La conexión del escándalo de la AFA y Sur Finanzas con la larga historia del juego clandestino. Mi Saldo, Rumencó y la pata marplatense de esta saga.
El juego clandestino ha movido fortunas en nuestro país, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Después del desmantelamiento de las redes de quiniela clandestina, ese enorme negocio se movió al juego online, impulsado también por el auge de las criptomonedas. Ya sea por connivencia o por inoperancia, tanto la ley como la política siempre han corrido a estas mafias desde atrás.
Quiniela clandestina
La historia del juego y de la quiniela clandestina en nuestro país se hunde en la noche de los tiempos. Allá por 1976, el gobierno de facto de la provincia de Buenos Aires cambió la calificación legal de esta actividad, elevándola de una simple infracción a un delito. Más adelante, con el retorno de la democracia, se le volvió a bajar la consideración legal a una simple infracción, con lo que la actividad dejó de ser punible penalmente.
Durante el gobierno de Felipe Solá, provocó un gran estruendo mediático la detención de un capitalista del juego conocido como «El Lujanero», cuyo nombre real es Adrián Almaraz. En aquel momento, el gobernador de la provincia hizo de esta detención un gran panegírico político, pero aquella no sería el final de esta historia.
Pasaron los años, Almaraz quedó libre y retomó sus actividades. Pasó por debajo del radar durante años, hasta que, durante el gobierno de María Eugenia Vidal —allá por 2016, cuando Cristian Ritondo era ministro de Seguridad— la quiniela clandestina volvió a ser considerada delito.
«El Lujanero» volvió a ganar notoriedad pública de modo masivo tras una serie de megaoperativos policiales que desarticularon definitivamente la organización de a quien se lo consideraba «el zar del juego clandestino» en la provincia. Pero, para esa época, uno de sus hijos ya controlaba los resortes de la organización y había armado, por un lado una red de pasadores que se comunicaban a través de WhatsApp, y por otro un verdadero centro de cómputos en CABA, desde donde se controlaba toda la operatoria.
Mientras esto sucedía, tanto en provincia —gobernada por María Eugenia Vidal— como en CABA —gobernada por Horacio Rodríguez Larreta— se votaban las leyes que habilitaban la creación y operatoria de las plataformas de juego online. Si la idea era lograr un control férreo del dinero del juego —el cual pasaría a manos de privados, que luego tributarían al erario público— esto no se logró: tanto los avances tecnológicos como la renovación generacional, vinieron a meter la cola.
La timba vernácula
Hace poco se informaba de una serie de operativos en Rumencó cuyo objetivo era desmantelar una serie de operaciones de juego clandestino online. Y es justamente allí, alrededor de una serie de desarrollos vinculados a dicho barrio privado, en donde se han hecho fuertes dos jóvenes emprendedores alrededor de los cuales hay cada vez más ruido: Pablo Palmisciano y Catriel Taubenschlag.
Si bien Palmisciano es quien aparece con el perfil más alto vinculado a estos emprendimientos, la realidad es que su posición en la cadena trófica de esta trama es más bien baja. Lo de Taubenschlag, en cambio, es distinto: a él lo investiga el juez encarcelador serial Santiago Inchausti en su rol de creador y dueño de la empresa Mi Saldo.
Recordemos que, en el esquema que indaga en las actividades de la cúpula de la AFA, Mi Saldo es investigada para determinar si sus plataformas fueron utilizadas —con o sin conocimiento de sus dueños— para el movimiento de los cheques de Elías Piccirillo que terminaron depositados en cuentas vinculadas a la estructura de Vallejo. Elias Piccirillo es el ex de Jessica Cirio y el hermano de Juan Martin Piccirillo, quien si bien es mal citado como director o funcionario del BCRA, no deja de ser un nexo fundamental en la trama investigada.
A diferencia de Sur Finanzas, que ya cuenta con una denuncia penal directa de la DGI por una evasión de $818.000 millones, Mi Saldo, bajo la figura de Proveedor de Servicios de Pago (PSP) se encuentra enfrentando una auditoría integral por parte del BCRA. Se analiza si la empresa cumplía con la normativa de «encaje» —es decir, mantener el 100% de los fondos de los clientes en bancos— o si desviaba parte de ese flujo a las financieras de los Piccirillo. Por otro lado, la AFIP ha emitido requerimientos para justificar el crecimiento patrimonial de la empresa en los últimos dos años, coincidiendo con el periodo de mayor actividad de Elías Piccirillo en el mercado cambiario oficial y paralelo (el llamado «rulo del SIRA»).
Pero los vínculos entre Taubenschlag y Vallejo irían mucho más allá. En esta semana, sin ir más lejos, en La Nación se publica un artículo que cuenta la historia de la Ferrari que Ariel Vallejos le compró a un empresario marplatense. Lo que el medio capitalino no aclara, es que el vendedor de la unidad no es otro que Taubenschlag, quien además se anda jactando por ahí de que logró colocar el vehículo por el doble del precio por el cual lo adquirió.
La investigación alrededor de la AFA y de Sur Finanzas ha derivado en acciones que afectan de manera directa a la situación local, como es el caso de la concesión del Minella y otros aspectos que involucran a áreas críticas de la comuna de General Pueyrredón.
En el caso concreto de los casinos virtuales, la investigación a Taubenschlag se enfoca en su rol como facilitador de la capilaridad financiera, ya que se sospecha que la billetera virtual Mi Saldo funcionaba como la red de «cajeros» en la que se digitalizaba el dinero en efectivo de las apuestas ilegales, para luego ser transferido a la estructura de Sur Finanzas.
Por otro lado, los peritajes han detectado movimientos de criptomonedas vinculados a cuentas de la empresa que coinciden con los periodos de mayor actividad de los casinos virtuales en el barrio Rumencó. La justicia busca determinar si Taubenschlag era un socio directo, o si su plataforma fue «alquilada» para estas maniobras.
Catriel Taubenschlag dice que está muy tranquilo. Da a entender que goza de protección judicial. Seguramente, que sus hijos compartan colegio con el juez de la causa, nada debe tener que ver.