Marcelo De Jesús, integrante de FORES, advirtió sobre el impacto de la litigiosidad previsional en el máximo tribunal, denunció demoras sistemáticas que perjudican a jubilados y alertó por un costo millonario para el Estado.
El integrante de FORES, Marcelo De Jesús, analizó el impacto que tiene la litigiosidad previsional en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aseguró que el sistema actual “está completamente desbordado” por la cantidad de recursos impulsados principalmente por la ANSES.
En diálogo con la 99.9, explicó que el diagnóstico surge de un estudio basado en estadísticas oficiales: “Detectamos un incremento inusitado de los recursos que se presentan ante la Corte, más de 40.000, un número récord que sube 40% respecto de 2023”. Pero el dato más relevante, subrayó, es el origen de esa litigiosidad: “El Estado representa el 56% de todos esos recursos y el ANSES el 91% dentro de ese total. Es decir, más de la mitad de los recursos ante la Corte son por el ANSES”.
Para De Jesús, esto configura “una verdadera fábrica de juicios”, ya que se trata de expedientes prácticamente idénticos: “Son casos casi todos iguales. Entonces la pregunta es si realmente requieren la intervención del máximo tribunal o si es una política deliberada para trasladar costos”.
En ese sentido, señaló tres consecuencias directas del esquema actual: “Primero, se le pasan los costos al jubilado o pensionado que ve demorada la resolución. Segundo, hay una obstrucción a la Corte Suprema llenándola de casos administrativos. Y tercero, hay un costo enorme para el país”. Según precisó, entre 2020 y 2024 ese costo supera “los tres billones de pesos, unos 2.100 millones de dólares”.
Además, explicó que el problema persiste incluso cuando existe jurisprudencia consolidada: “Hay casos que ya establecieron cómo se deben liquidar las jubilaciones. Pero si ANSES sigue mal liquidando, la Corte tiene que analizar caso por caso, aunque sean iguales, y eso implica un trabajo enorme”.
Sobre el funcionamiento interno del tribunal, detalló que si bien existe un sistema de agrupamiento de causas, el proceso previo es complejo: “La Corte resuelve de a 20 casos en una sola decisión, pero antes hay que analizarlos uno por uno para ver si encajan. Eso requiere un mini ejército de personas clasificando cuestiones que en realidad son administrativas”.
Frente a este escenario, planteó la necesidad de medidas más contundentes: “La Corte Suprema está para resolver cuestiones constitucionales de trascendencia institucional, no para determinar si una liquidación da 10, 5 o 15”. Por eso, propuso alternativas como “convocar a audiencias en cada caso con la máxima autoridad de ANSES”, lo que, a su entender, generaría un efecto inmediato: “Si el titular de ANSES tiene que ir a cada audiencia, al segundo día desisten de los recursos”.
También consideró que deberían aplicarse sanciones: “No es gratis colapsar el sistema judicial”, remarcó, y advirtió sobre el impacto humano del problema: “Estamos hablando de personas mayores, muchas con problemas de salud. Algunos no llegan a ver resuelto su caso”.
De Jesús sostuvo además que el esquema responde a una lógica estructural del Estado: “Esto se podría resolver administrativamente, pero se demora para trasladar el costo al gobierno siguiente. Es una pelota que gira y todos hacen más o menos lo mismo”.
Por último, alertó sobre el pasivo acumulado: “Detectamos 62.000 recursos sin resolver entre 2020 y 2024. Aproximadamente la mitad son de ANSES, lo que implica otros 2.000 millones de dólares adicionales”. En ese marco, advirtió que el impacto total podría alcanzar cifras aún mayores y afectar seriamente las cuentas públicas.
“La solución es cerrar la canilla de juicios y establecer un plan de trabajo: cuánto se puede absorber y cómo pagar esa deuda. Hay una responsabilidad social con un sector que está en los últimos años de su vida y que ha aportado al sistema”, concluyó.