La Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la condena de más de 16.000 millones de dólares contra la Argentina por la expropiación de YPF. Sin embargo, este enorme triunfo jurídico que trae alivio al país no debe ocultar la verdadera historia de corrupción detrás de la expropiación.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó de manera completa la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, que condenaba a la República Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares —casi 18.000 con intereses— por la expropiación del 51% de las acciones de YPF ejecutada en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El tribunal determinó que los reclamos de los demandantes no se ajustan al derecho argentino y que los estatutos societarios no generan un vínculo contractual directo entre el Estado y los accionistas minoritarios. Dicho en criollo: la jueza Preska interpretó mal la ley argentina, e inventó una solución que en nuestro ordenamiento jurídico no existe.
El presidente Javier Milei celebró el resultado con cadena nacional incluida y lo calificó como «el mayor logro jurídico de la historia nacional». No le falta razón, pero hay que tener cuidado con que el exitismo no tape la historia de fondo, el enorme fraude que permitió que la familia Eskenazi se quedara con el 25% de YPF sin poner un peso y que se vaciara la empresa retirando ganancias por encima del 100%.
Tanto desde este medio, como desde la FM 99.9, este equipo periodístico ha seguido cada paso de esta historia y, a la luz de este nuevo fallo, nos parece que vale la pena hacer un poquito de historia.
El fraude más grande de la historia
En marzo de 2019, cuando el juicio en Nueva York todavía era un tema de nicho y la mayoría de los argentinos ni siquiera sabía que el país enfrentaba un reclamo de semejante magnitud, el abogado Ricardo Paz Herrera habló en la 99.9 y dijo, categóricamente: «El Fraude de YPF fue el más grande de la historia argentina en lo que tiene que ver con los montos y el daño que le hizo a la economía global».
Paz Herrera fue quien denunció públicamente el esquema por el cual el gobierno de Néstor Kirchner presionó a Repsol para que “argentinizara” YPF entregándole el 25% de las acciones a la familia Eskenazi a través del Grupo Petersen, sin que estos desembolsaran un solo centavo. La operación, montada a través de empresas constituidas en España cuyo único accionista era una sociedad australiana —que, de argentina, no tenía absolutamente nada—, permitió que se retiraran dividendos superiores al 130% de las ganancias reales de la compañía. El resultado fue el colapso de la producción de gas y petróleo, la necesidad de importar combustibles a sobreprecios demenciales y, en última instancia, el cepo cambiario que los argentinos sufrimos durante años.
Pocos meses después, en julio de 2019, la ex senadora nacional María Eugenia Estenssoro reforzó la denuncia también y advirtió sobre la necesidad de cambiar la estrategia legal del país: «Vengo advirtiendo que si no se cambiaba la estrategia, íbamos a terminar en otro juicio internacional perdido». Estenssoro explicó que el acuerdo entre los Eskenazi y Repsol era un mecanismo de vaciamiento puro: se retiraban ganancias por encima de lo que la empresa producía para pagar la «compra» que nunca fue tal. «Es tal la locura de esta maniobra que Néstor Kirchner presionó para que “argentinizaran” YPF. Se “argentinizó” con una empresa española, agregándole otra arista al fraude», denunció la periodista y legisladora.
En septiembre de 2023, la jueza Preska dictó la sentencia que condenó a la Argentina a pagar los 16.100 millones de dólares. En 2024 habilitó a Burford Capital —el bufete inglés que compró los derechos de la quiebra de Petersen para litigar— a buscar activos del Estado argentino para embargar.
En febrero de 2025, en otra entrevista para la FM 99.9, el Dr. Fernando Irazu, de la ONG Republic Action for Argentina, habló sobre su denuncia ante el juzgado de Preska pidiendo que se investigara criminalmente a Cristina Fernández y a los Eskenazi. Irazu fue categórico: «Este esquema internacional de corrupción gubernamental está siendo consumado en última instancia en la justicia norteamericana, llevándose un cheque de más de 16.000 millones que deben caer en las espaldas de todos los argentinos, sus hijos y sus nietos».
La presentación de Irazu se apoyaba en las tres denuncias previas de Elisa Carrió y en el reporte del fiscal Federici, que incluía información de los servicios de inteligencia españoles sobre el entramado societario de la familia Eskenazi en relación con los Kirchner. «No es posible que esto pase, que esto quede impune», concluyó Irazu.
En junio de 2025, la causa escaló al extremo: se ordenó que la Argentina transfiriera el 51% de las acciones de YPF al Banco de Nueva York Mellon en un plazo de apenas 14 días. Las acciones de la petrolera se desplomaron más de un 5% en horas. En julio de 2025, con la Cámara de Apelaciones empezando a intervenir para frenar las medidas más agresivas de Preska, Estenssoro declaró en la FM 99.9: «No hay que negociar con los Eskenazi, hay que juzgarlos. Compraron una deuda podrida. No eran accionistas decentes, eran estafadores con la connivencia del matrimonio Kirchner», aseveró. «Y si no los juzgamos, esta gente se recicla. Kicillof termina como presidente, Sebastián Eskenazi se convierte en un empresario respetable, y así seguimos». Estenssoro recordó que Burford compró la quiebra de las empresas Petersen sabiendo lo que compraba, que los Eskenazi retiraron más del 100% de las ganancias durante años y que el daño económico fue inconmensurable: «Terminamos importando gas y petróleo por 100.000 millones de dólares en 20 años. Los 16.000 millones que reclaman superan el valor actual de YPF, que hoy vale 12.000. Es una locura».
Que el fallo no tape el fraude
El 27 de marzo de 2026, los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson del Segundo Circuito de Nueva York hicieron lo que muchos creían imposible: revocaron de manera total la sentencia de Preska. Determinaron que la jueza había interpretado erróneamente el derecho argentino, que la solución jurídica que había diseñado no existía en nuestro ordenamiento legal y que los estatutos societarios de YPF no generaban un derecho contractual directo a favor de los accionistas minoritarios. El caso vuelve ahora a primera instancia para que la propia Preska revise su decisión a la luz de lo resuelto por la Cámara.
Esta decisión se da luego de que el gobierno de Donald Trump haya intervenido como amicus curiae a favor de la Argentina junto con apoyos similares de Italia y Francia. La secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal Murphy, reconoció la importancia de ese apoyo internacional y confesó la emoción que se vivió en Casa Rosada al conocerse la noticia. Los subprocuradores del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, revelaron que el eje de la defensa fue insistir en que el remedio propuesto por Preska no existía en el derecho argentino. Y la Cámara les dio la razón.
Milei celebró el fallo con cadena nacional incluida y anunció que elevará al Congreso un proyecto para reformar la ley de expropiaciones. Pero este no puede ni debe ser el final de la historia. El fraude perpetrado por el kirchnerismo y los Eskenazi no debe quedar impune.
¿Será justicia?