Guillermo Montenegro recibió una administración en impecables condiciones económicas: con todos los salarios pagos, y el medio aguinaldo ya depositado en las cuentas del BAPRO. Seis años más tarde, el descalabro es vergonzoso.
Para pintar el panorama completo, basta decir que, además de los salarios pagos, y el medio aguinaldo depositado, Guillermo Montenegro recibió también el manejo de una caja en la que estaban depositados a favor de la municipalidad nada menos que $450 millones.
¿A qué equivale esa cifra hoy, luego de lo que le hizo al peso argentino la gestión económica criminal de los Fernández y Massa? Siéntese bien: Para calcular a la equivalencia, no se puede hacer una simple suma de porcentajes, sino que se deben multiplicar los índices mensuales compuestos. De esa forma, en el período que va de abril de 2019, a abril del 2026, la inflación acumulada estimada fue del 53.900%, es decir, que los precios se multiplicaron por, aproximadamente, 540. Por lo tanto, $450.000.000 X 540, equivale a $243.000.000.000.
¿Cómo llegaron de tener ese nivel de excedente a favor, a este tremendo déficit? Es simple: dejaron de administrar el municipio. No hay una gestión para el cobro de tasas, ni de control del estacionamiento medido. Tardaron cinco años en nombrar a los jueces de faltas. El sistema, la mayor parte de los días, no funciona.
Semejante déficit no se explica sólo por el recorte de las partidas nacionales o provinciales. Hay hitos positivos, sí. Es obvio, y no se puede negar. Pero el brillo que le da a la ciudad este momento de fuerte impacto de la inversión privada no está acompañado de una actitud acorde por parte de la administración local. El desastre está a la vista, lo expone casi a diario del curul opositor Diego García que se hace eco de los cuestionamientos por parte de los vecinos de a pie de manera sistemática.
La incomprensible decisión por parte de Guillermo Montenegro, de no renunciar y pedir licencia, y la de Neme, de asumir el cargo de manera interina a pesar de estar vacío de poder, complica todo cada día más, imponiéndole a la ciudad algo así como un doble comando que nadie entiende. Ya ni los recolectores VIP hacen videos porque dan vergüenza ajena tanto el rol de guapo de los reels, Daniel Martínez, como el del vice del EMSUR Cristian Beneito, recogiendo basura. Es todo patético mal. Están para conducir el ente, no para trabajar de recolectores. Salvo que, inspirados en la historia del Chiqui Tapia, piensen que por ahí les espera un destino de grandeza.
En este escenario, en el que parece que no pueden resolver nada adecuadamente, se suma la presentación que ha hecho el curul Pablo Obeid al respecto de lo que él denomina un «oscuro acuerdo» detrás de las fotomultas. La nota al margen es que, si Obeid decidió plantarse en este tema, es porque la ruptura dentro de las tribus del PJ es total.
Recordemos que, formalmente, el acuerdo por las fotomultas es con la UNSAM. Pero, tal como lo hemos publicado reiteradamente en este medio, detrás de la fachada de la UNSAM están Secutrans SA y Tránsito Seguro SA, ambas firmas pertenecientes a Leandro Camani y señaladas como las verdaderas prestadoras del servicio. Aunque el municipio firma con la UNSAM, son estas empresas las que proveen los cinemómetros (los radares), las cámaras y el soporte técnico.
Ahora, la justicia está investigando si la UNSAM está actuando como fachada para evitar licitaciones públicas transparentes, permitiendo contrataciones directas de empresas que se quedan con una parte sustancial de la recaudación (se estima que la MGP sólo recibe apenas entre el 24 al 30% de lo recaudado).
Digan lo que digan, el tema está en manos del juez federal Juan Manuel Culotta, quien tiene elementos que vinculan a Camani con Barrionuevo y que señalan al hijo del gremialista, Alejandro, como un integrante de la firma Tránsito Seguro SA.
El pasticho que se viene con el 2027, ya está a la vista.