Los acuerdos de Argentina y Brasil al respecto de la doble ciudadanía para los descendientes de italianos hasta el tercer grado de parentesco están llegando a su fin con la nueva ley impulsada por Giorgia Meloni, que viene a terminar con la desnaturalización de las normas hasta ahora vigentes.
Según se ha publicado en diversos medios, incluido CNN, el jueves pasado, el Tribunal Constitucional de Italia dictaminó a favor del Gobierno y de su controvertida ley de 2025 que restringe la ciudadanía a quienes han nacido en el extranjero. La ley, promulgada en marzo pasado mediante decreto de urgencia, había sido impugnada por cuatro jueces que cuestionaron su constitucionalidad.
Tras la primera de las cuatro audiencias celebradas el miércoles, un comunicado emitido por el tribunal indica que respaldará la postura del gobierno: «El Tribunal Constitucional ha declarado parcialmente infundadas e inadmisibles las cuestiones de legitimidad constitucional planteadas por el tribunal de Turín», anunció el tribunal. Se espera que publique un veredicto detallado en las próximas semanas.
Este anuncio supondrá un duro golpe para quienes creían que el tribunal defendería los 160 años de historia de la ciudadanía italiana por descendencia, o ius sanguinis. «Fue una intervención extremadamente clara y severa, por lo que tenía la esperanza de que se considerara una violación de algunos puntos constitucionales, pero el tribunal no lo reconoció», declaró a CNN el profesor Corrado Caruso, uno de los abogados que presentaron el caso contra la nueva ley.
Las normas de ciudadanía italianas han estado ligadas a su diáspora desde la fundación del país. «La concesión de la ciudadanía se percibía como problemática por diversas razones», afirmó Caruso, profesor de Derecho en la Universidad de Bolonia. «Había muchísimas solicitudes, los consulados no daban abasto. Existía la idea de que los descendientes tenían vínculos tenues con Italia a lo largo del tiempo. Se consideraba que no participaban en las obligaciones cívicas: no estaban en el país, no pagaban impuestos. Además, había una cuestión geopolítica. Estos ciudadanos podían viajar por todo el mundo con sus pasaportes italianos, así que quizás existía cierta presión por parte de los aliados históricos de Italia. No era optimista sobre nuestras posibilidades, porque me di cuenta de que el gobierno y sus abogados tenían una opinión muy firme sobre esta reforma. Era un asunto políticamente trascendental. Había intereses en juego», aseguró.
La ciudadanía por descendencia no siempre ha sido tan impopular: en los Juegos Olímpicos de Tokio, el 12% del equipo nacional italiano había nacido en el extranjero, incluyendo a diez atletas originarios de Estados Unidos. Y, tres meses antes de la entrada en vigor del nuevo decreto, el presidente Javier Gerardo Milei —aliado de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni— obtuvo la ciudadanía por descendencia durante una visita de Estado a Italia.
Al parecer, esta curiosa ficción de ciudadanía está llegando a su fin.