La última sesión del HCD dejó enseñanzas varias. Algunas de ellas, obvias: la caída de la calidad de la representación política en la ciudad, es gravísima. Ante el flagelo de un consumo de drogas flagrante en la sociedad contemporánea, no se puede obviar su gravedad y mirar para otro lado.
Porque mirar para otro lado, es hacerle el caldo gordo al mugroso y criminal negocio del narcotráfico. Como ejemplo, en España, en el año 2007 la Dirección General de Tráfico y las fiscalías comenzaron a realizar las primera pruebas piloto y controles específicos para detectar sustancias estupefacientes en las rutas, lo que coincidió con una importante reforma del Código Penal que endureció las penas frente a los delitos contra la seguridad vial. Dichas penas y controles, se ampliaron por ley en 2010.
En cambio, en Mar del Plata, una propuesta de similar tenor impulsada por el concejal Diego García y votada tanto por el PJ, el Kicillofismo y la UCR fue aprobada con la vergonzosa oposición de LLA, el PRO y la CC. Si los mecanismos sociales funcionaran como deberían, estos ediles no podrían volver a sus bancas.
Al momento del debate, Diego García fue muy preciso en su argumentación: la cifra de fallecidos por siniestros de tránsito en la ciudad llega al escalofriante número de 71 personas. Baste decir que, en la guerra en curso entre Israel e Irán, la cifra de civiles israelíes muertos por los ataques con misiles iraníes, es de 15 personas.
La falta de narcotests en los controles lleva a que, los individuos involucrados en siniestros viales en los que hay ya sea heridos o muertos, zafen de una carga gravosa aún mayor por tener registro negativo de alcoholemia, que es lo único que se mide. Precisamente, García inició su cruzada por la aprobación de esta ordenanza luego de conocerse el caso de un conductor que, habiendo dado negativo en el control de alcoholemia, admitió estar drogado al momento del siniestro que protagonizó.
Los argumentos del oficialismo son patéticos: hablan de costos y de que estos controles no se podrán llevar adelante sin el apoyo ya sea de Provincia o de Nación. El costo de cada test, estaría cercano a los $30.000. El aparato está en el orden de los $3.500.000 y están calibrados para una variedad de drogas. Obvio que, una municipalidad desfondada como esta, se ve en serios problemas a la hora de adquirir estos elementos. No debería ser la única variable a considerar.
Lo que planteo, tal como tanto le gusta a esta desadministración (sic), es recurrir a un acuerdo público-privado. ¿Por qué no plantearles a las compañías de seguro iniciar este camino y trabajar así, entre los dos sectores, en pos del valor de la vida? Los datos siniestrales de General Pueyrredon están en niveles catastróficos. Seguramente les interesará a las compañías contribuir a bajar la siniestralidad y, por consecuencia, el costo del valor de los seguros. Quizás, valga la pena considerarlo.
Nota al pie: bien Gaby Azcoitía. Muy bien.