El ex secretario de Educación de General Pueyrredón, Luis Distefano, criticó la falta de coordinación en la decisión de suspender clases y advirtió sobre el incumplimiento de normativas vigentes y protocolos establecidos.
El ex secretario de Educación del Municipio de General Pueyrredón, Luis Distefano, cuestionó con dureza la forma en que se resolvió la reciente suspensión de clases en la ciudad, al señalar que no se respetaron ni los protocolos existentes ni las normativas provinciales que regulan este tipo de decisiones.
“Nosotros en 2018 hicimos un protocolo justamente para evitar estas situaciones”, recordó en diálogo con la 99.9, al detallar que el mismo fue elaborado en conjunto con múltiples actores del sistema educativo y organismos clave. “Participaron el inspector jefe de gestión estatal, el de gestión privada, el Consejo Escolar, las cinco universidades de la ciudad, Defensa Civil y la Secretaría de Educación”, explicó.
Según indicó, el objetivo era claro: “Unificar la comunicación, establecer un acuerdo, dialogarlo, ya sea por un grupo de WhatsApp o físicamente, evaluar las indicaciones de Defensa Civil y, en caso de riesgo, suspender las clases notificando a todo el mundo para que las familias puedan prever”.
En ese sentido, remarcó que existe una normativa provincial vigente que regula estas decisiones: “Hay un decreto, el 2299, que es el Reglamento General de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, que claramente define que la suspensión de clases en el distrito la realiza el inspector jefe y/o el Consejo Escolar”. Y agregó: “El intendente tiene el peso de definir un riesgo general, pero la decisión debe hacerse en acuerdo con quienes el decreto establece como autoridad”.
Sin embargo, aseguró que nada de eso ocurrió: “Como ha pasado en otros momentos, todos nos enteramos por los medios de comunicación. Las autoridades educativas lo hacen mucho más tarde y las escuelas no mandan comunicaciones hasta que no reciben la indicación de sus inspectores”.
Distefano explicó que esta descoordinación genera un efecto en cadena: “Ningún director va a suspender clases si su superior jerárquico no se lo indica, porque así lo establece el reglamento. Entonces nadie avanza hasta que no llega la formalidad de esa información”.
Consultado sobre la vigencia del protocolo, fue claro: “Entiendo que no se derogó, no se aplicó”. Y recordó que tras su implementación en 2018, el mecanismo funcionó correctamente: “Le dimos carácter de expediente, se informó por los medios y se aplicó. Incluso tuvimos pocas suspensiones porque evaluábamos bien cada situación”.
Sin embargo, marcó un quiebre a partir de 2020: “Con el inicio de la gestión actual y el contexto del Covid, se volvió a una lógica de decisiones unilaterales. A partir de ahí nunca más se aplicó el protocolo”.
Para el ex funcionario, el problema de fondo es el desconocimiento del funcionamiento del sistema educativo: “Creo que hay desconocimiento de muchos actores de la gestión educativa municipal. Esto genera desprolijidad y después terminan responsabilizando a las escuelas, cuando en realidad no pueden actuar sin una orden formal”.
Además, advirtió sobre las consecuencias concretas de estas decisiones: “Un día menos de clase es siempre cuestionable, o al menos lamentable. Y también hay un perjuicio organizativo enorme para las familias”.
En ese sentido, insistió en la necesidad de coordinación y comunicación clara: “Puede haber una contingencia que obligue a actuar rápido, pero al menos debería existir un grupo donde estén todos los referentes del sistema educativo y acordar una decisión conjunta para bajar una sola comunicación”.
Finalmente, subrayó que el problema no es la decisión en sí, sino la forma en que se toma: “No es una cuestión de capricho. Hay un decreto que establece quién debe decidir. El intendente tiene un rol, pero las autoridades educativas son las que tienen que implementar la medida. Lo mínimo es avisar y acordar, para que después la información llegue correctamente a todas las instituciones”.