Plata.
Encima, sobre este escenario sin poder político, se da el retiro del apoyo silencioso de Ladrey, que prepara una amplia batería de exposiciones de datos negativos —muchos de ellos, de fuerte contenido impropio—, ya en campaña para posicionar a Scioli como el candidato que pretende ser la continuidad de esta alianza que votó este presupuesto y que la va a tener muy difícil el año próximo.
El que quiera oír, que oiga.